Santiago de Chile. Daniel Rojas Alvarez, un indigente chileno, demandó a un sacerdote de la Catedral de Santiago de Chile por haberlo drogado y violado en el recinto religioso y acusó al cardenal Ricardo Ezzati de encubrir el hecho ocurrido en el verano del 2015.
“El caso es terrible, inaceptable”, dijo el martes a la prensa Fernando Ramos, secretario general de la Conferencia Episcopal chilena, mientras el Arzobispado de Santiago admitió que recibió la denuncia contra el sacerdote Tito Rigoberto Rivera, quien no puede oficiar misas públicas desde el año pasado.
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La Iglesia Católica chilena no logra levantar cabeza desde hace poco más de un año, cuando estallaron decenas de denuncias de abusos sexuales de sacerdotes contra menores de edad, al punto que el papa Francisco afirmó en mayo que la iglesia local vive hace décadas “una cultura del abuso y el encubrimiento”.
La mayoría de los obispos chilenos renunciaron ante el Papa en mayo del 2018, quien confirmó la salida de siete de ellos, mientras los demás esperan para conocer su futuro. Uno de los miembros salientes es el arzobispo y cardenal Ezzati, quien presentó su renuncia en el 2017 --aunque aún no ha sido reemplazado-- y conocía lo sucedido al indigente, aseguró Rojas.
Rojas Alvarez, de 43 años, contó al canal 7 de la televisión estatal que hace cuatro años acudió a la Catedral de Santiago para pedir ayuda para comprar un medicamento para su hija, que padecía una infección urinaria.
“Yo fui violado en la Catedral de Santiago”, contó llorando.
Rojas denunció a Rivera pocos días después de ser abusado. “Saco fuerzas de flaqueza para hablar con usted... Yo lo único que buscó es verdad y justicia”, añadió.
El indigente, ubicado por la estación televisiva en una plaza capitalina, relató que el cura le dio un vaso con agua y que al poco rato se sintió débil y que veía cómo el religioso le bajaba los calzoncillos, lo besaba y lo violaba. “Empecé a llorar. A desesperarme. Una situación terrible, totalmente vulnerable, donde a una persona la ves bajándote el cierre”, señaló entre llanto.
Rojas demandó a Rivera y al Arzobispado por 350.000.000 millones de pesos (unos 530.000 dólares).
El Arzobispado de Santiago enfrenta otra demanda por una cantidad similar interpuesta por las tres víctimas de Fernando Karadima, el mayor cura pedófilo de la iglesia local conocido hasta ahora.
El indigente afirma que contó los hechos al cardenal Ezzati, quien le pidió rezar por el cura y le entregó 30.000 pesos (45 dólares), pidiéndole que no contara a nadie lo sucedido.
Ezzati niega haber encubierto abusos sexuales y hace meses no se refiere al tema, pero está citado como inculpado en un proceso contra otro cura que admitió sus abusos sexuales a menores.
Ante el nuevo escándalo que cae sobre la Iglesia Católica, el Arzobispado de Santiago emitió un comunicado el martes en el que admite que las primeras denuncias por abuso contra el sacerdote datan de mediados del 2011 y que no investigó porque “no fue posible contactar a la denunciante”.
La nota agrega que el cura fue sancionado canónicamente en septiembre de 2018 y que, pese a ello, “se iniciará una revisión exhaustiva para esclarecer todos los antecedentes que han sido conocidos públicamente”.
Ramos citó a rueda de prensa el martes para dar a conocer su viaje al Vaticano, donde asistió a la masiva reunión citada por Francisco para insistir a los obispos que deben prevenir los abusos de los religiosos contra menores y acoger a las víctimas, pero terminó abordando las acusaciones contra el sacerdote.
La abogada de Rivera, Sandra Pinto, ha negado todas las acusaciones y definió a su cliente como “una persona que ha tenido algunas conductas homosexuales y también heterosexuales, como la gran mayoría de los sacerdotes”.
Actualmente Rivera sólo puede oficiar misa en privado y acompañado de una persona mayor de 50 años y tiene prohibido reunirse con jóvenes.
Fuente: AP
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