Las cifras no mienten: en el 2018, 164 activistas del medio ambiente murieron asesinados. En el 2019, la cifra subió a 212, mientras que, el año pasado, 227.
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Estas muertes son sostenidas. Según “Nature”, entre el 2002 y el 2017, “fueron asesinados más de 1.558”.
Y de todas las latitudes, América Latina parece ser la más peligrosa para este tipo de activismo. Lo es, de hecho, desde hace varios años.
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La Deutsche Welle recuerda que, para el 2018, entre los seis primeros lugares de la lista de países en los que murieron más ambientalistas, destacaban Colombia, Brasil y México.
Y los resultados parecen invariables.
Global Witness es la ONG que se encarga de armar dicha nómina. Según su última entrega, las 227 víctimas del 2020 se registraron, mayoritariamente, en Colombia y México.
Por eso, en este artículo, recordamos a los dos países que, en el 2020, se situaron en la cúspide de la lista: Colombia y México.
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COLOMBIA: ENTRE EL ESTADO Y LAS NARCOGUERRILLAS
El país cafetero mantiene el primer puesto por segundo año consecutivo con 65 muertes.
La agencia AFP conversó con Celia Umenza, líder indígena que defiende el agua frente a los estragos de la minería, y quien ha sobrevivido a tres atentados contra su vida.
“Tenemos las amenazas de la misma represión del gobierno, la represalia de guerrilla y también de los paramilitares”, cuenta.
Umenza recuerda que la última vez que intentaron matarla fue en el 2014, cuando dispararon contra el carro en el que ella se transportaba.
¿Cómo se explica que ella siga combatiendo?
Lo que la lideresa de 48 años narró fue que, en los 70, los pueblos del Cauca “se organizaron contra los grandes cultivadores de caña”, a quienes acusaron de “desterrarlos” de sus tierras para “expandir su negocio”.
Pero no tuvieron éxito y la flora y fauna de la zona fue desapareciendo. Incluso, como la caña necesita mucha agua, se fueron “secando los arroyos de la parte alta de la cordillera”.
Y pobre de aquel que se enfrente a estos negociantes inescrupulosos: el año pasado, 34 asesinatos estuvieron ligados a la lucha contra la minería -que “contamina el agua con mercurio”- y los agronegocios -cuyos “pesticidas empleados en los cultivos ilegales de marihuana envenenan los suelos”-.
“Ambos negocios alimentan a disidentes del pacto de paz firmado por la disuelta guerrilla FARC en 2016, rebeldes del ELN y bandas de origen paramilitar”, escribe AFP.
Según Global Witness, entre todas las víctimas que se registraron en el 2020, hay “varias condiciones” similares: por ejemplo, el “70% de ellas trabajaban para frenar la deforestación”.
Además, los gobiernos no están protegiendo a los activistas: “en muchos casos perpetran violencia contra ellos directamente y en otros podrían ser cómplices de empresas”.
Pero la lista de Global Witness no es la única en la que Colombia se lleva el primer puesto.
El año pasado, un informe de las Naciones Unidas determinó que el país sigue siendo el lugar de América Latina “donde se asesinan a más defensores de derechos humanos”.
MÉXICO, UN CASO SIMILAR
El segundo puesto de la lista es México, con 30 muertes.
Al respecto, la agencia AFP escribe que los “ataques aumentaron un 67%” con respecto al año anterior, y comparte un caso:
“El pueblo Kumiai se organizó para denunciar que una empresa cervecera estaba acaparando el agua potable de su región. Oscar Eyraud, uno de sus líderes, fue asesinado en septiembre del año pasado”.
Según AFP, un grupo de personas llegó a su casa y lo mató con “armas largas”. A la fecha, las investigaciones, según un allegado a la víctima, “no avanzan”.
Según Reforma, el 95% de este tipo de casos “no dan lugar a ningún enjuiciamiento”.
Valdría recordar que, en abril de este año, se publicó el informe “Semillas de Dignidad y Lucha. Situación de Personas Defensoras en México, 2019-2020”, de la Red TDT, en el que se recogieron 45 asesinatos de activistas de todo tipo.
Allí se determinó que fueron varios los involucrados en poner fin a la vida de los defensores: “agentes del Estado, empresas o crimen organizado -muchas veces en colusión con las mismas autoridades-”.
Casos hay por montones.
Se recuerda a Samir Flores, quien denunció “el impacto medioambiental de una planta hidroeléctrica en Morelos”. Él fue baleado “tres días antes de la consulta” que el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó “sobre la central energética”.
También está Rodolfo Díaz Jiménez, quien fue asesinado en una emboscada en Oaxaca. “El activista se había posicionado contra el presidente municipal y lo acusaba de haber invalidado una elección válida en 2019”, escribe “El País”.
Cinco ambientalistas también pagaron con su vida el oponerse a la presa hidroeléctrica en el río Verde, en Paseo de la Reina. Uno de ellos fue Fidel Herreras, de 41 años, quien era parte “del movimiento de defensa del río que regaba las cosechas de maíz y frijol, en el que pescaba su abuelo y nadaba él de joven”.
En declaraciones para “El País”, Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, sostuvo:
“La percepción de que es posible asesinarlos y así debilitar el activismo en defensa de los derechos humanos se ve fortalecida con cada asesinato que permanece en la impunidad”.
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