Continúa el motín en cárcel de Ecuador con 57 policías y guardias retenidos por los presos

Un grupo de 57 policías y guardias carcelarios continúa este jueves retenido dentro de la cárcel de la ciudad andina de Cuenca, en Ecuador, donde desde el miércoles los presos están amotinados contra las intervenciones de las fuerzas estatales para desarmar a las bandas criminales que controlan internamente las prisiones.

En una rueda de prensa, el ministro del Interior, Juan Zapata, detalló que entre los retenidos hay 50 guardias y 7 policías dentro de la cárcel de Turi, como también se le conoce a la prisión de Cuenca, capital de la andina provincia de Azuay, situada en el sur de Ecuador.

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En redes sociales se hizo viral un vídeo grabado presuntamente desde dentro de la cárcel de Cuenca, aparentemente, por parte de los policías y guardias carcelarios retenidos donde hacen un llamamiento al Gobierno para encontrar una solución que permita su liberación.

En esta grabación, uno de los portavoces, que se identifica como el teniente de Policía Alonso Quintana, solicitó al Ejecutivo que “no tomen decisiones que atenten contra los derechos humanos de las personas privadas de libertad”, mientras que otra persona, con el uniforme de los guardias penitenciarios, dice que son unos 30 funcionarios de prisiones en esta situación.

Alrededor del centro de reclusión hay desplegados 400 militares y 200 policías que desde el miércoles permanecen sin ingresar al interior del recinto.

“Estamos preocupados por la seguridad de nuestros funcionarios, tanto policías como agentes penitenciarios”, reconoció Zapata, quien afirmó que las autoridades manejan una línea de acción para salvaguardar la integridad de los retenidos, si bien dijo que no podía revelarla por seguridad.

El motín en la cárcel de Cuenca, denominada oficialmente como Centro de Privación de Libertad Número 1, se inició como protesta contra la intervención que la Policía y las Fuerzas Armadas realizaron el miércoles a la cárcel de Latacunga, de la provincia andina de Cotopaxi.

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Simultáneamente también se reportó otro motín en la cárcel de Azogues, capital de la provincia de Cañar, colindante con Azuay, sin que de momento las autoridades haya señalado que existan personas retenidas por los presos en su interior.

El operativo en la prisión de Latacunga buscaba requisar armas en poder de los presos, lo que dio como resultado la incautación de 49 armas blancas, dos chalecos antibalas, una munición, 85 dólares, trece galones (49,2 litros) de alcohol artesanal, 39 terminales móviles, cinco chips de telefonía y cuatro tarjetas micro SD adicionales.

Las tres cárceles (Latacunga, Cuenca y Azogues) están presuntamente controladas por la banda criminal Los Lobos.

La intervención en Latacunga se sumó a otras similares realizadas en semanas anteriores en el complejo penitenciario de Guayas, un conjunto de cinco prisiones que albergan a unas 12.300 personas, donde se halló un arsenal de guerra compuesto por fusiles, granadas, lanzagranadas, explosivos y miles de balas, entre otros objetos prohibidos.

El objetivo de estas requisas es desarmar a las bandas criminales que controlan internamente los centros carcelarios de Ecuador y detener la serie de masacres por enfrentamientos entre estos grupos que han dejado más de 400 presos asesinados desde 2020.

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Durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves estallaron dos coches bombas en Quito, frente a edificios vinculados al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), el órgano estatal encargado del control y administración de las cárceles de Ecuador.

Esto fue atribuido por las autoridades a una presunta respuesta del crimen organizado contra los operativos en las cárceles y contra una serie de traslados de presos que fueron cambiados de prisión.

Esta situación de violencia carcelaria también se ha trasladado a las calles, lo que ha hecho que el país pase en cinco años de 5,8 a 25,32 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en 2022, la cifra más alta de su historia, con recurrentes asesinados que han tenido como víctimas a políticos, jueces y fiscales, entre ellos el candidato presidencial Fernando Villavicencio.