Mientras en Italia manifestantes salieron a las calles estos días a quemar facturas de la luz en protesta por el aumento de los precios, los gobiernos de la Unión Europea intentan ponerse de acuerdo para controlar la escalada en el costo de la electricidad.
“Estamos en una guerra energética con Rusia, se acerca el invierno [boreal] y tenemos que actuar ahora”, dijo el viernes el ministro checo de Energía, Jozef Sikela, cuyo país ejerce la presidencia rotativa del Consejo Europeo.
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Esa urgencia por conseguir soluciones para enfrentar la escalada en las tarifas de la electricidad en medio de la crisis energética llevó a los ministros de Energía de la UE a conseguir un acuerdo en Bruselas.
El plan alcanzado incluye tres medidas de emergencia: una reducción del consumo eléctrico, un tope a los precios de la generación eléctrica que no depende del gas (renovables o nuclear) y un impuesto temporal a las petroleras conocido como “contribución solidaria”.
Pero la gran batalla por contener los precios de la energía probablemente se va a librar, dicen los expertos, en el polémico campo de la intervención del precio del gas natural que llega a la región.
Algunos de los 27 países que componen el bloque comunitario esperan ir mucho más lejos y reclaman intervenciones más profundas para limitar el precio del gas, no solo el ruso, como propone la Comisión Europea.
Sin embargo, esas aspiraciones chocan con la resistencia de países que temen que ello pueda afectar al suministro, como es el caso de Alemania o Países Bajos.
Los miembros del bloque se comprometieron a reducir el 10% del consumo general de electricidad y un 5% obligatorio en las horas punta.
Para concretar ese paso, los países deberán identificar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 cuáles son sus horas de máximo consumo y determinar libremente las medidas necesarias para reducir la demanda.
Por otro lado, los países acordaron fijar un precio tope para las llamadas energías inframarginales (renovables y nuclear) de unos US$175 el megavatio hora entre diciembre y junio, aunque se permitirá a los países que ya cuentan con medidas en marcha, como España, mantener sus propios límites.
La tercera parte del acuerdo trata de la implementación de un impuesto temporal y obligatorio a los beneficios de las productoras de energías fósiles y las refinerías.
Esta “contribución solidaria” supondrá un gravamen del 33% de cualquier ganancia superior al 20% de lo que han obtenido como excedentes respecto a la media de los últimos cuatro años.
Desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania en febrero, las tarifas energéticas y las preocupaciones sobre cómo manejar la crisis en el corto y en el largo plazo no han parado de crecer.
Y es que, tras la ofensiva rusa, Estados Unidos, la UE y sus aliados adoptaron una serie de sanciones sin precedentes y, en represalia, el Kremlin redujo drásticamente su suministro de gas natural, un componente clave para mantener en movimiento la industria y los hogares europeos.
Hasta ahora, varios países del bloque han adoptado medidas de protección especial a los consumidores para pagar las cuentas de luz, precisamente cuando la inflación en la eurozona ha llegado al 10%.
Alemania, por ejemplo, el país más directamente afectado por la ausencia de gas ruso, adelantó que destinará casi US$200.000 millones para proteger a los hogares y empresas de la crisis.
Mientras los países europeos intentan encontrar fórmulas para mitigar la escalada de precios del gas y la electricidad, el conflicto entre las potencias de Occidente y Rusia por la invasión de Ucrania continúa avanzando.
La semana pasada el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció la anexión a su territorio de cuatro regiones ucranianas y la Unión Europea denunció que las fugas en dos importantes gasoductos que van de Rusia a Europa fueron causadas por un “sabotaje”.
El gobierno de Ucrania aseguró que las fugas en los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2 fueron provocadas por Rusia en lo que calificó como un “ataque terrorista”.
Sin embargo, Moscú negó su responsabilidad. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, desestimó las acusaciones de sabotaje como “predecibles, estúpidas y absurdas”.
Las cuatro fugas detectadas, dicen expertos, han dejado en evidencia la “fragilidad” energética de Europa frente al Kremlin.
Tras los incidentes, las naciones europeas han reforzado las medidas de seguridad cerca de sus infraestructuras estratégicas. “Nos tenemos que preparar para escenarios que hace poco eran inconcebibles”, dijo Nancy Faeser, la ministra de Interior de Alemania.
La Agencia Internacional de Energía (AIE) declaró este lunes que Europa enfrenta riesgos sin precedentes para el suministro de gas natural y que podría terminar en una competencia con Asia por conseguir las escasas reservas de gas líquido transportado por barco.
En ese escenario, el organismo recomendó a los países de la UE reducir en un 13% su consumo durante los próximos meses en caso de un corte total del gas ruso.
Por ahora, los países del bloque han compensado buena parte del déficit ruso comprando costosos envíos de gas natural licuado (GNL), que llega por barco desde países como Estados Unidos y Qatar, y aumentando el suministro por gasoductos desde Noruega y Azerbaiyán.
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