Tras la masacre de nueve manifestantes leales al expresidente de Bolivia Evo Morales ocurrida el viernes, los productores de la hoja de coca del Chapare realizaron la noche del sábado un cabildo en el que acordaron dar un plazo de 48 horas para que renuncie la mandataria interina Jeanine Áñez, o realizarán un bloqueo nacional e indefinido de carreteras hasta que su exigencia sea escuchada, informó el diario “El Deber”.
La reunión de los seguidores de Evo Morales se llevó acabo en la carretera de Sacaba, en el mismo lugar donde eran velados los cuerpos de cinco de los nueve cocaleros fallecidos antes de ser trasladados al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), en la ciudad de Cochabamba, para los exámenes forenses que posteriormente determinaron que murieron tras ser alcanzados por balas.
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Además de pedir la renuncia de la presidenta Áñez en 48 horas, los cocaleros demandan el repliegue inmediato de las Fuerzas Armadas de Sacaba para evitar más muertes.
También piden la liberación de los detenidos y “que se acabe la persecución e intimidación de todos los dirigentes”, que aseguran han sido arrestados injustamente.
--23 muertos--
Los sucesos de mayor violencia de la crisis en Bolivia, que se originó a partir de las elecciones generales del pasado 20 de octubre, se produjeron este viernes en la ciudad de Sacaba, en la región central de Cochabamba.
En ese choque entre cocaleros seguidores de Evo Morales y policías y militares murieron nueve manifestantes mientras que otros 115 resultaron heridos, según un reporte de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba a Efe.
“Mi cuñado murió con tres impactos de arma de fuego. Deja una niña de dos años en la orfandad. Pedimos justicia para nuestro hermano. Él vino de Villa 14. Allá tenía su cato de coca. Por eso salió a marchar”, contó uno de los familiares de Armando Carballo (25), una de las víctimas fatales de los enfrentamientos, de acuerdo con el diario “La Razón”.
Nelson Cox, representante de la Defensoría del Pueblo, dijo que realizó una visita a diferentes hospitales de Cochabamba y no encontró a funcionarios policiales y militares heridos.
Sin embargo, el comandante departamental de la policía, Jaime Zurita, señaló que existen varios policías heridos por quemaduras ocasionadas tras la explosión de bombas molotov y dinamitas.
Nelson Cox mantuvo que lo que hubo en realidad en Sacaba fue una “arremetida” de las fuerzas de seguridad contra la población civil en protesta y que prueba de ello es que los muertos tienen impacto de municiones letales.
El Gobierno transitorio de Bolivia ordenó este sábado una investigación de los sucesos y abrigó la hipótesis de que varios de los fallecidos murieron por disparos que supuestamente provinieron del lado de los manifestantes.
La Policía y las Fuerzas Armadas realizan operativos conjuntos desde el pasado lunes para mantener el orden en Bolivia, tras el caos en que se sumió el país después de que el día antes Morales anunciara su renuncia.
Evo Morales hizo ese anuncio después de que un informe revelara graves irregularidades en los comicios del 20 de octubre tras los que fue proclamado vencedor entre denuncias de fraude electoral.
--Decreto cuestionado--
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al nuevo gobierno de Bolivia por emitir un decreto que “exime de responsabilidad penal” a los militares que participan en los operativos para restablecer el orden interno, en momentos en que el país pasa por una convulsión que ya ha dejado 23 muertos.
“El grave decreto desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta... y contraviene la obligación de los estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos”, sostuvo el organismo a través de Twitter.
The Associated Press intentó infructuosamente contactar a alguna autoridad de Bolivia en busca de comentarios al respecto.
La norma fue aprobada el viernes.
“No es una licencia para matar de las Fuerzas Armadas”, aseveró el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, en conferencia de prensa. Explicó que el decreto se basa en el Código Penal, que señala que “si uno se defiende en defensa propia no tiene pena, precisamente eso ratifica lo que ya está establecido”.
Justiniano consideró increíble que la CIDH se haya pronunciado tan rápido respecto al decreto cuando hay otros temas por los que aún no contesta.
“Nosotros lo que queremos con este decreto es contribuir a la paz social, garantizar que se establezca un orden social”, agregó.
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