“Hoy el término narcopolítica en Ecuador ha quedado en evidencia”, decía en diciembre del año pasado la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, luego de dirigir 75 allanamientos simultáneos en siete provincias del país y arrestar a 31 personas claves relacionadas con el crimen organizado. Se trató de la Operación Metástasis, en la que se capturó a jueces, fiscales, policías, abogados y guías penitenciarios que tenían línea directa con capos de alto perfil.
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Un mes después del escándalo que desenmascaró a autoridades que se vendieron sin empacho al narcotráfico, la crisis de seguridad en Ecuador entró a otro nivel. Las imágenes de delincuentes tomando en vivo un canal de televisión, de policías siendo sometidos por reclusos y de ecuatorianos corriendo despavoridos para regresar a sus casas remecieron al mundo y han mostrado el poder que tiene la delincuencia y cómo ha penetrado el Estado y sus instituciones.
Daniel Noboa tiene apenas mes y medio en la presidencia y ha tenido que debutar con una situación extrema, pero que no ha sido ajena ni sorpresiva. De hecho, la crisis de seguridad fue central en la campaña electoral, sobre todo tras el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, también a manos del crimen organizado.
El mandatario decidió tomar el toro por las astas y emitió dos decretos en los que se declara que el país vive un “conflicto armado interno” y que 22 organizaciones criminales son consideradas terroristas.
“El presidente Noboa está tratando de dar señales de que él avanza por un camino que ofreció en la campaña, más allá de que sean o no parte de una estrategia perfectamente diseñada, y que más bien es una estrategia que se está construyendo ahora”, expresa a El Comercio el experto político electoral ecuatoriano, Fausto Camacho, integrante del colectivo Voces por la Democracia.
"Es el inicio de un urgente saneamiento del sistema penitenciario ecuatoriano que ha estado durante décadas controlado por las mafias".
Aunque se trata de una crisis estructural que no se podrá solucionar de un momento a otro, el golpe de efecto hacia la ciudadanía está siendo clave para poder tener la iniciativa. No obstante, el gobierno ya estaba configurando algunos planes que ha tenido que empezar a concretar sobre la marcha.
Cárceles de máxima seguridad
Este jueves, el presidente ecuatoriano presentó los diseños de las nuevas megacárceles de máxima seguridad que se construirán en el país, a imagen y semejanza de las de El Salvador, el país centroamericano que se ha vuelto ahora en el paradigma de la ley y el orden.
“Para los ‘Bukele lovers’, es una cárcel igualita”, dijo Noboa al hacer el anuncio, apenas dos días después de la toma de rehenes y las decenas de revueltas en prisiones del país. A inicios de su mandato, Noboa ya había comentado sobre estas megacárceles, a donde pretende trasladar a los presos más peligrosos de Ecuador y líderes de las ahora consideradas organizaciones terroristas, pero tuvo que adelantar su plan y ponerlo en marcha lo más pronto posible.
Una de ellas estará en la provincia de Pastaza, en la amazonía ecuatoriana, y la otra en la zona costera de Santa Elena. Ambas contarán con bloqueadores de señal celular y satelital, para evitar que los reos puedan comunicarse libremente, como lo vienen haciendo hasta ahora; tendrán construcción blindada, triple seguridad perimetral y autogeneración eléctrica, además de guardias sin rostro para evitar la corrupción de los funcionarios penitenciarios.
460 presos han muerto en masacres carcelarias desde febrero del 2021.
Las instalaciones podrán albergar a 736 presos, divididos entre alta seguridad, máxima seguridad y súper máxima seguridad, para así segmentarlos y evitar lo que ocurre ahora en el que los presos de alto perfil están mezclados con ladrones o estafadores.
Pero la construcción de supercárceles no será la única solución para disminuir las tasas de homicidios, sino se trata como parte de un enfoque estructural e inteligente.
“Retomar el control de las cárceles por parte del Estado es un paso supremamente importante. Pero que las cárceles sean viejas o nuevas no es el problema de fondo. Tener nuevas cárceles no es el único ámbito para combatir el crimen organizado y la penetración del narcotráfico en la institucionalidad del país”, agrega Camacho.
Por eso, señala que otra arista muy importa es la justicia y la existencia o no de impunidad: “La Operación Metástasis ha mostrado lo que era un secreto a voces, solo que ahora se han dado nombres de jueces, fiscales, policías, incluso políticos, que estuvieron relacionados con un narcotraficante de alto rango, y que lo seguía haciendo desde dentro de la cárcel”.
Cárceles flotantes
A inicios de enero, Noboa ya había señalado la construcción de estas megaprisiones e incluso adelantó una fecha tentativa para su entrega: entre 10 y 11 meses. Mientras llegaba ese día, su plan -lanzado ya en su campaña electoral- era habilitar barcazas o cárceles flotantes, para trasladar ahí a los reclusos más peligrosos y tenerlos aislados.
“Es muy atractivo en una campaña electoral ofrecer cosas nuevas y con harta tecnología. Pero, sin duda, es necesario mejorar la infraestructura carcelaria”, explica a El Comercio Fernando Carrión, arquitecto, experto en seguridad y docente en Flacso Ecuador. “Cuando se ofrecieron barcazas en la campaña electoral llamó mucho la atención, porque a nadie le gusta vivir al lado de una cárcel. Pero cuando Noboa llega al gobierno, deja un poco de lado lo de las barcazas y más bien fortalece la relación con El Salvador, y yo creo que ese hecho, publicitado por el gobierno, termina por generar la fuga de alias Fito [Adolfo Macías, cabecilla de Los Choneros] el domingo pasado, y el levantamiento de las cárceles porque eso implicaba una reubicación de los presos”, detalla.
Estas cárceles flotantes, que se ubicarían a 80 millas de la costa, vendrían de Australia, Reino Unido y Estados Unidos, tienen capacidad para albergar hasta 400 personas y costarían unos 8 millones de dólares.
El concepto de una cárcel apartada de la población con el fin de aislar a los reos no es nuevo. Algunas islas se han usado para ese fin, aunque no con demasiada eficacia, como Alcatraz en Estados Unidos o El Frontón en el Perú. Como señala Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, al diario El Universo, “poco o nada ha devuelto la seguridad porque este negocio va a buscar otras vías para seguir desarrollándose”.
La idea de los barcos-cárceles tampoco es nueva. La CIA viene habilitando barcos desde hace 20 años para trasladar ahí a terroristas considerados peligrosos pues consideran que se reduce al mínimo los peligros de amotinamientos, ya que los buques no cuentan con motores para evitar que algún recluso pueda tomar el control.
Pese a quejas de organismos de derechos humanos, el Reino Unido también adecuó en agosto pasado una barcaza para trasladar ahí a 500 migrantes que pedían asilo.
Referéndum sobre seguridad
Otro de los planes que ya está en marcha es un plebiscito en el que la ciudadanía votará desde reformas a la seguridad hasta cuestiones sobre el empleo. Será una batería de casi 20 preguntas que los ecuatorianos deberán contestar en marzo -la fecha precisa aún no la han establecido- y que incluyen la ampliación de penas de prisión por delitos graves como homicidio y tráfico de armas, y que el Ejército apoye a la policía en el combate al crimen organizado. De hecho, una de las preguntas más polémicas les otorga un blindaje legal “por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza”.
De esta manera, Noboa quiere tener el aval de la población para no ser tildado de antidemocrático y dejar a un lado los continuos pedidos de ‘bukelización’ del Ecuador.
“Bukele tenía mayoría en el Parlamento y, a partir de ello, logró reformas para tener afinidad con la Fiscalía y la Justicia. Además, casi todo su gobierno ha vivido bajo estado de excepción. Eso acá en el Ecuador es imposible”, refiere Carrión, quien recuerda que Noboa apenas tiene 18 representantes de los 137 que hay en la Asamblea Nacional.
Aunque por ahora, Noboa ha conseguido un pacto político importante con el correísmo, eso no es garantía de gobernabilidad, sobre todo cuando el crimen organizado no tiene intención de bajar los brazos.
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