Israel deportó hoy a Francia al abogado palestino-francés Salah Hamouri, que pasó más de nueve meses detenido sin cargos y cuyo estatus de residente en Jerusalén Este ocupado fue revocado a principios de mes, según confirmó hoy el Ministerio de Interior israelí.
”Me alegra anunciar que hoy se hizo justicia porque se cumple la sentencia por terrorismo contra Salah Hamori y ha sido deportado de Israel. Es un proceso largo, pero un tremendo logro en la lucha contra el terrorismo”, afirmó la ministra israelí de Interior, Ayelet Shaket.
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Hamouri, de 37 años, partió este domingo en un vuelo de la aerolínea israelí Elal a París, donde está previsto que aterrice sobre las 9.00 GMT. Su deportación se produce dos semanas después de que Israel confirmara la revocación de su residencia en Jerusalén este por “incumplimiento de lealtad”, medida que adoptó por primera vez en octubre de 2021.
La situación de este abogado y activista de padre palestino y madre francesa generó la intervención tanto de organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) así como del propio Gobierno de Francia.
La semana pasada, una corte israelí estableció que el Hamouri seguiría encarcelado “hasta nuevo aviso” al ser “un recluso de alta seguridad”, pese a que hace poco dejó de estar formalmente en arresto administrativo, régimen con el que Israel suele mantener en prisión a palestinos de forma indefinida, sin cargos formales ni juicio.
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El abogado estuvo detenido en estas condiciones desde marzo, hasta que a principios de mes fue acusado formalmente de terrorismo.
Israel dice que el letrado -nacido y criado en Jerusalén- es un “agente” del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), grupo que considera terrorista, mientras que la defensa de Hamouri lo niega y asegura que no hay pruebas que demuestren tal acusación.
“La deportación forzosa de Salah es solo el último episodio de hostigamiento judicial y administrativo de Israel contra él, su familia y su crucial trabajo de derechos humanos abogando por presos políticos palestinos”, denunció un comunicado de la campaña en su apoyo “Justicia para Salah”.
Consideran que el abogado, que trabajaba en asociación en defensa de los derechos de los presos palestinos Addameer, “se convirtió en el principal objetivo de las políticas israelíes de intimidación y silenciamiento de quienes desafían su régimen institucionalizado de dominación racial y opresión”.
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Francia ha rechazado la revocación de su residencia y defiende que “Hamouri debe poder llevar una vida normal en Jerusalén”; mientras que AI sostiene que despojar a alguien del estatus de residente del lugar donde nació viola las Convenciones de Ginebra e incluso puede constituir un crimen de guerra, al ocurrir en un territorio bajo ocupación militar, Jerusalén este ocupado y anexionado unilateralmente por Israel.
Su caso pone de relieve la situación de la mayoría de palestinos de Jerusalén Este, donde, pese a ser nativos de la urbe, no tienen ciudadanía, sino estatus de residencia, que Israel puede revocar alegando cuestiones de seguridad o si considera que han vivido fuera de la urbe de manera prolongada.
En total, de los cerca de 350.000 palestinos de Jerusalén este, solo unos 20.000 tienen ciudadanía israelí. Pocos solicitan convertirse en ciudadanos porque implica un proceso burocrático complejo y dos tercios de las peticiones son rechazadas.
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