Es uno de los casos más escabrosos que involucra a la Iglesia católica: este lunes comienza el juicio en Argentina contra dos sacerdotes que dirigían un internado para sordos y a los que se acusa de abusar sexualmente de más de 20 niños y adolescentes que estaban a su cuidado.
Dos monjas también fueron detenidas, acusadas de haber sido partícipes necesarias en los abusos. Contra una pesa también el cargo de haber cometido abusos.
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Lo que hace especialmente desgarrador lo ocurrido en el Instituto Antonio Próvolo para Sordos, en la provincia centro-occidental de Mendoza, no es solamente que las víctimas eran niños, incluyendo a pequeños de hasta 4 años, sino que también por su discapacidad no podían comunicar lo que les estaba sucediendo.
Y debido a que muchos venían de familias humildes, no tenían otra opción más que dormir en el instituto.
Pero hay un dato más que ahonda el horror y que le ha dado trascendencia internacional a este juicio.
El principal acusado, el sacerdote italiano Nicola Corradi, de 83 años, ya había sido culpado de cometer abusos en la sede central del Instituto Próvolo, en Verona, Italia, mucho tiempo antes de llegar a Argentina.
Esas denuncias, que tienen más de una década, llegaron incluso hasta las manos del propio papa Francisco. Sin embargo, el Vaticano no hizo nada, denuncian las víctimas.
Fueron las autoridades argentinas las que ordenaron el cierre del Instituto en la ciudad mendocina de Luján de Cuyo en 2016 y detuvieron a Corradi, al sacerdote Horacio Corbacho, de 59 años, y a otros 12 sospechosos (entre ellos las monjas Kosaka Kumiko y Asunción Martínez).
La justicia argentina también investiga una serie de abusos cometidos en otro Instituto Próvolo, el de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, que Corradi dirigió entre 1970 y 1997.
“Encubrimiento”
Tanto las víctimas italianas del Instituto Próvolo como las de las dos sedes argentinas sostienen que la Iglesia católica sabía que Corradi era un pedófilo y no obstante lo pusieron a cargo de niñas y niños sordos en Argentina.
En 2017 el obispo de Verona, Guiseppe Zenti, se desligó de reponsabilidades, afirmando que la curia no tenía poder sobre el Instituto Próvolo porque es manejado por una congregación “autónoma”.
Esa congregación es la Compañía de María para la Educación de los Sordomudos o Sociedad de María, fundada en 1840 por el sacerdote italiano Antonio Próvolo, que, según Zenti, depende directamente del Vaticano.
Hasta ahora la Santa Sede no ha hablado públicamente sobre el caso. BBC Mundo contactó a la oficina de prensa del Vaticano pero de momento no obtuvo respuesta.
Las primeras denuncias sobre lo que ocurría en el Instituto Próvolo de Verona se dieron a conocer en 2009, gracias a una investigación del diario L'Espresso de Milán.
Un grupo de 67 exalumnos revelaron los abusos a los que habían sido sometidos entre las décadas de 1950 y 1980 y acusaron al Vaticano de “encubrir” a los abusadores.
Si bien se denunciaron decenas de delitos, por el tiempo transcurrido la justicia no pudo intervenir. Sin embargo, las víctimas, agrupadas en una asociación, presentaron sus denuncias ante la Iglesia para que actuara.
Entre la veintena de sacerdotes acusados de haber cometido abusos estaban Corradi y otros dos curas que también se habían mudado a Argentina en los años 70: Eliseo Primati y Luigi Spinelli.
El primero, de 83 años, codirigió el Instituto de La Plata junto con Corradi, y también es requerido por la Justicia argentina por abusos presuntamente cometidos durante sus casi cuatro décadas allí.
Sin embargo, el prelado retornó a Italia a finales de 2017 (un año después de que estallara el escándalo en Mendoza) y está viviendo nuevamente en la sede central del Provolo en Verona, por lo que la Justicia argentina ha pedido su extradición.
El papa Francisco
El caso afecta de cerca al papa Francisco, el exarzorbispo de Buenos Aires que fue elegido cabeza de la Iglesia católica en 2013.
En 2014, la Asociación Sordos Antonio Próvolo de Verona, que agrupa a las víctimas italianas, realizó un video donde dio a conocer el nombre de los presuntos abusadores de esa institución, incluyendo a los tres que para entonces estaban ya en Argentina.
Y unos meses más tarde, uno de los miembros de la asociación, Giuseppe Consiglio, logró organizar un encuentro personal con Francisco y le entregó en mano una carta con la lista de los acusados.
Sin embargo, el papa argentino recién ordenó una investigación preliminar sobre las denuncias de abuso en el Instituto Provolo de Mendoza en 2017, un año después de que los sacerdotes fueran arrestados y ese internado fuera cerrado por las autoridades argentinas debido al gran número de testimonios sobre los horrores que estaban ocurriendo allí.
El caso había llegado hasta la Justicia gracias a la intervención de una legisladora mendocina, la senadora Daniela García.
Durante un acto público sobre derechos del niño, en noviembre de 2016, Luis Batistelli, presidente del Movimiento de Sordos de Mendoza, le contó, con ayuda de un intérprete, lo que ocurría en el Próvolo.
García alertó a la gobernación y al procurador, quien puso un fiscal a cargo de la investigación.
La Justicia entrevistó a decenas de presuntas víctimas -en muchos casos con la ayuda de intérpretes-, detuvo a 14 personas y ordenó el cierre del instituto. Los testimonios que se recogieron dieron cuenta de más de una década de abusos contra los menores.
Las autoridades mendocinas también empezaron a recibir testimonios de vejaciones ocurridas en la sede de La Plata del Instituto Próvolo, lo que dio pie a la apertura de una segunda investigación allí.
Desgarrador
Las cosas que descubrieron los investigadores dan escalofríos.
El juez de la causa en La Plata constató que los abusos allí se cometían los sábados, porque era el “día en que disminuía el número de alumnos internados y solo quedaban los que no tenían familia”.
Yoel, uno de los chicos abusados en Mendoza, contó al diario local Los Andes que allí los abusos “siempre eran de noche” y que a los niños que dormían en el instituto se los obligaba a quitarse los audífonos para ir a dormir, para que no escucharan los gritos.
Tampoco se le permitía a los niños utilizar el lenguaje de señas, ya que el método de enseñanza desarrollado por Antonio Próvolo busca sustituir la mímica por la palabra. Por ello, algunos de los niños más pequeños no podían comunicarse con sus padres.
Yoel también reveló que a los niños más grandes se los obligaba a abusar de los más pequeños, mientras sus cuidadores miraban.
Varias de las víctimas contaron que sus abusadores amenazaron con matar a sus madres si revelaban lo que estaba pasando.
Paola, la mamá de una exalumna abusada, dijo a Los Andes que Corradi “ataba de pies y manos” a su hija para abusar de ella.
Las historias de horror involucran también a Corbacho y a otros tres hombres que trabajaban en el Instituto: el jardinero Armando Gómez (que está siendo juzgando junto con los dos curas), un cuidador cuya identidad no se ha revelado porque es considerado inimputable y un empleado administrativo llamado Jorge Bordón.
Bordón, conocido como “el monaguillo”, confesó haber cometido 11 delitos contra cinco víctimas y fue condenado a 10 años de prisión en 2018.
Los demás acusados niegan los cargos.
Todos ellos forman parte de la primera de las tres causas que conforman el “Caso Próvolo” de Mendoza.
La “monja mala”
La segunda causa involucra a Kumiko Kosaka, una monja nacida en Japón y criada en Argentina a la que muchos de los testigos destacaron por su crueldad.
Kosaka era llamada “la monja mala” porque se dice que azotaba a los niños, pero los crímenes de los que se le acusa van mucho más allá de la violencia física.
Tiene seis imputaciones como partícipe primaria en los abusos cometidos por los presuntos violadores. Y también se le acusa de haber abusado ella misma.
El abogado querellante Sergio Salinas, de la ONG Xumek, dijo al canal de noticias TN que Kosaka golpeaba a los niños “para ponerlos a prueba”.
“Los golpeaba sistemáticamente y el más sumiso era entregado a los violadores. El que se rebelaba se salvaba de los abusos”, afirmó Salinas.
La monja, que cumple prisión domiciliaria después de haber pagado una millonaria fianza, asegura ser inocente y ha acusado a los intérpretes de los testigos de tergiversar sus dichos. Incluso publicó un video en el que pedía un “juicio justo” y en el que aseguraba que las pruebas en su contra son “falsas”.
Sin embargo, algunas de sus presuntas víctimas dieron detalles escabrosos de sus denuncias.
Una aseguró que Kosaka la “entregó” a Corbacho para que abusara de ella.
Y otra dijo que le colocó pañales para ocultar la sangre de sus heridas tras ser violada, cuando tenía cinco años.
Una segunda monja, Asunción Martínez, será juzgada en una tercera causa, junto con exdirectoras y personal del Próvolo de Mendoza.
En tanto, también se espera que llegue a juicio el caso por los abusos en el Próvolo de La Plata, que involucra a Corradi, Primati y a un empleado administrativo llamado Jorge Britez.
En el juicio que comienza este lunes, Corradi y Corbacho enfrentan penas de hasta 50 años de cárcel.
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