En la mañana de este viernes se fugó de la cárcel La Picota, de Bogotá, una de las más custodiadas del país, Deimer Sánchez Montejo, alias Meme, un hombre de 27 años de edad que había ingresado a ese penal en junio del año pasado.
Su fuga se convirtió en una nueva crítica entre las que han rodeado ese penal este año, pues en marzo se había fugado también Juan Lárinson Castro, alias Matamba, un narcotraficante aliado del ‘clan del Golfo’.
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‘Matamba’, quien murió en mayo en un enfrentamiento durante su recaptura, se fugó del penal con un uniforme del Inpec y con ayuda de dragoneantes, según la Fiscalía; en cambio Sánchez aprovechó su delgadez para pasar por un ducto y escapar de la celda 43 del pabellon 28, y después romper una de las mallas del penal para salir al exterior.
”Lo que pasó hoy es sorprendente, por un ducto, por un tubo del tamaño de un extractor de aire, salió el interno; afuera rompió la malla y como estaban en obras de la malla vial, se arrastró en los huecos y por ahí salió”, indicó el general Tito Castellanos, director del Inpec.
Ahora mismo las autoridades realizan los operativos para su recaptura y se monitorea la vía Bogotá-Cali. “Hicimos un acordonamiento de toda la malla perimetral, estamos verificando ellos qué vieron. Todo es materia de investigación pero tenemos buenos indicios y esperamos lograr en un tiempo no mayor a dos días dar con la recaptura”, señaló el director del Inpec.
De acuerdo con registros judiciales, Sánchez Montejo, conocido como alias Meme, tiene una condena de 24 años y 4 meses de cárcel por concierto para delinquir; fabricación, tráfico o porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares, secuestro simple, tentativa de homicidio y homicidio agravado.
Por esos hechos fue condenado por el Juzgado 5 Penal del Circuito Especializado de Cúcuta el 25 de marzo del 2022, según los registros del Juzgado de Ejecución de Penas que ahora supervisa el cumplimiento de su condena.
Su nombre aparece en una investigación de la Fiscalía sobre la masacre de El Tarra, en Norte de Santander, ocurrida el 30 de julio de 2018 y que dejó 10 personas asesinadas, entre ellas cuatro excombatientes de las Farc y un líder social.
Según informó en noviembre de 2019 el ente acusador, ‘Meme’ era, para la fecha de los hechos, “el líder de la comisión de la masacre de El Tarra”, pero fue capturado por hechos aislados relacionados con la masacre.
No obstante, el general Castellanos manifestó que el interno aparece en los registros del Inpec como sindicado, es decir, como una persona que no ha recibido condena, y que fue trasladado a Bogotá desde Cali.
Precisamente por ser un sindicado, dijo Castellanos, el interno había sido ubicado en un pabellón de mediana seguridad en donde están otras personas en esa misma situación jurídica.
En efecto, en la cartilla biográfica del interno, conocida por este medio, Sánchez Montejo, quien nació en Teorama, Norte de Santander, el 7 de marzo de 1995, aparece en situación jurídica de sindicado a cargo del Juzgado 13 Penal Municipal de Cali.
Esta cartilla dice que en ese juzgado es investigado por secuestro simple, homicidio agravado, administración de recursos relacionados con actividades terroristas, utilizacion ilegal de uniformes e insignias, terrorismo, concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; y administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada.
En esta ficha también se registra otro proceso, ante el Juzgado 24 Penal Municipal de Cali, por homicidio; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, secuestro simple y concierto para delinquir.
Frente a la fuga del hombre, la Procuraduría General le pidió al director del Inpec, el general Castellanos, remitir un informe urgente que precise circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho, así como adoptar las medidas para prevenir que esta situación se repita.
Cambios en el Inpec aún no están en la agenda del Pacto Histórico
El presidente electo, Gustavo Petro, ha insistido en la necesidad de hacer una reforma del Inpec pensada en que los centros de reclusión tengan un enfoque de justicia restaurativa.
Lo ha hecho desde campaña y cuando ocurrió el incendio de la cárcel de Tuluá, el cual sucedió hace un mes y dejó más de 50 reclusos muertos.
”El Estado colombiano ha mirado la cárcel como un espacio de venganza y no de rehabilitación”, dijo en ese momento el presidente electo, y agregó que “lo acontecido en Tuluá, como la masacre en La Modelo, obliga a un replanteamiento completo de la política carcelaria de cara a la humanización de la cárcel y la dignificación del preso”.
Sin embargo, hasta ahora los miembros del futuro gobierno, así como las cabezas del Pacto Histórico no han contemplado este proyecto dentro de los primeros del paquete legislativo que se presentarán.
De hecho, entre los temas prioritarios que se han abordado durante las cumbres del Pacto Histórico, que se han realizado en Medellín y en Santa Marta, tampoco se ha contemplado.
Pero esto no significa que no se vaya a trabajar, teniendo en cuenta que el futuro gobierno de Petro ha priorizado una agenda y quiere que en el primer semestre legislativo se aprueben reformas de fondo planteadas desde la campaña, como la reforma tributaria, la llamada ley contra el hambre y reformas del Congreso.
Quien también ha hablado de la reforma del Inpec es la vicepresidenta electa, Francia Márquez, quien durante la campaña, en uno de los debates organizados por este diario, dijo que es necesario tener unas nuevas lógicas, pues, a su modo de ver, el sistema carcelario “no resocializa a nadie” y, por el contrario, “degrada” a las personas que son encarceladas.
Al igual que Petro, Márquez considera que el Estado les ha dado la espalda a los presos. “Hay que repensar las formas de resocialización, formas comunitarias, de justicia preventiva”.
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