El Parlamento de Chile avanzó este miércoles hacia la aprobación de una polémica Ley Migratoria, que propuso el conservador Sebastián Piñera para endurecer las fronteras y frenar la creciente ola de migración ilegal, y que ha recibido críticas de la oposición y la sociedad civil.
La ley, que todavía debe ser ratificada por la Cámara Baja, es una propuesta que el presidente llevó a cabo durante su primer mandato (2010-2014) bajo el lema de “ordenar la casa”, y busca modernizar la actual regulación migratoria chilena, la más antigua de Suramérica.
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La polémica giró en torno a varias disposiciones de la oposición que proponían la creación de una visa que permitiera ingresar al país para la búsqueda de oportunidades laborales.
La propuesta fue rechazada por el oficialismo, quedando impuesta la condición de ingresar a Chile con un visado consular -excepto en el caso de los turistas- y prohibiendo lo que el Gobierno calificó como “turismo laboral”.
“El objetivo es que el derecho que tienen las personas a migrar se haga de una forma regular, que se gestione desde el país de origen para evitar la problemática que daña a los que entran de una manera ilegal”, afirmó el ministro del Interior, Víctor Pérez, que intervino durante la votación en el Senado.
En Chile, un país que hasta el inicio de las protestas del pasado octubre era muy atractivo para migrar por su estabilidad política y económica, hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7% de la población.
Los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos, según el Departamento de Extranjería y Migración (DEM).
La aprobación de esta nueva ley significaría la renovación de la actual política migratoria chilena, diseñada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando el país apenas recibía migrantes, y que se ha ido actualizando con los años pero sin grandes cambios estructurales.
Un repunte de migración clandestina
La discusión del proyecto estuvo parada durante siete años y se retomó hace unos meses, coincidiendo con un repunte de migración ilegal que se acrecentó el pasado marzo, tras el cierre de fronteras que decretaron las autoridades para evitar la propagación del nuevo coronavirus.
Mientras que para el oficialismo, esta nueva ley es la vía para enfrentar este fenómeno migratorio, la oposición estima que el endurecimiento de las fronteras termina siendo la causa de que los migrantes crucen por pasos no habilitados.
“El aumento de la migración irregular es consecuencia de la actual política migratoria que no logra una armonía. Me parece muy grave que se intente decir que esta ola tenga relación con la discusión de esta ley”, aseguró la senadora socialista, Isabel Allende.
En la norteña región de Tarapacá (a 1.700 km de la capital) que colinda con Perú y Bolivia, las autoridades locales alertaron en las últimas semanas de un alto flujo de migración clandestina y exigieron colaboración al Ejecutivo para atender a los migrantes, que deben hacer una cuarenta preventiva para evitar la propagación de la COVID-19.
Según la Brigada Investigadora de Trata de Personas de Chile (Bitrap), el tráfico ilegal de inmigrantes se multiplicó por 14 desde 2017 y en lo que va de año más 5.000 personas han ingresado al país de forma irregular.
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