Buenos Aires (EFE)
Tras convertirse en el primer vicepresidente argentino en ejercicio llamado a declarar por la Justicia, Amado Boudou, imputado en una causa de corrupción, reiteró que es inocente y afirmó que no renunciará a su cargo en el Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner.
Boudou deberá concurrir el próximo 15 de julio ante el tribunal que encabeza el juez federal Ariel Lijo, encargado de la denominada causa Ciccone, que investiga la presunta compra irregular de la imprenta de papel moneda Ciccone Calcográfica por parte de un empresario cercano al vicepresidente.
Imputado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito, Boudou recalcó hoy que “por supuesto” se presentará ante el juez y que recibió la noticia “con mucha tranquilidad” porque esperaba este momento para poder demostrar su inocencia.
Pese a que la citación, la primera de este tipo para un vicepresidente en ejercicio desde el retorno de la democracia al país (1983), supone un duro golpe para el Gobierno de Cristina Fernández, Boudou subrayó que de ninguna manera va a renunciar ni se va a apartar temporalmente de su cargo porque es “inocente”.
En declaraciones radiales, el vicepresidente dijo no tener miedo de terminar condenado ya que no hay nada que se le pueda imputar porque en ningún momento ha actuado al margen de la ley.
“Lo juro y lo sostengo y así lo voy a demostrar cuando vaya a la audiencia indagatoria”, reiteró Boudou, quien ya se había presentado de forma voluntaria ante el juez en febrero, cuando el fiscal solicitó al tribunal que lo llamase a declarar.
Mientras Boudou atribuye la investigación en su contra a venganzas relacionadas con intereses empresariales opuestos a las políticas que desarrolló desde la cartera de Economía (2009-2011), la oposición pide que se aparte de sus funciones o se someta a juicio político.
El caso
En julio del 2010, un juzgado del fuero comercial declaró la quiebra de Ciccone a petición del fisco argentino por deudas impositivas, pero la Justicia levantó la declaración tres meses después, a solicitud de la propia empresa, tras haber negociado un plan de pagos.
En el proceso, el Ministerio de Economía, que entonces encabezaba Amado Boudou, habría intervenido presuntamente ante el fisco a favor de la empresa.
Tras el levantamiento de la quiebra, la compañía quedó en manos de The Old Fund, presidida por Alejandro Vandenbroele, señalado como testaferro de Boudou, aunque el vicepresidente niega el vínculo.
Según la citación judicial, las pruebas de la fiscalía indican que “Amado Boudou, junto a José María Núñez Carmona (empresario y amigo de Boudou), habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial”.
La citación supone un golpe para el gobierno de Fernández, que pese a haberlo mantenido en un discreto segundo plano en los últimos tiempos, siempre le ha dado su respaldo.
Por su parte, el jefe de Gabinete del Ejecutivo, Jorge Capitanich, destacó hoy que el vicepresidente “siempre ha manifestado su voluntad de cumplir todas las instancias judiciales” y que se encuentra a disposición de la Justicia.
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