En qué consiste el plan para los refugiados del gobierno británico que criticó el presentador Gary Lineker y provocó su suspensión de la BBC

“Esta es una política inconmensurablemente cruel dirigida a las personas más vulnerables en un lenguaje que no es diferente al utilizado por Alemania en los años 30″.

Este tuit del presentador deportivo estrella de la BBC Gary Lineker, en el que criticaba la nueva política de asilo del gobierno británico (propuesta cuyo destino definirá el parlamento), ha derivado en una controversia sobre imparcialidad que ha dejado al exfutbolista fuera de las pantallas.

Mira: Macron y Sunak coinciden en ayuda militar a Ucrania hasta lograr negociación

La nueva ley de inmigración que el ejecutivo de Rishi Sunak ha comenzado a tramitar en el parlamento británico busca, según el gobierno, reducir el número de migrantes que llegan de forma “ilegal” a Reino Unido. Sin embargo, ha recibido duras críticas por parte de la oposición y de organizaciones que trabajan con refugiados.

Según anunció el propio Sunak, a partir de ahora los inmigrantes “ilegales” que lleguen a Reino Unido en pequeños botes con los que cruzan el canal de la Mancha, serán detenidos y expulsados del país, bien a Ruanda o a otro país tercero considerado seguro.

Reino Unido acordó en 2022 con Ruanda un programa para enviar al país africano a los migrantes y refugiados que entraran clandestinamente en su territorio.

(Sin embargo, desde que los planes de mandar a algunos solicitantes de asilo a Ruanda se anunciaron en abril pasado, nadie ha sido enviado a ese país aún, pues la medida ha sido desafiada legalmente por grupos de derechos humanos.)

Estos migrantes que lleguen en barcos no podrán solicitar asilo y, una vez expulsados, no podrán regresar ni pedir en el futuro la nacionalidad británica.

Los migrantes tampoco podrán obtener libertad bajo fianza ni se les permitirá solicitar una revisión judicial durante los primeros 28 días de detención.

Según el primer ministro británico, la ley es “justa”, tanto para las personas que ya viven en Reino Unido como para los que “tienen un derecho legítimo a solicitar asilo”.

La expulsión podría aplazarse para los menores de edad, aquellos que médicamente sean incapaces de volar o los que estén en riesgo de sufrir violaciones graves en el país al que serían trasladados.

La legislación, que fue presentada esta semana y que ya ha empezado su tramite en la Cámara de los Comunes, se aplicará retrospectivamente a todas aquellas personas que lleguen de forma clandestina a Reino Unido desde el 7 de marzo.

El gobierno quiere que los refugiados utilicen “vías seguras y legales” para solicitar el asilo, pero también establecerá un límite para el numero de personas que asentará de esta forma.

La nueva ley se sitúa en los límites del derecho internacional, ha reconocido la ministra de Interior, Suella Braverman, pero no lo quebranta, según ha dicho.

La ley, asegura el gobierno británico, también busca romper con el modelo de las mafias de contrabandistas que facilitan estas travesías “letalmente peligrosas” y actuará “como elemento disuasorio y salvará vidas”, dijo en diciembre Braverman.

Para el líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, el plan presentado por el gobierno es “inviable”.

Más de 45.000 personas entraron por esta vía a Reino Unido en 2022, un fuerte aumento con respecto a 2018, cuando solo 300 personas cruzaron en bote la peligrosa vía marítima. Los naufragios son frecuentes y muchos han muerto ahogados.

El gobierno británico cree que el asunto de los migrantes que llegan en bote es algo que preocupa a los votantes y que será clave en las próximas elecciones, por lo que los ministros están dispuestos a probar sus límites legales para abordarlo. Fue una de las promesas centrales del mandato de Sunak.

Dentro de esta estrategia, Reino Unido ha reforzado la cooperación con Francia, desde donde parten la mayoría de las barcas con refugiados y migrantes. En una cumbre en París con el presidente francés Emmanuel Macron, Sunak anunció este viernes que Reino Unido financiará un nuevo centro de detención en la costa francesa y la contratación de 500 agentes de frontera más, todo por un valor de US$600 millones.

Para las organizaciones que trabajan con migrantes, la nueva ley dejará a miles de personas en el limbo.

“Es inviable, costosa y no va a frenar la llegada de los botes”, ha criticado Enver Solomon, director de Refugee Council, una de las ONG que han denunciado los planes del gobierno. La organización considera que la nueva norma hace añicos el compromiso de Reino Unido de brindar a los refugiados una audiencia justa, independientemente de cómo hayan llegado al territorio, de acuerdo con la Convención de la ONU.

Actualmente, los solicitantes de asilo que llegan a Reino Unido tienen derecho a buscar protección en virtud de la Convención sobre los refugiados de la ONU y la Convención Europea de Derechos Humanos.

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ha descrito las medidas que recoge la nueva ley como “muy preocupantes” ya que considera que dejaría sin protección incluso a aquellas personas con una solicitud de asilo convincente.

Su representante en Reino Unido, Vicky Tennant, aseguró al programa Newsnight de la BBC que la medida violaría el derecho internacional. “Creemos que es una clara violación de la Convención de Refugiados”, y recordó que “incluso las personas con solicitudes muy imperiosas simplemente no tendrán la oportunidad de presentarlas”.

La Convención de Refugiados, acordada por primera vez en 1951, es un tratado multilateral que establece quién califica como refugiado y las obligaciones de los Estados signatarios para protegerlos.