El preso mexicano Edgar Tamayo, cuya ejecución está prevista para las 18:00 hora local de este miércoles (00:00 GMT del jueves) en Texas (EE.UU.), pasa sus últimas horas de vida con visitas familiares y la compañía de consejeros espirituales.
Según el Departamento de Justicia Penal del estado de Texas, el preso estuvo en la mañana del miércoles cerca de dos horas con su padre, quien lo vio “visiblemente triste pero tranquilo”.
Tamayo, condenado por el asesinato de un policía en 1994, también tuvo la oportunidad de compartir un tiempo con sus hijas, de quienes se despidió a las 11:40 de la mañana.
Desde el mediodía el preso se encuentra ya en el cuarto denominado “la antesala de la muerte”, aledaño a la cámara donde se llevará a cabo la ejecución por inyección letal.
Hasta poco antes de la ejecución el preso podrá hablar por teléfono con su familia, y estará acompañado, además, por tres consejeros espirituales.
Según las mismas fuentes, el preso ha pedido a su familia que mantenga la calma y no asista a la ejecución.
Por parte de la víctima asistirán como testigos Gayle Gaddis, madre del policía asesinado, y dos hermanos del agente, entre otros familiares cercanos.
En las últimas 24 horas, los abogados defensores de Tamayo han visto cómo hasta tres instancias judiciales se negaban a suspender la ejecución.
Ayer fueron un juez del distrito oeste de Texas y la Junta de Perdones los que se negaron a paralizar la ejecución y a conceder clemencia al preso mexicano, mientras que hoy la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans rechazaba también el recurso presentado por la defensa del recluso.
De esta forma, la vida de Edgar Tamayo ya solo depende de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos decida si acepta o no suspender la ejecución, que ha levantado una oleada de protestas de organizaciones humanitarias e instituciones internacionales.
Incluso los gobiernos de Estados Unidos y de México han pedido a las autoridades de Texas que aplacen la ejecución para dar cumplimiento a una orden de la Corte Internacional de Justicia, que exige revisar los casos en los que un preso no haya contado con asistencia consular de su país de origen.
A pesar de ello, el gobernador de Texas, Rick Perry, ha mantenido que el preso mexicano ha tenido un “juicio justo” y está sujeto “a las leyes estatales”.
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