Amnistía Internacional advirtió este jueves sobre la “alarmante” situación que persiste en las residencias de ancianos en Madrid y Cataluña, donde miles de personas murieron durante la primera ola del coronavirus en España.
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En un contundente informe centrado en estas dos regiones, las más impactadas por el covid-19 en España, la oenegé asegura que “la inmensa mayoría” de residentes no es atendido adecuadamente y que las medidas implementadas son “tardías”, “insuficientes” e “ineficientes”.
España ha sido de los países europeos más castigados por el covid, con 1,6 millones de contagios y casi 46.000 fallecidos.
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Se estima que casi la mitad de estos decesos afectaron a residentes de geriátricos, dice Amnistía, indicando que un informe todavía no publicado por el gobierno cifraría este porcentaje “entre el 50 y el 47%”.
“La inmensa mayoría de personas mayores que vivían en residencias de Madrid y Cataluña no fueron atendidas adecuadamente, ni derivadas a hospitales cuando lo precisaban, se vieron aisladas en sus habitaciones, a veces durante semanas, sin contacto con sus familiares y algunas ni siquiera pudieron morir dignamente” durante los primeros meses de pandemia, señala la organización.
Y pese a algunas mejoras, “la situación en las residencias sigue siendo alarmante en esta segunda ola”, añadió.
Así, asegura que los protocolos que evitan derivar residentes a hospitales “no han sido aún modificados” ni se garantizan las visitas de familiares, lo que supone una “discriminación” para los ancianos.
“Una emergencia sanitaria no es excusa para no atender adecuadamente a las personas mayores. Las residencias no son aparcamientos de gente mayor”, afirmó Esteban Beltrán, director de Amnistía en España.
Citando estadísticas regionales, Amnistía asegura que entre el 8 de marzo y el 1 de mayo, 5.828 mayores murieron en residencias en Madrid (centro), un 43,46% de los decesos en ese periodo en la región.
En Cataluña (noreste), 7.045 ancianos fallecieron en geriátricos entre el 1 de marzo y el 15 de noviembre, lo que supone un 46,9% del balance total.
Amnistía asegura que “es urgente adoptar medidas” en esas dos regiones para cambiar los protocolos de derivación hospitalaria y reclama al gobierno central impulsar una ley que “garantice los derechos” de este colectivo en todo el país.
También solicita a la fiscalía “seguir de cerca la situación” e “impulsar investigaciones (...) cuando se produzcan abusos o irregularidades”.
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