Matan a 7 policías en una emboscada en Colombia: ¿cómo afectará a la política de “paz total” de Petro?

Al menos siete policías murieron y uno resultó herido gravedad este viernes en un ataque en una zona rural de San Luis, en el Departamento de Huila, en el oeste de Colombia, en el mayor atentado registrado en el país desde que llegó al poder Gustavo Petro.

Según los reportes iniciales, los agentes estaban llegando a su estación cuando al parecer fueron atacados con ráfagas de fusil y explosivos.

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No están claros de momento los motivos del ataque ni qué grupo está detrás.

En un principio se había informado de la muerte de ocho agentes, cifra que luego se rebajó al saberse que un agente había sobrevivido.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, que viajó hasta el luga del atentado en la noche del viernes, rechazó el ataque y señaló que este tipo de actos sabotean “la paz total” propuesta por su gobierno.

“Rechazo contundentemente el ataque con explosivos donde murieron 8 policías en San Luis, Huila. Solidaridad con sus familias. Estos hechos expresan un claro saboteo a la paz total. He pedido a las autoridades desplazarse al territorio para asumir la investigación”, escribió en Twitter.

Este es el primer gran atentado contra fuerzas del orden que tiene lugar desde que el mandatario anunció su plan de buscar un acuerdo de paz con los grupos ilegales armados.

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Petro ha reabierto el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), reconocido como el último grupo guerrillero organizado que opera en Colombia.

Su predecesor, el conservador Iván Duque, había interrumpido las conversaciones de paz luego de un atentado con coche bomba en 2019 en una academia de policía en Bogotá que dejó 22 muertos.

Petro también ha propuesto un alto el fuego “multilateral” con los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que depusieron las armas y firmaron un acuerdo de paz en 2016.

El presidente ha buscado una política de “paz total” para poner fin a seis décadas de conflicto que también involucra a narcotraficantes.

Algunas facciones disidentes y traficantes vinculados al poderoso Clan del Golfo han mostrado interés en sumarse al alto el fuego.

El diario El Tiempo señala que, según la información preliminar que se ha recibido de los campesinos de la región, los atacantes “al parecer activaron un campo minado al paso de los uniformados y luego los remataron con ráfagas de fusil”.

Las autoridades de Colombia informaron que enviaron al lugar refuerzos y grupos de socorro para recuperar los cuerpos de los fallecidos, que se encuentran en una zona rural de difícil acceso.

El director de la Policía Henry Sanabria Cely dijo en Twitter que se desplazará al Huila “de manera inmediata con todas las capacidades institucionales para verificar y acompañar a nuestros policías”.

Por su parte, el presidente del Senado colombiano, Roy Barreras, rechazó “con dolor” el asesinato “cobarde” de los policías en un mensaje en redes sociales.

“Los matan en emboscada. El maldito narcotráfico mata servidores públicos humildes. Luto en sus familias y en la familia colombiana. Esos que no dejan de matar solo merecen la más fuerte respuesta del Estado”, dijo.

Antes de desplazarse al lugar del atentado, Petro ordenó a los ministros de Defensa, del Interior y al director general de la Policía Nacional que instalaran un puesto de mando unificado en Huila para tomar decisiones frente al ataque.

La Fiscalía, por su parte, informó que un equipo de peritos e investigadores se desplazará al lugar para investigar lo sucedido.

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Este es el ataque más grande en contra del Estado desde que Petro llegó al poder, hace poco menos de un mes. Y las consecuencias pueden ser de gran magnitud.

Primero, porque el objetivo del mandatario de firmar acuerdos de paz con los grupos armados queda en un mal lugar políticamente: si los grupos matan policías, sentarse con ellos a negociar es cuanto menos una torpeza ante la opinión pública. Pero también sería un desplante al cuerpo civil encargado de cuidar a los colombianos.

Los ataques a la Fuerza Pública pueden ser vistos como maneras de intimidar de los grupos armados en la antesala de un proceso de negociación. El problema es que mientras haya colombianos muriendo por la violencia hablar de paz negociada es para muchos una utopía irrealizable. Y un desplante a las víctimas.

Aunque aún no se sepa si el ataque a la policía fue perpetrado por el ELN o las disidencias de las FARC o el Clan del Golfo, la sensación que genera es que Petro, incluso con la legitimidad intacta del recién elegido, no puede contener la violencia.

La segunda consecuencia es sobre el estado de ánimo de las Fuerzas Armadas, que ya han mostrado escepticismo por los planes en seguridad de Petro y dudan de que algo distinto a la mano dura pueda disminuir la acción de los grupos ilegales.

El malestar con Petro en los cuarteles parece haberse recrudecido cuando el nuevo mandatario nombró ministro de Defensa a un viejo enemigo de los militares, luego hizo la purga de generales más grande de la historia reciente y después anunció que dos de las estrategias más aceptadas dentro del mundo militar, los bombardeos y la erradicación forzada de cultivos ilícitos, serán reformadas.

Un tercer efecto del ataque es político: cuando el deterioro de la seguridad se profundiza, para Petro será más difícil mantener su coalición en el Congreso y los medios y la oposición tendrán más argumentos para atacarlo.

Once de las 72 masacres que se habían reportado este año hasta ahora ocurrieron en este último mes con nuevo gobierno.

Un mes, además, que dejó claro cuál es la principal prioridad de Petro: la paz, un objetivo ambicioso a juzgar por los casi 30 grupos armados ilegales distintos que operan en el país.