“Para nosotros, los latinos, llegar a Chile es como cumplir el sueño americano, y yo salí de Venezuela con una maleta cargada de sueños. Si me deportan ahora, sería como volver al pasado completamente derrotada”.
Daniela* vive en el norte de Chile hace casi un año. Ingresó al país sudamericano por un paso irregular, en la frontera con Perú, luego de caminar tres días por el desierto, consumiendo solo agua y pan.
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Al llegar a la ciudad de Arica, continuó su viaje de más de 700 kilómetros arriba de una mula para arribar a su destino final: la pequeña localidad El Loa, ubicada en la región de Antofagasta.
Iba en búsqueda de oportunidades y las encontró: consiguió un trabajo como tapicera y, con el dinero que logra reunir mantiene a sus dos hijos —de 6 y 9 años— que permanecen en Venezuela al cuidado de su madre.
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Pero el 28 de abril recién pasado, su plan se truncó luego de que recibió una orden de expulsión. Ahora, afirma, vive asustada.
“No he conseguido ayuda, ningún abogado me da respuestas. Y en cualquier momento me pueden tomar detenida y expulsar”, le dice a BBC Mundo.
“Es muy triste y doloroso estar en esta situación. Yo soy el sustento de mi familia y quiero traerlos a todos para acá porque es la única posibilidad de darles un mejor futuro a mis hijos, que tengan educación y libertad de expresión; lo que está pasando en mi país es una locura”, añade.
Nueva ley
Hay miles de migrantes en Chile que están enfrentando una situación similar a la de Daniela.
La nueva ley de migraciones que comenzó a regir el 20 de abril solo les permite regularizar su situación migratoria a quienes ingresaron por un paso habilitado antes del 18 de marzo de 2020, día en que el gobierno de Sebastián Piñera cerró las fronteras por primera vez producto de la pandemia de coronavirus.
En cambio, quienes entraron de manera clandestina por pasos no habilitados tienen un plazo de 180 días para abandonar el país, sin sanción.
“No queremos que ingresen a nuestro país el crimen organizado, el contrabando, el narcotráfico y aquellos que no respetan nuestras leyes”, dijo el presidente Piñera, al promulgar la ley.
“Quienes intenten ingresar clandestinamente, no solo comenten un delito, sino que se arriesgan a ser sujetos de expulsión”, agregó.
Tras casi ocho años de tramitación en el Parlamento chileno, esta nueva legislación surge en medio del fuerte aumento del flujo migratorio que el país sudamericano ha experimentado en los últimos 10 años.
Los extranjeros aumentaron de 305 mil en 2010 (lo que correspondía al 1,8% de la población total chilena) a casi 1.500.000 personas en 2020 (7,5% de la población), según la organización Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que recopiló datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Departamento de Extranjería y Migración de Chile.
Esto se explica en parte por el incremento explosivo de las migraciones venezolana (pasando de una comunidad de 8 mil en 2012 a 500 mil en 2020) y haitiana (que aumentó de apenas 1.600 personas en 2012 a más de 185 mil en 2019).
Estimaciones del INE, señalan que hoy los venezolanos son el grupo más grande en Chile (30,5%), seguido de peruanos (15,8%) y haitianos (12,5%).
La nueva ola migratoria ha significado un fuerte desafío para esta nación, donde se han tenido que adoptar medidas a contrarreloj para intentar adecuar sus políticas de integración hacia los migrantes.
También ha habido importantes cambios sociales: ciertos municipios, incluso, han terminado cambiando su perfil demográfico debido a la gran concentración de extranjeros, como Santiago Centro o Independencia, donde uno de cada tres residentes no es de origen chileno.
“Frente al aumento de los flujos migratorios, resultaba urgente modernizar la ley que teníamos y que estaba absolutamente obsoleta”, le explica a BBC Mundo la abogada Pilar Hazbun, coordinadora del área legislativa del centro de estudios Libertad y Desarrollo, del cual varios de sus investigadores han colaborado con partidos de centroderecha y el gobierno de Piñera.
“Esta nueva legislación tiene un enfoque integral y comprende un equilibrio entre reconocer los derechos y deberes de los migrantes, pero también reconocer que el Estado tiene la soberanía para determinar quiénes ingresan y quiénes no, y cuáles son los requisitos para ello”, agrega.
Pasos no habilitados
Los expertos coinciden en que América Latina sufre una profunda crisis de desplazamiento provocada por la precaria situación económica, política y social que se vive en varios países.
En ese contexto, muchos optan por emigrar, incluso a pie, buscando un mejor futuro, sin importarles si tienen o no permiso de entrada en las naciones a las que se dirigen.
Y Chile, pese a las fallas estructurales que dejó en evidencia el estallido social que se inició en octubre de 2019, sigue siendo uno de los destinos más atractivos.
Así, en los últimos años ha habido un fuerte aumento de las personas que entran a este país por pasos no habilitados.
Solo entre enero de 2018 y enero de 2021, ha habido más de 35.400 de estos ingresos, lo que representa el 79% del total de las entradas irregulares desde 2010, según datos de SJM con información de la Policía de Investigaciones (PDI).
Un ejemplo de sus consecuencias es lo que sucedió en Colchane en febrero de este año, cuando los servicios del pequeño pueblo altiplánico colapsaron luego de la llegada de miles de migrantes que ingresaron a Chile de forma clandestina, a pesar de las bajas temperaturas y el clima inhóspito de la zona.
Pero hay otro factor que es determinante en el aumento de los migrantes “ilegales”: en los últimos tres años, Chile comenzó a exigir un “visto consular” a las personas provenientes de Venezuela y Haití, requisito que la nueva ley de migraciones extendió a todos quienes quieran instalarse en el país, con el fin de evitar que extranjeros ingresen como turistas y cambien su calidad migratoria para buscar trabajo.
Para Macarena Rodríguez, presidenta de SJM y académica de la facultad de derecho de la Universidad Alberto Hurtado, esto puede significar un grave problema.
“Los visados previos son muy difíciles de conseguir, imagínate en Venezuela. Y cuando tienes personas desesperadas, que ven esto como vía de supervivencia, el ingreso por pasos no habilitados se abre como una posibilidad”, le explica a BBC Mundo.
La misma opinión tiene el sociólogo y experto en migraciones, Luis Eduardo Thayer.
“Las personas que no tienen oportunidades en otros países van a venir igual a Chile porque los va a mover el trabajo, la posibilidad de conseguir recursos, entonces todas las normas nuevas chilenas lo que van a terminar haciendo es incentivar el ingreso clandestino”, le señala a BBC Mundo.
Sin embargo, el subsecretario del ministerio del Interior, Juan Francisco Galli, afirma que el país sudamericano tenía que tomar una decisión.
“¿Qué es mejor, 250 mil ingresando como turistas y quedando en irregularidad o 24 mil ingresando clandestinamente? Creo que los números hablan por sí solos; redujimos a un décimo el problema. Aunque sigue siendo un problema”, le dice a BBC Mundo.
“Chile le está cerrando las puertas a la migración clandestina, sí. Pero para aquellos que declaren, desde su país de origen, que vienen a Chile a vivir, a trabajar o a estudiar, las puertas están abiertas”, agrega.
Expulsiones administrativas
Para intentar controlar la migración ilegal, aparte del requerimiento de visados consulares, la nueva ley de facilita las “expulsiones administrativas”.
Ahora, para que un migrante sea expulsado ya no es necesario que haya una denuncia penal en su contra (lo que suponía una demora en el trámite). Desde el 20 de abril, la simple constatación de que una persona ingresó de manera irregular es argumento suficiente para que sea expulsada.
Es el caso de Daniela, quien cuando pisó territorio chileno se autodenunció con la esperanza de que podría optar a una regularización de sus papeles. Sin embargo, no fue así y, al contrario, se le cursó una orden de expulsión.
El gobierno de Piñera ha sido enfático en que hará cumplir la ley y para ello contrató 15 aviones comerciales que, según han adelantado las autoridades, se usarán para devolver a sus países a un total de 1.500 personas en 2021.
El primero de ellos despegó a fines de abril con 55 personas a bordo, todas vestidas con overol blanco para evitar el contagio de covid-19. ¿El destino? Caracas.
“Desprecio a los derechos humanos”
Organizaciones pro migrantes han criticado fuertemente la acción, señalando que es una “humillación” para los deportados.
El 19 de mayo expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) llamaron al gobierno chileno a “detener inmediatamente los planes de expulsiones colectivas de migrantes” pues, afirmaron, tienen “derecho a una evaluación individual y a permanecer en el país mientras se valora su situación de acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos”.
El Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales, le aseguró a BBC Mundo que “hay un mal entendido que a veces se da en los Estados respecto a las deportaciones: dicen que tienen derecho soberano a deportar y lo cierto es que hay una gran cantidad de limitaciones para hacerlo”.
“El principio de no devolución, el arraigo en el país, las relaciones familiares y problemas de tipo sanitario, son algunas de ellas”, explica.
El académico señala además que “cuando se hace gran aparataje de las deportaciones, se estigmatiza a los migrantes”.
“Puede haber una connotación de interés político porque se trata de mandar un mensaje a costa de los derechos de la población migrante. Y es muy complicado usar a los migrantes como moneda de cambio para satisfacer otros intereses”, asegura.
En la misma línea, la directora de Aministía Internacional en Chile, Ana Piquer, ha insistido en que los expulsados no son “propiamente migrantes”, sino personas que buscan “protección internacional” dada la fuerte crisis que atraviesan algunas de estas naciones, como Venezuela.
Frente a estas críticas, el subsecretario Galli le señaló a BBC Mundo que “en Chile no hay expulsiones masivas ni colectivas”.
“Cada caso de expulsión es analizado en sí mismo. Aquí no hay una voluntad del Estado de expulsar a cualquier costo o a cualquier persona, pero el Estado tiene que dar señales claras respecto de que el ingreso clandestino no está permitido en Chile, que es malo para el migrante y es malo para el país”.
Sobre los cuestionamientos a los derechos humanos, Galli asegura: “El desprecio por los derechos a las personas está dado por aquellos que incentivan el ingreso clandestino”.
La abogada Pilar Hazbun, en tanto, indica que el Estado tiene “el derecho de normar la forma en que ingresan, los requisitos para que permanezcan y en qué casos se pueden expulsar”.
“No puedes tener una ley de apertura ciega a la migración sin hacerte cargo de los temas”, señala.
El caso de Colombia
La postura de Chile contrasta con las políticas migratorias que otros países de la región han tomado con el fin de proteger a los migrantes, especialmente a los venezolanos.
De acuerdo con ACNUR, la agencia de la ONU para refugiados, hay 5,4 millones de venezolanos refugiados en distintos continentes, una de las crisis de desplazamiento más importantes del mundo.
El principal destino en Latinoamérica es Colombia, donde actualmente residen más de 1 millón 700 mil venezolanos.
Gran parte de ellos —cerca de 1 millón— está en una condición migratoria irregular. Pero a principios de mayo el gobierno decidió comenzar a implementar un Estatuto Temporal de Protección con el fin de resguardar a la población migrante venezolana que se encuentra en condición de vulnerabilidad.
Quienes se acojan a este beneficio podrán permanecer de manera regular en Colombia por un periodo de 10 años.
El trámite, completamente gratuito y en línea, ha sido catalogado por expertos como un “avance histórico” hacia los derechos humanos de los venezolanos, pues permitirá tener un registro universal de esta población y focalizar adecuadamente las ayudas estatales.
Para Felipe González Morales, Chile debería tomar una actitud similar.
“Tiene que buscar formas de establecer mecanismos de regularización de la población migrante. La crisis en Venezuela es real, entonces no es una cuestión de que te guste o no; es una crisis que afecta a la gente y por eso han salido 5 millones de personas en los últimos seis años. Lo otro es tapar el sol con un dedo”, dice.
Cabe recordar que Chile es de los pocos países latinoamericanos que decidió rechazar el pacto mundial sobre migración de la ONU en diciembre de 2018, al cual adhirieron 164 gobiernos. La razón que se entregó en ese momento fue que el pacto chocaba con las normas chilenas para tener una migración “segura, ordenada y regular”.
“Es una olla de presión”
Hay otra cifra que hay que tener en cuenta al momento de analizar el tema migratorio en Chile: de acuerdo con el Departamento de Extranjería y Migración de este país, el número de visas otorgadas para extranjeros ha disminuido considerablemente en los últimos tres años.
En 2018, por ejemplo, se otorgaron más de 438 mil mientras que en 2020, poco menos de 200 mil. Las permanencias definitivas también han disminuido, de aproximadamente 93 mil en 2018 a 74 mil en 2020.
Según el subsecretario Galli, esto se explica por el proceso de regularización que vivió Chile en 2018, pero también porque las solicitudes han disminuido.
Si bien Macarena Rodríguez coincide en que hay una “baja importante” en las solicitudes, afirma que esto no es por “falta de interés” sino por “dificultades” en el proceso.
“Hay una burocracia detrás de las solicitudes que es tremenda y eso hace que las personas no logren obtener regularidad migratoria”, dice.
“Tapar la realidad y devolver a los migrantes a sus países no es sostenible en el tiempo”, advierte.
“Esta es una olla de presión; hay personas que van a quedar en Chile sin posibilidades de regularizarse porque algunas van a ser expulsadas pero no todas. Y la irregularidad les hace muy mal, las metes en un círculo de informalidad que genera dinámicas complejas”, agrega.
Para Luis Eduardo Thayer, las autoridades chilenas están “errando el foco” con estas nuevas restricciones.
“Están mirando el modelo neozelandés, australiano y canadiense. Pero nosotros estamos en la región de donde provienen los migrantes y no es posible tener un control tan selectivo e ideal en términos de ideología”, indica.
“Su aplicación carece de realismo y visión de contexto”, añade, “y hay un aumento de la precariedad que es evidente en los sectores más marginales”.
Discriminación y estigmatización
Según una encuesta de la empresa de opinión pública Cadem, el porcentaje de chilenos que en febrero de este año creía que la llegada de extranjeros es “mala” para su país alcanzó un 60%.
Este número representa un aumento de 16 puntos desde julio de 2019 (44%) y es el porcentaje más alto desde diciembre de 2016.
De acuerdo con el análisis de expertos, estos resultados reflejan algo que está incubándose en la sociedad chilena desde hace un buen tiempo: la discriminación hacia el migrante.
“En Chile existe discriminación y racismo”, afirma Thayer.
Para el académico, Chile está poniendo por delante una política migratoria de frontera, descuidando la política de integración de los migrantes, que debería considerar un sistema educacional, de salud y territorial adecuada a los tiempos.
“Se ha dejado de lado algo muy importante para evitar que nos convirtamos en una sociedad que odia a los inmigrantes”, dice.
“Ver a los migrantes como una amenaza nos va a convertir en una sociedad sin cohesión social y menos igualitaria. Y ese es un problema que en este momento se está desconociendo”, agrega.
Por su parte, Patricia Rojas, presidenta de la asociación de venezolanos en Chile, afirma que existe una “campaña mediática para culpar a la migración de los problemas estructurales del país”. “Y eso, desde hace un año, vemos que ha calado en la psiquis de los chilenos”.
“Si tú le dices a las personas que el migrante viene a quitarles los puestos de trabajo, que estresa los servicios de salud, que no paga impuestos, que se dedica al comercio ambulante, los estigmatizas”, le indica a BBC Mundo.
Para ella, las expulsiones de cientos de personas están ayudando a que aumente esta discriminación y que, incluso, se “criminalice” a los migrantes, pues en un mismo avión mezclan a quienes son expulsados por razones administrativas con quienes lo son por razones penales.
Con todo, está por verse si con estas medidas el gobierno de Chile logrará su objetivo de “ordenar la casa” y desincentivar la migración ilegal.
Alejandra*, una venezolana que ingresó al país de manera clandestina el 31 de enero junto a su marido y sus dos hijos, es escéptica.
“Creo que las medidas que se están tomando son preventivas, pero se les va a ser muy difícil sacar a todos los venezolanos que hay aquí”, dice.
A pesar de su condición de ilegal, ya consiguió un trabajo como reponedora de un supermercado en la capital, Santiago, que le permitió arrendar una casa para ella y su familia, algo a lo que nunca imaginó que podría acceder tan rápido.
“Aquí sí hay oportunidades. Estuve en Perú antes y, aunque es un país que te abre las puertas para salir de la crisis en Venezuela, no te hace progresar, el título universitario no te sirve y la educación no es buena”, señala.
Aunque reconoce que tiene miedo a que la expulsen, asegura que ella y muchos venezolanos están dispuestos a hacer lo que sea por permanecer en esta nación.
“Todavía hay muchísima gente cruzando. Yo, por ejemplo, estoy esperando a mi mamá, a mi hermana y a mis cuatro sobrinos”.
*Daniela y Alejandra solicitaron el anonimato de sus nombres completos.
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