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A días de presentar su informe final, la comisión de Brasil que indaga los abusos del régimen militar en el país aún lucha por llegar a un acuerdo sobre una cuestión básica: ¿cuántos fueron los muertos y desaparecidos?
La cuestión ganó notoriedad después que una lista parcial con esos nombres elaborada por la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) fuera criticada como demasiado restrictiva por familiares de las víctimas y una comisión paralela de São Paulo.
Según dijeron miembros de la propia CNV e informaron medios brasileños este viernes, esa lista incluía 421 casos de personas que murieron o desaparecieron por la acción de agentes del gobierno militar (1964-1985).
Allí había 59 nombres más que en nómina previa de otra comisión vinculada a la secretaría especial de derechos humanos de la Presidencia. Pero dejaba afuera al menos 21 casos reclamados por los familiares de las víctimas, incluido el de un expresidente brasileño cuya muerte se investiga.
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, recibirá el informe final de la Comisión de la Verdad que creó. Ella misma fue presa y torturada por el régimen militar.
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Sin embargo, uno de los siete miembros de la CNV, la abogada Rosa Cardoso, dijo a BBC Mundo que la lista sumó en las últimas horas diez nombres más, llega ahora a 431 casos reconocidos y puede seguir creciendo antes de que entreguen el informe final a la presidenta Dilma Rousseff el 10 de diciembre.
“Predomina en la Comisión de la Verdad el interés en llegar a un acuerdo con esas comisiones”, señaló Cardoso. “Tenemos un tiempo todavía para encontrar un consenso en torno a esos números”.
“Falta de colaboración”
El hecho de que este desafío siga tras 29 meses de actividades de la comisión creada por Rousseff, una exguerrillera que fue presa y torturada por el régimen militar, refleja la dificultad de Brasil para echar luz a un capítulo oscuro de su historia reciente.
Cardoso afirmó que hubo “falta de colaboración total” de las Fuerzas Armadas con el trabajo de la comisión, negando información para las investigaciones.
La búsqueda de información sobre desaparecidos en Brasil enfrentó varios obstáculos.
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“Pero no podemos colocar eso como primera causa, porque debíamos saber que ellos no colaborarían”, sostuvo. “Conocemos la mentalidad de nuestras Fuerzas Armadas, no tienen una mentalidad democrática”.
A diferencia de otros países de la región que han condenado a exintegrantes de sus respectivos regímenes militares por violaciones a derechos humanos, en Brasil existe una ley de amnistía desde 1979 que ampara a los responsables de esos abusos.
Esto ha sido criticado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero la Comisión de la Verdad instalada en 2012 nunca tuvo como objetivo cambiar esa realidad sino apenas indagar los atropellos cometidos.
No obstante, Cardoso dijo que el informe final indicará a autores de abusos en base a los testimonios recogidos, incluso de “perpetradores de violencia” que hablaron ante la CNV.
Brasil fue gobernado por militares entre 1964 y 1985.
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“Muchos más”
La abogada admitió que la lista de muertos por acciones del régimen militar brasileño podría ser bastante más amplia.
Por ejemplo, dijo que los campesinos e indígenas que murieron por el régimen “son muchos más” que los que reconoce la lista de la CNV, que incluye sólo a quienes fueron reclamados por familiares o sobrevivientes. Muchos de esos casos que quedaron fuera de la nómina aparecerán en un capítulo aparte del informe.
“Tuvimos sólo dos años de trabajo, que fueron ampliados a dos años y medio, y tuvimos que hacer muchas investigaciones”, indicó. “Los reclamados por sus familias tenían una prioridad”.
Pero ese trabajo está siendo cuestionado hasta por familiares de las víctimas.
Crimeia de Almeida, de la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos en São Paulo, sostuvo que la CNV “fue restrictiva” para elaborar la lista.
Esta mujer que fue presa y torturada, y que tiene tres familiares desaparecidos, mencionó el caso de dos campesinos que según sus datos murieron por acciones del régimen militar pero estarían fuera de la nómina porque sus nombres se ignoran.
“Es lamentable, pero en Brasil las cosas son difíciles”, dijo Almeida a BBC Mundo. “En cierto sentido falta empeño, no diría que de la comisión en sí, pero del Estado brasileño en aclarar esos crímenes. Porque las FFAA son parte de ese Estado”.
“No es posible”
Uno de los casos más notorios que la CNV dejó fuera de su lista es el del expresidente brasileño João Goulart, que fue depuesto por el golpe de 1964 y oficialmente murió en 1976 por un paro cardíaco en Argentina.
Ante las sospechas de familiares de que pudo haber sido envenenado, la CNV decidió el año pasado exhumar sus restos para verificar las causas de su muerte. Pero su nombre está fuera de la lista porque aún se aguardan los resultados de los análisis.
También existen reclamos por casos de brasileños que debieron salir exiliados del país y murieron en el exterior por diversas causas, que según familiares fueron consecuencia directa o indirecta de la persecución que sufrieron.
El presidente de la Comisión Estatal de la Verdad de São Paulo, Adriano Diogo, también cuestionó los criterios usados por la CNV para elaborar su lista como si el peso de la prueba fuese similar al usado en períodos de normalidad institucional.
“El estado dictatorial no sólo ejecutó y desapareció opositores del régimen autoritario, sobo también dirigió su violencia para borrar los rastros e impedir la investigación de sus crímenes de lesa humanidad”, dijo Diogo, que pertenece al Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff, en el diario O Estado de Sao Paulo.
La abogada Cardoso consideró “normal que haya esas divergencias” en torno al número de muertos y desaparecidos en Brasil, y aseguró que los principios empleados por la CNV se basan en criterios contemporáneos internacionales.
Pero algunos especialistas señalan su asombro por la falta de un acuerdo sobre las cifras definitivas en Brasil, aunque sean menores a los miles de muertos y desaparecidos que hubo en los regímenes militares de Argentina y Chile.
“No es posible que en un número que es bastante contable, el Estado no consiga identificar esas personas de un modo que contente a las familias”, sostuvo dijo a BBC Mundo Beatriz Affonso, representante en Brasil del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
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