Amnistía Internacional denuncia impunidad en violencia institucional y género en Argentina

En Argentina persisten la impunidad por violencia de género e institucional y las agresiones contra personas de la comunidad LGBTI, además de que el acceso al aborto sigue siendo dificultoso, pese a la ley aprobada en 2020, según reveló Amnistía Internacional (AI) en su informe anual.

Según datos recogidos por las ONG que se desprenden del informe, durante 2022 hubo 233 homicidios por razones de género, de los que el 91 % tuvo lugar en el ámbito familiar; además, según números del Ministerio Público Fiscal, solo el 15,5 % de denuncias derivó en sentencias firmes.

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En este sentido, el informe de AI reveló un aumento de los ataques contra mujeres y periodistas LGBTI. Dos reporteras presentaron denuncias judiciales por ciberacoso, mientras que aún se desconoce el paradero de Tehuel de la Torre, hombre transgénero de 21 años, desaparecido desde 2021.

“No se llevó a cabo ningún tipo de investigación transfeminista, imparcial, efectiva o independiente sobre el caso”, remarcó el reporte de Amnistía.

Por otra parte, AI informó de “importantes obstáculos” en el país para acceder a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que fue legalizado y despenalizado hasta las primeras 14 semanas de embarazo en 2020, y la ley de Educación Sexual Integral (ESI), promulgada en 2006.

Datos oficiales revelaron que, pese a que entre 2016 y 2020 disminuyeron los embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, hubo más de 50.000 partos en ese rango etario en 2020.

Violencia institucional

Durante el primer semestre de 2022 y con una pobreza del 36,5 %, Naciones Unidas advirtió del peligro de los efectos de la deuda externa de Argentina para los derechos humanos.

En noviembre pasado, un relator especial de la ONU concluyó que Argentina “no investigaba de manera efectiva ni prevenía muertes ilegítimas, y que las víctimas solían pertenecer a los sectores en situación de vulnerabilidad y más desfavorecidos de la población”.

AI evidenció preocupación por ausencia de políticas públicas institucionales en la búsqueda eficaz de personas desaparecidas, así como el tratamiento en el Parlamento argentino sobre un proyecto de ley para abordar la violencia institucional en materia de seguridad y servicios penitenciarios.

Indígenas y medio ambiente

Según la documentación, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas completó solo el 43 % del censo de los territorios de los pueblos originarios enmarcados en una ley de emergencia.

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“Los pueblos indígenas seguían siendo desalojados de sus territorios pese a la prohibición estipulada en esa misma ley. Las autoridades de la provincia de Formosa (norte) negaban la existencia del pueblo Nivaclé y por ende a expedirles certificados de nacimiento y documentos de identidad”, explicó el reporte de AI.

Aproximadamente el 30 % del pueblo Nivaclé carece de documentación, lo que “vulnera el derecho a la identidad de esas personas y las colocaba en situación de riesgo de apatridía”.

Por último, el informe anual de Amnistía recalcó que el Congreso argentino aún no aprobó la ley de Humedales, tras una década pendiente, pese a las intensas olas de calor, sequías e incendios que afectaron amplias zonas del país y pusieron en peligro tierras y medios de vida.