Cinco países mediterráneos de la Unión Europea reclamaron este sábado un “reparto equitativo” y “obligatorio” entre los Estados miembros de las responsabilidades derivadas de la inmigración que llega a sus costas, en una reunión en Málaga (sur de España).
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Los ministros de Interior de España, Italia, Chipre, Malta y Grecia -conocidos como MED5- acordaron “reclamar a la Unión Europea que la política migratoria común pivote en torno al reparto equitativo de la responsabilidad entre estados miembros”, según un comunicado difundido por el anfitrión, el ministerio español.
Ello debería incluir un “mecanismo de reubicación predecible y obligatorio para aquellos Estados miembros que se enfrentan a desembarcos (...) como consecuencia de su situación geográfica”, añade el comunicado.
Polonia, Hungría y la República Checa, por ejemplo, se negaron a recibir una parte de los inmigrantes y exiliados que llegaron a Europa, principalmente por el mar Mediterráneo, en la oleada migratoria de 2015, muchos de ellos escapando de la guerra civil en Siria.
“Nuestra voz y nuestra visión del desafío migratorio no sólo se debe tomar en cuenta, sino que debe de ser central en la política europea”, dijo a la prensa el ministro de Interior español, Fernando Grande-Marlaska
La reunión de este sábado tenía como objetivo reforzar una posición común ante las negociaciones sobre el pacto europeo de migraciones y asilo.
El mar Mediterráneo es la principal vía migratoria para llegar a Europa y también una de las más peligrosas.
Unas 17.000 personas murieron entre 2014-2018 en la ruta mediterránea a Europa, según un informe de 2020 la Organización Internacional de Migraciones (OIM).
En 2019, la OIM contabilizó la llegada por mar a Europa de más de 12.000 migrantes y refugiados, y la muerte en las rutas del mar Mediterráneo de 356 personas.
Marlaska coincidió en Málaga con su homóloga italiana Luciana Lamorgese y se refirió también a la detención y puesta en libertad en la isla italiana de Cerdeña del ex presidente catalán Carles Puigdemont, reclamado por España por delitos presuntamente cometidos durante la proclamación fallida de independencia de 2017.
“Todo ciudadano reclamado por la justicia española debe comparecer ante la justicia española, pero (...), son los tribunales europeos los que tienen dialogar, trasladar la información, y resolver lo que proceda”, explicó.
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