La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, quemó sus últimos cartuchos frente a la comisión del Senado que la juzga por supuestos delitos fiscales y alertó otra vez sobre el “golpe” que supondría su posible destitución.
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“Brasil no merece sufrir una nueva ruptura democrática”, afirmó la mandataria, suspendida de sus funciones desde el pasado de 12 de mayo para responder a un juicio político, en una carta dirigida a la comisión del Senado responsable del proceso.
Rousseff tenía hoy la oportunidad de presentarse personalmente ante la comisión, pero optó por enviar a su abogado, José Eduardo Cardozo, quien leyó la carta en la que insiste en que “se juzga a una persona inocente”.
Cardozo admitió que le recomendó a Dilma Rousseff que no comparezca pero no aclaró las razones, explicadas por el senador Lindbergh Farias, del Partido de los Trabajadores (PT).
“Le pedimos que no venga a este juego de cartas marcadas para no legitimar un golpe”, declaró Farias, quien generó así protestas de la mayoría de los miembros de la comisión de 21 senadores que se inclina por la destitución.
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La senadora Simone Tebet, quien ya ha manifestado su convicción sobre la culpabilidad de Rousseff, afirmó en respuesta a Farias que la comisión ha acumulado “más de 200 horas de trabajo” en las que ha escuchado a 39 testigos y agregó que eso “no puede ser tildado de fraude y mucho menos de golpe”.
En la carta, Dilma Rousseff insiste en que es “una persona inocente” y utiliza precisamente las palabras “farsa”, “fraude” y “golpe” para referirse al proceso.
En la misiva, de 32 páginas, Rousseff defiende el mandato que le otorgaron “54 millones de votos” en 2014, cuando fue reelegida, y se describe como “una mujer honesta, una funcionaria pública dedicada y una luchadora por las causas justas”.
Afirma que ejerció ese mandato “de forma digna y honesta” y que “jamás” desvió “un solo centavo del patrimonio público” para su propio enriquecimiento o el de terceros.
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También hace un repaso de su vida política, que inició en su juventud con grupos que resistían a la dictadura que gobernó Brasil entre 1964 y 1985, y asegura que “nunca” dejó de luchar por la democracia y por “la construcción de una sociedad más justa”.
Tras varias páginas de contenido puramente político, entra en el mérito de las acusaciones e insiste en que no tienen base legal y constituyen una “farsa política y jurídica”.
Dilma Rousseff pide a los brasileños que “le digan no a aquellos que, con una absoluta falta de escrúpulos, se valen de la traición, de la mentira, el embuste y el golpismo, para hipócritamente llegar al poder”.
Aunque no lo cita directamente, parece aludir así a Michel Temer, su antiguo vicepresidente, quien la sustituye desde el pasado 12 de mayo y heredaría definitivamente su mandato si fuera destituida.
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La mandataria está acusada de diversas irregularidades fiscales, que incluyen la firma de decretos que alteraron los presupuestos sin autorización del Congreso, y de haber contratado créditos para el Gobierno con la banca estatal, todo lo cual está prohibido por las leyes que rigen el uso del dinero público.
Esas irregularidades fueron constatadas por organismos auditores del Estado y confirmadas parcialmente en un análisis realizado por expertos del Senado a pedido de la propia defensa de la mandataria.
Sin embargo, Dilma Rousseff insistió en que no tuvo responsabilidad directa en ninguno de esos asuntos e insiste en su inocencia.
También asegura que seguirá “luchando para que suene el alerta democrático de que no es con una destitución inconstitucional de un Gobierno legítimo, por medio de un golpe de Estado apoyado en la farsa y construido en una falsa retórica jurídica, que vendrán días mejores para el país”.
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Con la sesión de hoy, concluyó la fase de producción de pruebas y se abrió un plazo para la presentación por escrito de los últimos alegatos de la defensa y la acusación, que servirán como base para la elaboración de un informe final sobre el caso.
Ese informe será presentado a la comisión el próximo 2 de agosto y luego remitido al pleno del Senado, donde deberá ser votado el día 9 de ese mismo mes.
Si en esa instancia fuera aprobado por una mayoría simple de 41 votos entre los 81 posibles, la Corte Suprema volverá a convocar al pleno del Senado para una última sesión, en la que Dilma Rousseff sería destituida si lo respaldase una mayoría calificada de 54 senadores (dos tercios).
De llegarse a ese extremo, Temer concluirá el mandato que vence el 1 de enero de 2019, pero si Rousseff fuera absuelta, recuperará el poder una vez que se publique la sentencia.
Fuente: EFE
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