“El país hierve”. Así definió un columnista del diario El Universal la situación de México tras la desaparición de 43 estudiantes y el hallazgo de fosas clandestinas en Guerrero.
Analistas, legisladores y organizaciones civiles afirman que es la peor crisis política y de seguridad en lo que va del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que inició en diciembre de 2012.
Incluso el mandatario define el momento como “un gran reto para el estado mexicano”, y comprometió a todo su gobierno para localizar a los desaparecidos: los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos que fueron atacados por policías de Iguala el pasado 26 de septiembre.
Pero la crisis puede crecer e incluso algunos ven la situación actual como una bomba de tiempo para el país.
“Guerrero es un estado emblemático por la acumulación de violencia a lo largo de decenios”, le dice a BBC Mundo el antropólogo Roger Bartra, investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Movimientos
En tanto, estudiantes de escuelas normales rurales, de universidades en seis estados, sindicatos y otras organizaciones han realizado protestas para exigir la ubicación con vida de los estudiantes.
Algunos como Jesús Martín del Campo, miembro del Comité del 68 –una organización civil de activistas del movimiento estudiantil de ese año- creen que lo sucedido en Iguala reúne a cada vez más jóvenes.
“Es muy animador, muy esperanzador que los jóvenes contribuyan con su movilización y su participación a que esclarezcamos estos acontecimientos, y que también demos otra señal que no sea de desesperanza”, le dice a BBC Mundo.
Pero al mismo tiempo grupos como el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), anunciaron una ofensiva contra los miembros de la banda Guerreros Unidos, responsables de la desaparición de estudiantes según la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR).
Además la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció medidas cautelares para los familiares de las víctimas, mientras que parlamentarios europeos y el representante adjunto en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaron su preocupación por lo que sucede en el estado.
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Casi a diario se organizan protestas en México para exigir la ubicación de los estudiantes. (Foto: BBC Mundo)
El presidente Peña Nieto insiste en que no habrá impunidad en el tema. “Seguiremos trabajando sin descanso en esta búsqueda”, resalta.
En el rastreo de los estudiantes de Ayotzinapa participan cientos de policías federales, policías comunitarios y compañeros de las víctimas. La búsqueda se realiza en cerros, minas, cuevas, ríos y lagunas.
Las autoridades desarmaron además a los policías de 15 municipios de Guerrero y el Estado de México, y hasta el momento más de 30 personas han sido detenidas.
El caso rebasó las fronteras mexicanas, señala José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
“La desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, ha causado una oleada de indignación nacional e internacional”, advierte.
El pasado
Sin embargo, lo que ahora se vive en Guerrero es un episodio de la larga historia de violencia en el estado del sur de México.
En la década de los años 60 y 70 en la entidad surgieron dos de los principales grupos guerrilleros, el Partido de los Pobres (PDLP) encabezado por Lucio Cabañas Barrientos, y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) cuyo líder fue Genaro Vázquez Rojas.
Cabañas fue maestro egresado de la Normal de Ayotzinapa. Desde entonces se ha vinculado a la escuela con grupos radicales.
Los grupos fueron una respuesta al clima de represión política que se vivía en esa época, según han documentado historiadores, y en el caso de Vázquez Rojas fue también una alternativa a fraudes electorales contra candidatos apoyados por campesinos y maestros.
En Guerrero se libró una de las etapas más intensas de la llamada Guerra Sucia, una operación policíaco-militar para combatir a los grupos armados y que dejó cientos de muertos y desaparecidos.
Los sobrevivientes de ese período se mantienen activos dentro de grupos como el ERPI o el Ejército Popular Revolucionario.
Luego, durante el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari en la entidad fueron asesinados más de 400 militantes del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Pero esto es sólo una parte de la historia, insiste el investigador Bartra: a pesar de que hace doce años el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue desplazado por la izquierda, la alternancia política es aparente.
“Son gobiernos del PRD pero que provienen del PRI, es toda la cultura nacionalista revolucionaria priísta que ha permitido que durante decenios y decenios se mantengan estructuras corruptas en los municipios y las instancias gubernamentales del estado”, advierte.
Narco
Pero además de la violencia política, durante décadas Guerrero ha sido trinchera en la batalla por controlar las zonas de producción de marihuana y amapola.
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Rastreo de estudiantes desparecidos en Guerrero. (Foto: BBC Mundo)
Hasta 1989 el territorio era controlado por el llamado Cartel de Guadalajara, pero al fracturarse quedó en control de bandas locales que se han asociado, en distintas épocas, con la organización de Tijuana o Sinaloa.
Desde 2008, en la zona montañosa del centro, la región de Costa Chica y el balneario de Acapulco existe presencia del grupo de los hermanos Beltrán Leyva, mientras que la región de Tierra Caliente fue controlada por La Familia Michoacana primero, y luego el cartel de Los Caballeros Templarios.
Desde el año pasado uno de los grupos dominantes en esa zona es la banda Guerreros Unidos, quienes mantienen una disputa con otro grupo al margen de la ley: Los Rojos.
Los dos aparecieron tras la captura en 2010 de Édgar Valdéz Villarreal, conocido como La Barbie.
La mezcla de todos los elementos explican la violencia actual de Guerrero, insisten especialistas. Pero también del riesgo que se extienda a otras partes de México.
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