La Corte Suprema de Chile revocó la tarde de este martes la libertad condicional sancionada en favor del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Francisco Jones Huala, ciudadano argentino condenado por delitos de incendio y porte ilegal de armas ocurridos en 2013.
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En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal chileno rechazó el recurso de amparo ingresado por la defensa de Jones Huala, documento con el que el activista pudo acceder al beneficio el pasado 21 de enero pese a la negación de la Comisión de Libertad Condicional en primera instancia.
De esta manera, el líder de la RAM, que terminaba de cumplir condena en 2024 por delitos cometidos en la Región de los Ríos en el fundo Pisu Pisué -más de 900 kilómetros al sur de Santiago-, deberá volver a reclusión en el Centro Penitenciario de Temuco, pero su paradero es hasta ahora desconocido.
“Nos queda encontrarlo, ponerlo donde corresponde, que es privado de libertad para que cumpla su condena en nuestro país”, señaló el subsecretario del Interior chileno, Juan Francisco Galli.
Según el tribunal, “los referidos avances en su proceso de reinserción social no se observan en el caso presente”, por lo que se mantiene la primera resolución de la Comisión de Libertad Condicional de octubre del año pasado.
Los hechos por los que Jones Huala fue condenado a nueve años de cárcel efectiva se remontan a enero de 2013, cuando junto a un grupo de encapuchado armados redujo al cuidador de predio Pisu Pisué y a su familia para luego quemar su residencia.
Meses después de este acto y tras varias solicitudes de extradición entre Chile y Argentina, Jones Huala escapó a su país natal.
En el sur de Chile existe hace décadas el llamado “conflicto mapuche”, que enfrenta a comunidades indígenas con empresas agrícolas y forestales que explotan tierras consideradas ancestrales.
El pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, reclama las tierras que habitaron durante siglos, antes de que fueran ocupadas a la fuerza por el Estado chileno a fines del siglo XIX en un proceso conocido oficialmente como la “Pacificación de La Araucanía” y que ahora pertenecen en su mayoría a empresas forestales en manos de los grupos económicos más poderosos del Cono Sur.
En este contexto, son frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y predios y el conflicto ha costado la vida a un gran número de comuneros mapuches a manos de agentes del Estado, registrándose además la muerte de policías y huelgas de hambre de presos indígenas.
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