El reloj marcaba las 9:53 de la mañana en Buenos Aires cuando un terrorista suicida, a bordo de una camioneta Renault Trafic cargada con al menos 300 kilos de explosivos, se precipitó contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Era el 18 de julio de 1994 y Argentina presenciaba el peor atentado terrorista de su historia. El ataque dejó 85 muertos y cerca de 300 heridos.
Increíblemente, 25 años después, esas son casi todas las afirmaciones que se pueden hacer en un caso lleno de sombras que se ciernen sobre jueces, servicios de inteligencia, células terroristas, gobiernos extranjeros y expresidentes.
1. Escasas certezas
En una entrevista brindada recientemente al diario “La Nación” de Argentina, el fiscal a cargo del Caso AMIA, Sebastián Basso, confirmó que la justicia de su país identificó a un libanés llamado Salman Salman como el coordinador local de la célula terrorista que perpetró el ataque.
La agrupación formaba parte del brazo armado de Hezbolá, una organización islámica chiita libanesa considerada terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos, Israel, entre otros países, pero que al mismo tiempo ocupa un importante lugar en el Parlamento de su país.
La fiscalía argentina también ha confirmado que el Gobierno Iraní tuvo participación en el atentado. En el 2005, el fallecido fiscal encargado del caso, Alberto Nisman, consiguió que se interpusiera un pedido de captura internacional contra cinco exfuncionarios iraníes que habrían participado en la organización del ataque.
Ellos son: Mohsen Rezai, quien era jefe de la Guardia Revolucionaria iraní cuando sucedió el ataque; Ahmad Vahidi, exministro de Defensa y líder de la unidad especial de la Guardia Revolucionaria conocida como las Fuerzas Quds; el excanciller iraní Alí Akbar Velayati; el exembajador iraní en Buenos Aires Hadi Soleimapuour y el entonces agregado cultural de la embajada iraní Moshen Rabbani.
En el caso de Rabbani –acusado de tener vínculos con la inteligencia iraní– la Interpol dictó una normativa especial para que fuera tratado como uno de los criminales más peligrosos. Pese a ello, el exfuncionario ahora conduce una serie de programas en el canal de You Tube Islam TV donde incluso da consejos para criar bien a los niños, según detalló el diario “Clarín” en un artículo reciente.
El fiscal Basso también detalló que la célula terrorista se dividió entre quienes perpetraron el ataque, quienes recolectaron información previa y quienes se encargaron de limpiar los refugios del grupo criminal.
Hasta el momento no se ha determinado quién manejaba el carro-bomba. En el 2005, el fiscal Nisman señaló que el libanés Ibrahim Hussein Berro habría sido el conductor. Sin embargo, un examen de ADN practicado por el FBI en el 2017 en el que se comparó la muestra de un hermano de Hussein y otra aún no identificada hallada en la AMIA no arrojó relación.
2. Camino lleno de obstáculos
Una de las principales trabas que ha encontrado la justicia para procesar a los sospechosos son los impedimentos de extradición. En ese sentido, el Gobierno de Irán ha jugado un papel principal al negarse a extraditar a los exfuncionarios señalados. Pero no fue el único.
Un informe elaborado por la Unidad Fiscal de Investigación (UFI-AMIA) al que tuvo acceso “Clarín” en el 2018 revela que desde el 2008 los funcionarios acusados por Argentina viajaron fuera de Irán al menos en 20 oportunidades.
Rusia, China o el Reino Unido son algunos de esos países. Todos se negaron a detener y extraditar a los acusados, pese a las solicitudes argentinas.
Sin embargo, el enemigo no solo estaría afuera. Para Olga Dejtiar, madre de Cristian, un joven de 21 años que murió en el atentado, la corrupción local habría entorpecido las investigaciones.
“Se han perdido 25 años de una buena investigación y (los corruptos) son los responsables de que lleguemos a 25 años sin que nadie esté preso, sin ningún culpable. Aunque se dice que son los iraníes los que organizaron y ejecutaron el atentado, los que hicieron que no se llegara a saber la verdad es la corrupción local. La justicia argentina no es independiente, es corporativa y han politizado la causa”, señala.
Dejtiar es parte de la Asociación 18J-Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la AMIA, una de las que presentaron una querella contra el expresidente Carlos Menem, el exjuez Juan José Galeano (a cargo de la primera investigación) y los fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia, entre otros. Todos acusados de intentar cerrar la causa con la teoría de que la autoría del atentado recaería sobre un grupo de policías.
Para ello, Galeano pagó US$400 mil al exvendedor de vehículos Carlos Telleldín para que declarase que vendió el auto utilizado en el ataque a agentes bonaerenses. Galeano cumple una condena de seis años de cárcel tras ser hallado culpable.
3. Polémico acuerdo
El 14 de enero del 2015, Nisman denunció a la aún presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timerman por encubrimiento por haber firmado en el 2013 el memorándum de entendimiento con Irán.
El acuerdo fue ampliamente criticado, principalmente porque en el 2011 el periodista del diario “Perfil” Pepe Eliaschev había destapado conversaciones entre el gobierno de Fernández y Teherán para “suspender de hecho” la investigación de la AMIA y el atentado contra la embajada israelí en 1992 a cambio de retomar relaciones comerciales con Irán. Quienes lo apoyaban, como Dejtiar u otros familiares, confiaban en que era la única forma de conocer la verdad.
Finalmente, el memorándum nunca entró en vigencia y el 21 de diciembre del 2015 fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal de Casación Penal.
La denuncia contra Fernández fue archivada en el 2017, pero reabierta el mismo año. Actualmente, el caso fue enviado a juicio oral y se mantiene activo.
DESEO DE JUSTICIA“Realmente han hecho un circo de todo”
Entrevista a Olga Deijtar, madre de una de las víctimas del atentado a la AMIA.
- ¿Siente que se ha logrado algo en estos 25 años?
No. Yo digo que no hubo intención política de esclarecer el atentado. Realmente han hecho un circo de todo. Es terriblemente doloroso haber luchado por 25 años, haber entregado todo para llegar a la verdad y que ni siquiera se sepa quiénes son los responsables.
- El fiscal Basso acaba de señalar a Salman Salman y confirmar la conexión iraní. ¿Qué opina de eso?
La realidad es que la verdad no se sabe. Nosotros teníamos la versión del fiscal Nisman, según la cual todo el Gobierno Iraní en 1994 era responsable. Ahora aparece este Salman Salman del que nunca hemos escuchado. Me gustaría saber quién investigó eso y qué hay de verdad. Después de tanto, ya no creemos en nadie. Eso es lo que pasa. Ahora este fiscal Basso aparece y no sabemos de dónde investigó. ¡Qué casualidad que salga días antes de un nuevo aniversario! Siempre antes del 18 de julio alguien aparece.
- ¿Cómo se enteró del memorándum de entendimiento?
Los tres grupos de familiares nos reunimos con el ex canciller Timerman. Por lo menos, nosotros nos ilusionamos porque creíamos que era la última posibilidad de saber la verdad. Le preguntamos al fiscal Nisman y él nos dijo que sigamos adelante, que nos iba a acompañar. El Senado también lo aprobó. Pero a la semana salió Nisman diciendo que era anticonstitucional. Nosotros apoyamos el acuerdo de buena fe, yo no tengo ninguna prueba de encubrimientos o negociados, pero a pesar de eso nos han señalado de negociar con la sangre de nuestro hijo.
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