El Congreso de Colombia aprobó este jueves el plan de impuestos del presidente Gustavo Petro, que endurece la carga sobre las personas de mayores ingresos y los sectores de las minas y el petroleo.
“Fue APROBADA la conciliación de la Reforma Tributaria en plenaria de la Cámara (de representantes) con 122 votos a favor (y 27 en contra). Quedó lista para sanción presidencial”, celebró en Twitter el ministro del Interior, Alfonso Prada.
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La iniciativa permitirá recaudar unos 20 billones de pesos (USD 4.000 millones) en 2023, equivalentes a un 1,7% del PIB.
Los recursos serán destinados a los programas sociales que alienta el primer gobierno de izquierda de Colombia.
“Buscará romper la inercia de desequilibrio que pone a Colombia como uno de los 10 países más desiguales del planeta”, explicó el Ministerio de Hacienda en un comunicado.
Con la aprobación de esta reforma se elevarán los impuestos a las personas con ingresos mensuales por encima de los 10 salarios mínimos (unos USD 2.000).
También fijó una sobretasa al impuesto de renta que podría ascender hasta un 15% para el sector petrolero y al 10% para el del carbón, dependiendo de los precios internacionales.
La mitad del recaudo esperado vendrá de impuestos a empresas minero-energéticas.
El gremio alega que su tasa efectiva de tributación podría llegar hasta un 70%, comprometiendo la viabilidad de un sector que responde por el 57% de las exportaciones de Colombia.
El gobierno, por su parte, sostiene que la tasa actual es ligeramente inferior al 30% y ascenderá hasta un máximo de 63%.
La reforma tributaria también contempla un impuesto al carbono que grava la gasolina y otros combustibles con una tarifa que ronda entre los 3 y 4 centavos de dólar por galón. Estos ingresos serán destinados a programas ambientales.
Petro asumió el poder en agosto con un plan de reformas profundas que apuntan a fortalecer al Estado, reducir la pobreza que castiga al 39% de los 50 millones de colombianos y acortar la brecha entre ricos y pobres, la más amplia de la región según el índice de desigualdad de Gini.
También prometió dejar atrás el modelo extractivista para transitar hacia la producción agrícola y el turismo.
El mandatario recibió unas finanzas duramente golpeadas por la pandemia, con un déficit fiscal equivalente al 5,6% del PIB para este año y una deuda pública que ronda el 56,5%.
También enfrenta una inflación que en octubre llegó al 12,2% interanual, la más alta en más de dos décadas.
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