La policía de Bolivia volvió a enfrentarse con cocaleros este viernes en las calles de La Paz, donde cinco autopatrullas fueron quemadas en medio de las disputas entre campesinos opositores y afines al gobierno por el control de un mercado que comercializa la hoja de coca.
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Los choques comenzaron casi a mediodía, cuando campesinos opositores intentaron ingresar a las oficinas de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), tomada el lunes por miembros de otro sindicato afín al gobierno izquierdista del presidente Luis Arce, que reclama su dirección.
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La sede de Adepcoca se ubica en el barrio de Villa Fátima, punto de salida hacia los valles subandinos de Yungas, donde se cultiva la coca desde antes del imperio incaico, que floreció en el siglo XV.
Ahí se comercializa coca de manera legal para mascado, infusión y rituales religiosos aymaras, y se otorgan permisos para su distribución.
Centenares de campesinos opositores intentaron llegar al mercado, haciendo uso de petardos, piedras, palos e incluso fulminantes de dinamita, pero el recinto estaba resguardado por policías antimotines, que hicieron uso profuso de gases lacrimógenos para dispersarlos.
Durante los incidentes, el cuartel policial de Villa Fátima, a pocas cuadras del mercado, fue atacado por los campesinos, que quemaron cinco coches policiales. Dos camiones de bomberos acudieron para apagar las llamas.
“Son cinco los vehículos de la policía que han resultado afectados”, dijo a la prensa uno de los bomberos, al asegurar que no se reportan heridos.
El viceministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno (Interior), Roberto Ríos, informó en conferencia de prensa que “se están cuantificando los daños, que ascenderían a más de 40.000 dólares” y confirmó que hay tres campesinos detenidos.
“Hoy hemos visto la actitud de la policía, pésima”, afirmó a la AFP el dirigente cocalero Ronald López, miembro del grupo que intentó la retoma de las oficinas de comercialización de la hoja milenaria.
Tras varias horas, los ánimos se apaciguaron y la policía restableció el tránsito de personas y vehículos en la zona.
La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló en un comunicado que el “uso excesivo y desproporcionado de la fuerza mina la confianza en las instituciones y supone una violación a los derechos que debe ser investigada y sancionada para que no se repita”.
El gobierno también buscaba abrir este sábado una mesa de diálogo con los bandos en conflicto.
El miércoles se registraron los primeros incidentes por la disputa del control de Adepcoca. Un periodista fue detenido y otro resultó herido mientras cubrían los hechos.
El jueves recrudecieron los disturbios entre campesinos y policías, con seis heridos y 33 detenidos.
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