“Los militares llegaron al sótano en el que había mayoritariamente mujeres y niñas. Dijeron a las presentes que eligieran entre ellas a dos para ser violadas”, cuenta Alona Krivuliak, de 32 años, que lleva semanas escuchando el horror de las víctimas de abusos sexuales como trabajadora de la organización La Strada. La escena ocurrió en Bucha, a las afueras de Kiev, durante el mes en el que esta localidad permaneció en manos de las tropas rusas. Las denuncias por violencia sexual como arma de guerra, uno de los horrores del conflicto en Ucrania, están aumentando, según la ONU.
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El peso del estigma y del tabú son, sin embargo, un muro que han de superar los investigadores para avanzar sin que las víctimas rememoren el calvario sufrido. Algunas no son capaces de hablar, otras están embarazadas y algunas, muertas. El repliegue de los alrededores de Kiev de los militares rusos a primeros de abril destapó cientos de asesinatos, torturas y violaciones que están siendo documentados para dibujar el mapa de los crímenes de guerra del Ejército de Rusia en Ucrania. Pero el hecho de que un 20% del territorio ucranio esté bajo control de Moscú impide conocer la verdadera dimensión de lo ocurrido y de lo que está ocurriendo. Ya hay abiertos 80 procesos, según la fiscal general, Irina Venediktova.
“Es un asunto complicado porque las víctimas no quieren hablar”, reconoce la viceministra del Interior, Katerina Pavlichenko, refiriéndose a los abusos sexuales. Desde mediados de abril hay grupos móviles de agentes que peinan junto con psicólogos las zonas liberadas de la ocupación rusa para tratar de recabar testimonios y pruebas. La Policía ha recibido medio centenar de denuncias por violencia sexual y ya se han abierto 16 investigaciones de carácter penal por abusos cometidos por militares rusos, explicó el viernes pasado Pavlichenko durante una comparecencia en la capital.
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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) había recibido hasta el 3 de junio informes de 124 presuntos abusos sexuales en Ucrania relacionados con el conflicto. Tres militares rusos están detenidos y acusados de esos delitos en las regiones de Kiev y Chernihiv, según la viceministra ucrania. A ello se une la denuncia hecha por las autoridades de Kiev del intento de eliminar pruebas por parte del Ejército ruso, quemando incluso los cadáveres de las víctimas. Así lo ha alertado Pavlichenko y recordado el representante de Ucrania ante la ONU, Serhii Kislitsia, este lunes durante una reunión del Consejo de Seguridad.
Diecinueve de los 20 casos en manos de la organización La Strada son violaciones en grupo y dos de las víctimas, menores de edad, detalla Alona Krivuliak, responsable a nivel nacional de la línea telefónica de esa ONG. Cree que esa veintena de casos es solo la punta de iceberg de una realidad que sigue teniendo lugar en las zonas bajo dominio ruso. Únicamente en uno de los casos la víctima de los abusos fue un hombre, pero se trata de un caso “durísimo” que no hay que perder de vista, alerta. No puede salir del país porque la ley marcial lo impide a los varones entre 18 y 60 años. “Es un chico joven que perdió a su novia y a sus padres (durante la ocupación) y después fue repetidamente violado. Es muy difícil que pueda recibir ayuda o encuentre consuelo. El suyo es un tabú mayor que el de las mujeres. La gente pronto piensa en el estereotipo LGTBI y hasta lo pueden señalar como culpable”, señala.
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Krivuliak lleva una década escuchando a víctimas de violencia machista. Su perfil y experiencia han tenido que adaptarse deprisa y corriendo para dar apoyo no solo a las investigaciones criminales, sino también a todas las víctimas. Entre ellas están también los familiares, vecinos y todos los que presenciaron esos abusos, incluido un niño de tres años.
Las agresiones se solían cometer en los sótanos, donde se refugiaba la población. En el referido de Bucha fueron finalmente los militares invasores los que eligieron a las dos mujeres que violaron. Todas las demás, así como los menores, presenciaron la escena. Dos de ellas acabaron desnudas, a punto de ser también violadas, señala Krivuliak.
El consumo de alcohol y drogas por los soldados rusos aflora en los testimonios de las víctimas con las que mantiene contacto la especialista de La Strada, que habla de militares de todas las edades y rangos. El patrón, explica ella, suele ser una escena en la que hay, por un lado, una o varias víctimas directas rodeadas de testigos y, por otro, participantes directos o indirectos en la violación. Estos pueden dar órdenes, permitir que ocurra, insultar, apuntar con sus armas o tomar fotos y vídeos. “Los mandos participaban, consentían o eran testigos sin impedirlo. Entendemos que es un arma más de la invasión junto con las torturas o los asesinatos. (…) No tenemos constancia de que hubiera una orden de violar, pero al menos sí había luz verde desde arriba para que esto ocurriera”, afirma.
El cuerpo de una mujer con un disparo en la cabeza, desnuda y solo cubierta por un abrigo fue encontrado en una vivienda de Bucha, a las afueras de Kiev, rodeado de preservativos. De los veinte casos que lleva, casi todos han tenido como escenario localidades de la región de Kiev que estuvieron ocupadas las primeras semanas de la invasión que comenzó el 24 de febrero: Bucha (5), Irpin (4) Hostomel (3), Borodianka (3) y Marariv (1). Los otros tres provienen de Jersón (2) y Mariupol (1), ambas en manos rusas. El 20% de Ucrania está en manos del enemigo, según el presidente, Volodímir Zelenski. Es el gran agujero negro en el que las autoridades temen que se sigan cometiendo violaciones, señala la viceministra Pavlichenko.
Hay casos que ayudan a entender la manera de actuar de algunos soldados rusos. La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) publicó el testimonio de la brutal violación que sufrió una mujer de 31 años en Járkov cuando estaba refugiada en una escuela con su familia. Pero hablar ofreciendo excesivos detalles en asuntos tan delicados parece haberle costado el puesto el 31 de mayo a la defensora del Pueblo de Ucrania, Liudmila Denisova, que en abril fue entrevistada por EL PAÍS. A Krivuliak, cuya organización, La Strada, colabora con la Fiscalía, no le parece mal que la hayan apartado.
“La violencia sexual en esta guerra es el crimen más oculto”, dijo el lunes ante la ONU Natalia Karbowska, de la Fundación de Mujeres Ucranias. “Tanto menores como ancianos son víctimas de delitos sexuales cometidos por las tropas rusas y los cuerpos de las personas torturadas o violadas son quemados para ocultar pruebas”, denunció el representante de Ucrania. El ruso, Vassili Nebenzia, criticó a Kiev y a los miembros occidentales del Consejo y dijo que señalar los abusos sexuales es “su táctica favorita desde el inicio de la operación militar especial de su país”. “Los soldados rusos fueron acusados de violencia sexual sin pruebas”, añadió. La representante de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, apuntó que “depende de Rusia detener la violación, la violencia y las atrocidades desde dentro de sus filas”, mientras que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, aseguró que esas “atrocidades” serán “castigadas”. “Por eso estamos ayudando a recopilar las pruebas”, agregó.
Krivuliak recibe a veces llamadas a altas horas de la madrugada de las víctimas buscando consuelo y ayuda. Sin caer en la “retraumatización”, tratan de que sus testimonios sean útiles para avanzar en las investigaciones de crímenes de guerra.
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