Miles de simpatizantes del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro asaltaron el domingo sedes oficiales en Brasilia, motivados por un profundo “anticomunismo” y desinformación sobre las elecciones que llevaron al poder al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
Esto es lo que se sabe del ataque al corazón político Brasil:
Cientos de detenidos
La Policía Federal detuvo a 1.843 personas tras los disturbios, ocurridos una semana después de que Lula asumiera por tercera vez el mando de Brasil.
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La mayoría estaba en un campamento, instalado hace dos meses frente a un comando del ejército, desde donde exigían una intervención militar para impedir la llegada al poder de Lula.
Hasta el miércoles, 1.159 seguían bajo arresto, después de que 684 -muchos de ellos ancianos o enfermos, padres de niños pequeños y personas sin hogar- fueran puestos en libertad a la espera de juicio.
Los cargos contra los alborotadores incluyen “terrorismo”, asociación criminal, atentado contra el Estado democrático, participación en un intento de golpe de Estado e incitación al crimen.
Autoridades del DF, en la mira
Autoridades del Distrito Federal están en la mira del gobierno y de la Corte Suprema.
El juez Alexandre de Moraes ordenó el jueves la apertura de una investigación sobre la conducta del suspendido gobernador del distrito, Ibaneis Rocha, y de los comandantes de seguridad pública de la capital durante los “actos terroristas”.
Por orden del magistrado, Rocha fue apartado del cargo por 90 días.
La fiscalía asumirá las investigaciones contra Rocha y otros señalados por Moraes: Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro y destituido secretario de Seguridad de Brasilia; Fernando de Sousa Oliveira, exsecretario interino de Seguridad; y Fabio Augusto, comandante de la policía militar del Distrito Federal.
Moraes expidió el martes una orden de prisión contra Augusto y Torres -quien estaba de vacaciones en Estados Unidos en el momento de la violencia- por “omisión y connivencia”.
El gobierno, de su lado, está convencido de que algunos miembros de las fuerzas de seguridad fueron “conniventes” con los manifestantes.
Tras los financiadores
Lula ha puesto énfasis en que se debe investigar cómo se financiaron los manifestantes, muchos de ellos llegados en buses desde otros estados el mismo día de los actos violentos.
La Abogacía General de la Unión (AGU) identificó el jueves a 52 personas y siete empresas que están bajo sospecha de haber financiado la movilización.
El mandatario, de 77 años, también puso bajo sospecha el financiamiento de los campamentos instalados al frente de varios comandos militares en distintas ciudades, desmantelados el lunes luego de los desmanes.
“No es posible que un movimiento dure tanto frente a los cuarteles si no hay gente que lo financie. Vamos a investigar y a llegar hasta quien los financió”, dijo.
Daños materiales
Los tres edificios vandalizados, el Palacio Presidencial de Planalto, el Tribunal Supremo y el Congreso, son tesoros de la arquitectura moderna del afamado Oscar Niemeyer.
Brasilia, obra del arquitecto y urbanista Lucio Costa y el genial Niemeyer, fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1987.
“La mayoría de los daños a los edificios es reversible”, tranquilizó el jueves Mauricio Goulart, coordinador técnico del Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico.
Además de representar al Estado, las sedes están llenas de muebles raros y obras de grandes artistas, así como donaciones internacionales.
Entre las obras afectadas están la estatua de granito “La Justicia” (1961), del brasileño Alfredo Ceschiatti; un reloj hecho por Balthazar Martinot, relojero del rey de Francia Luis XIV; o el cuadro “Las mulatas” (1962), de Emiliano Di Cavalcanti, uno de los maestros del modernismo brasileño.
“Anticomunismo” y desinformación
Simpatizantes bolsonaristas se niegan a ver a Lula gobernando de nuevo. Consideran que implantará el “comunismo” en Brasil, discurso que Bolsonaro repitió durante la campaña.
Siguiendo a su líder, que niega cualquier vínculo con la violencia, creen, sin pruebas, que hubo fraude en los comicios de octubre, en los que el izquierdista se impuso por estrecho margen en segunda vuelta.
Según expertos consultados por la AFP, la difusión de aseveraciones falsas, especialmente en redes sociales, fue un elemento relevante para la “racionalización” de los ataques.
“Vamos a ser más duros contra las ‘fake news’. Este pueblo no puede estar subordinado a la mentira”, expresó Lula el jueves, al anunciar más “dureza” contra el bolsonarismo radical, al que considera “fascista”.
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