Colombia vivió este lunes un día de marchas y protestas contra la controversial decisión del presidente Iván Duque de presentar objeciones a la ley que regula la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Es el tema del que más se habla en el país: la decisión de Duque de pedir enmiendas a la norma estatutaria de la justicia especial creada tras la firma del acuerdo de desarme con la guerrilla del las FARC para tratar los crímenes relacionados con el conflicto armado.
Al presidente lo han criticado por supuestamente poner en riesgo el proceso de paz con la iniciativa anunciada el 10 de marzo, pero también han sido numerosas las muestras de apoyo.
Y es que estos reparos a la ley de la JEP, Duque ya los había hecho públicos antes de ser presidente.
Es por eso que cabe cuestionarse por qué ha causado tanto revuelo la situación y por qué se ha llegado a decir que Duque puede “dejar morir la paz”.
Te lo explicamos respondiendo estas preguntas:
1. ¿Qué es la JEP?
La propia JEP se define a sí misma como “el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC”.
Es decir, es una jurisdicción paralela creada para juzgar a ex guerrilleros, militares, agentes del Estado y civiles vinculados a delitos relacionados con la guerra de más de medio siglo que culminó con la firma del acuerdo de paz del 1 de noviembre del 2016.
Aquellos que son y serán juzgados en la JEP pueden acceder a penas menores que los que impone la justicia ordinaria, siempre y cuando reconozcan su culpabilidad y cumplan otras condiciones como entrega de bienes y de información.
Además se benefician con la garantía de no ser extraditados.
Estos dos elementos, las penas reducidas y la no extradición, fueron los más combatidos por los detractores del acuerdo de paz.
Por su parte, las principales autoridades de esta instancia especial señalan que centran su trabajo en reparar a las víctimas, la búsqueda de la verdad y que la paz sea duradera.
La JEP comenzó a funcionar en los primeros meses de 2018 y siete casos se han abierto hasta este lunes.
El primero, denominado 001, está relacionado con secuestros y retenciones ilegales perpetradas por las FARC.
El 003, por ejemplo, investiga los “falsos positivos”, un escándalo que estremeció a Colombia hace una década cuando se descubrió que jóvenes fueron asesinados para después ser presentados como guerrilleros dados de baja.
El séptimo y último que ha sido abierto versa sobre el reclutamiento y utilización de niños y niñas durante la guerra.
Hasta ahora se han tomado decenas de declaraciones en los casos abiertos y miles de ex guerrilleros, militares y agentes de Estado han aceptado someterse a la justicia especial.
2. ¿Qué es lo que objetó el presidente?
Iván Duque objetó seis puntos de los 159 artículos que componen la ley estatutaria de la JEP, los más controversiales son los referidos a la reparación económica de las víctimas y a la extradición.
En la primera objeción, el presidente pide que los condenados sean los que realicen la reparación “con sus bienes y activos”, algo que en su criterio no está especificado porque la ley se limita a señalar “reparación integral”.
Uno de los puntos más álgidos es el relacionado con la extradición. Duque rechaza que la JEP tenga la potestad de decidir cuándo procede o no extraditar a una persona juzgada en los tribunales especiales.
El mandatario sostiene que congelar las posibles extradiciones que puedan resultar de investigaciones internacionales hará que Colombia incumpla acuerdos con la comunidad internacional en materia de lucha contra el crimen y sostiene que estas acciones conjuntas entre países deben mantenerse.
Este tema tiene mayor notoriedad dado que un ex comandante de las FARC, Jesús Santrich, se encuentra detenido y con un pedido de extradición en suspenso por haberse sometido a la justicia especial.
Otro punto observado es quién verifica y valida las listas de los ex guerrilleros de las FARC. Duque lamenta que su delegado, el Alto Comisionado para la Paz, haya perdido esa atribución y ahora pertenezca a la JEP. El presidente sostiene que existe el riesgo “que delincuentes se incorporen (a la justicia especial) por la puerta de atrás”.
Duque también considera “inconveniente” que la Fiscalía se abstenga de seguir investigando casos abiertos y que ahora se juzgan en la justicia especial.
Ahora el Congreso, con mayoría oficialista, deberá debatir las objeciones hechas por el mandatario en los siguientes meses o incluso hasta el siguiente año, dependiendo de la agenda que se defina y la llegada de consensos.
3. ¿Por qué dicen que es un golpe al proceso de paz?
Casi de inmediato al anuncio de objeción presidencial surgieron cuestionamientos.
En criterio de Jaime Córdoba, miembro del colectivo académico iusDigna, “la falta de vigencia de la ley estatutaria priva al país de un marco claro y definido y dificulta la justicia para la paz”.
“La decisión de objetar puede minar la confianza de los excombatientes que buscan la reincorporación y de la comunidad internacional sobre la implementación del acuerdo de paz”, añade el experto.
Por su parte, Sergio Jaramillo, excomisionado de Paz en el gobierno de Juan Manuel Santos, afirma que lo que hizo Duque son “objeciones inconstitucionales y fuera de lugar”, pero señala que ese no es mayor el problema.
“Estamos ante un desacato presidencial de un fallo de la Corte Constitucional, un desconocimiento del tribunal de cierre. Una barbaridad”, afirmó en una entrevista con el diario colombiano El Espectador.
Jaramillo opina que Duque “se quitó la máscara y se entregó a los extremistas de su partido”.
“Ahora se muestra como un hombre dispuesto a dejar morir la paz sin pestañear y a fracturar el estado de derecho desde la Presidencia”.
Por su parte, para Rodrigo Londoño, alias Timochenko, jefe del ahora partido FARC, las observaciones a la ley son una “incitación a la guerra”.
4. ¿Quiénes y por qué defienden la decisión de Duque?
Sin embargo, no todo fueron críticas.
Desde el partido oficialista, el Centro Democrático (liderado por Uribe), expresaron su satisfacción por la decisión del presidente.
La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez anunció que el gobierno “no caerá en el juego” de que los declaren “enemigos de la paz” y criticó las marchas convocadas contra las objeciones de Duque.
“La JEP es un hecho y continuará funcionando. No se busca acabarla, sino mejorarla. Estamos convencidos en el gobierno de la fuerza y la legitimidad que genera la colaboración armónica de los tres poderes”.
Ramírez insistió en que Duque hizo uso de sus facultades constitucionales.
La vicepresidenta afirmó que “desde el comienzo” el gobierno que integra realizó observaciones al proceso de paz.
También el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, había apoyado que se hicieron objeciones a la ley de justicia especial en una carta dirigida a Duque días antes del anuncio.
5. La otra polémica que sacude a la JEP
En las últimas semanas, la JEP se vio envuelta en otra controversia.
El Ministerio Público inició una investigación a uno de los jueces por presuntamente recibir sobornos para entorpecer la extradición del ex guerrillero Jesús Santrich, quien se encuentra entre los sometidos a la JEP.
Con el paso de los días, personas vinculadas a la política también fueron señaladas y la justicia especial rechazó que el fiscal acusado tenga influencia en el caso Santrich.
Según las indagaciones preliminares, el caso fue descubierto gracias al trabajo de un agente encubierto.
Cinco personas, entre ellos el ex juez de la JEP, guardan detención por esta investigación que fue el prolegómeno de las objeciones de Iván Duque a la ley de la justicia especial.
Contenido Sugerido
Contenido GEC