El respeto a sus derechos y territorios ancestrales. En eso se resumen las demandas que los indígenas de Brasil hacen al gobierno del presidente de Jair Bolsonaro. Y no han dudado en salir a protestar a las calles.
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Las marchas son en reclamo a “una serie de proyectos de ley” promovidos por el Ejecutivo y que, aparentemente, contarían con la venia del Congreso, según anota France 24.
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Tan solo ayer, “miles” provenientes ”de 170 grupos étnicos” se dieron cita ante el Supremo Tribunal Federal para pedir que se frene el avance de las nuevas legislaciones.
Una de las polémicas leyes busca “adoptar el criterio de ‘marco temporal’ para la demarcación de las tierras indígenas, reconociendo como tierras ancestrales solo aquellas que estaban ocupadas por ellos cuando se promulgó la Constitución de 1988”.
¿Qué significa esto?
La agencia AP anota que los “grupos agropecuarios” sostienen que 1988 es una fecha que “da certidumbre” a la ley de propiedad. Por el contrario, los indígenas sostienen que ese argumento “ignora el hecho” de que muchos de ellos fueron expulsados de sus tierras.
Es decir, si las comunidades originarias no pueden demostrar que viven en esos lugares desde antes del 5 de octubre de 1988 (fecha de publicación de la actual Constitución), tendrían que abandonarlos. Y ahí estaría la trampa: AP sostiene que es muy probable que ellos carezcan de “medios formales para mostrar su posesión”.
Quien tendrá que resolver el asunto es el Supremo Tribunal Federal, que recibió una demanda de la Fundación Nacional del Indio “contra una decisión de un tribunal en segunda instancia que reconoció” a un organismo público del estado de Santa Catarina como propietario de ciertas tierras.
Al respecto, AP escribe:
“El gobierno del estado de Santa Catarina asegura que la comunidad indígena implicada [...] ‘invadió’ la tierra en 2009. El pueblo xokleng afirma que la extensión original de su territorio disminuyó progresivamente con la invasión de los agronegocios y que ellos jamás se marcharon de la zona”.
La agencia EFE anota que “las etnias que allí habitaban fueron desalojadas por la fuerza por colonos a mediados del siglo pasado, y acabaron en manos de la Fundación para el Amparo Tecnológico de Santa Catarina”, ente estatal que ganó el proceso en segunda instancia y que ahora será reevaluado por el alto tribunal.
Según Euro News, el Tribunal podría empezar a debatir sobre el problema este jueves 26.
DOLOR DE CABEZA PARA BOLSONARO
Brasil tiene “421 territorios indígenas reconocidos oficialmente” (el 14% del país). Esos lugares son el hogar de 466 mil personas, aproximadamente. Y esto no es del agrado del presidente Jair Bolsonaro.
Él “ha dicho reiteradamente que los pueblos indígenas controlan demasiada extensión de tierra en proporción de sus habitantes”.
Se entiende que su postura responde a una preocupación económica. France 24 anota que Bolsonaro también baraja “un proyecto de ley para autorizar la minería y otras actividades extractivas en las reservas indígenas”.
En paralelo, otras de las legislaciones que estaría evaluando el Congreso tendríaN que ver con hacer más fácil la “regularización de tierras públicas ocupadas ilegalmente”.
Esta no es la primera vez que, en Brasil, el gobierno de turno no está interesado en reconocer los derechos de los indígenas. Valdría recordar que muchos pueblos originarios perdieron sus territorios durante la “dictadura militar (1964-1985)”.
En tanto que, en la pandemia, ellos denunciaron ser olvidados por el gobierno, sufriendo más de mil muertes y cientos de contagiados de coronavirus, según recoge France 24.
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