El Parlamento chileno extendió este miércoles el estado de excepción que rige en cuatro provincias del sur entre reclamos por un mayor despliegue militar en la zona, epicentro del denominado “conflicto mapuche”, que enfrenta a radicales indígenas, grandes forestales y el Estado.
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Por 31 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, el Senado dio el visto bueno a la medida, que durante la mañana fue aprobada en la Cámara Baja, con 100 votos a favor, 19 en contra y 13 abstenciones.
El estado de excepción regirá así durante 15 días más, hasta el 15 de julio, en cuatro provincias de las regiones de Araucanía y Biobío que han sufrido una escalada de violencia en el último año con constantes ataques a maquinaria, incendio a predios y viviendas, robo de madera y tiroteos con víctimas mortales.
La votación en la Cámara Baja se caracterizó por los desmarques de la derecha, con parlamentarios que exigieron endurecer la medida -una figura que permite desplegar a los militares para el control del orden público- con más dotación y poderes para las Fuerzas Armadas.
Pese a que prometió que no lo haría y criticó a su predecesor, Sebastián Piñera, por mantener militarización del sur durante seis meses, el presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó poco después de tomar posesión el estado de excepción.
Como novedad, lo instauró de manera “acotada”, militarizando solo las rutas principales.
“No nos sirve un estado de excepción que solo cubre algunas vías porque los atentados siguen sucediendo justamente donde no llega el despliegue policial. Necesitamos que se ataquen directamente el problema del terrorismo”, dijo durante el debate la parlamentaria del Partido Republicano (ultraderecha), Gloria Naveillan.
“Estamos viendo que, si bien se han minimizado las acciones de terrorismo, todavía hay una ausencia de voluntad real y política para proteger a la ciudadanía”, agregó por su parte el diputado de Evópoli (centro derecha), Francisco Undurraga.
Según el Ejecutivo, la medida ha logrado reducir la gravedad y el número de los eventos de violencia rural en un 30 %, con descensos en la cifra de camiones incendiados, usurpaciones violentas y eventos con armas de fuego.
“Cuando las herramientas que usamos para enfrentar los hechos de violencia funcionan y tienen resultados, esperamos que sean acogidas por los parlamentarios sea cual sea el sector”, esgrimió durante la jornada la portavoz de Gobierno, Camila Vallejo.
En La Araucanía y otras zonas del sur de Chile existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuche radicales y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.
Tanto parte de la izquierda como los movimientos indígenas sostienen que la militarización solo pone más tensión sobre el conflicto y defienden que son necesarias medidas más transversales y de largo plazo.
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