Los procesos judiciales que puede enfrentar Bolsonaro ahora que ya no es presidente de Brasil

Al dejar el cargo de presidente de Brasil este domingo, Jair Bolsonaro perdió el derecho al fuero especial popularmente conocido como privilegiado. Esto significa que ahora puede responder a procesos en la justicia común.

Mientras Bolsonaro fue presidente, el fuero privilegiado garantizaba que solo fuera objeto de investigaciones criminales con autorización del Supremo Tribunal Federal (STF).

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Además, solo podía ser denunciado a la justicia por la Procuraduría General de la República (PGR), previa autorización de la Cámara de Diputados y el STF era el único tribunal que podía juzgarlo.

Ahora, en cambio, Bolsonaro puede responder de nuevo ante la justicia común y cualquier fiscal puede presentar cargos en su contra, que serán analizados por jueces de primera instancia.

Bolsonaro enfrenta distintas investigaciones autorizadas por el Supremo mientras fue presidente y acusaciones de crímenes hechas por una comisión parlamentaria que eran investigadas por la Procuraduría General.

Lo más probable ahora es que esos procesos se remitan a la justicia común, salvo aquellos que involucren a personas que mantienen un fuero privilegiado, los cuales pueden seguir en tribunales superiores o separarse según el amparo legal de cada persona.

Al terminarse el fuero especial de Bolsonaro, la Policía Federal puede indagarlo sin autorización del Supremo, las investigaciones que hace la Procuraduría General pasan a niveles inferiores del Ministerio Público y los procesos en el Tribunal Superior Electoral (TSE) van a cortes de las regiones donde hubo sospechas.

Bolsonaro también perdió el derecho a ser defendido por la Abogacía General de la Unión y tendrá que contratar a un abogado privado.

A continuación, un resumen de las cuatro investigaciones autorizadas por el Supremo que involucran al expresidente:

Uno de los crímenes que una comisión investigadora parlamentaria sobre la covid atribuyó a Bolsonaro es la divulgación de noticias falsas sobre la vacuna contra el virus.

El pedido de investigarlo surgió después de que el entonces presidente leyera una noticia falsa en una emisión en directo en las redes sociales, en octubre de 2021.

La noticia engañosa decía que las personas vacunadas contra el covid en Reino Unido estaban “desarrollando el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)”, lo cual no es cierto.

En el mismo directo, Bolsonaro citó noticias falsas sobre el uso de máscarillas.

Con la supervisión del Supremo, la Policía Federal investigó las acciones de Bolsonaro y concluyó que encajaban en el delito de incitación pública a la práctica de un delito, ya que podían incentivar a los espectadores a desobedecer normas sanitarias obligatorias en ese momento.

Alexandre de Moraes, ministro del Supremo, envió en agosto un pedido de imputación de Bolsonaro al procurador general de la República, Augusto Aras, quien nunca presentó la denuncia contra el presidente.

Bolsonaro justificó su actitud en una entrevista en la radio Jovem Pan.

“Mostré un artículo. No lo inventé. Ahora decir cualquier cosa sobre las vacunas pasó a ser delito”, criticó el entonces presidente.

Con la pérdida del fuero privilegiado, el caso deja de ser competencia de la Procuraduría General y el Ministerio Público podría enviarlo a la justicia.

Bolsonaro también es investigado por la divulgación de datos de una investigación confidencial sobre ataques al Tribunal Superior Electoral (TSE).

Los datos fueron revelados por Bolsonaro y el diputado Filipe Barros con la participación de un delegado de la Policía Federal.

Según el TSE, el objetivo de la filtración sería contribuir a una narrativa fraudulenta sobre el proceso electoral, “atribuyéndole, sin pruebas ni indicios, un carácter dudoso sobre la lisura del sistema de votación en Brasil”.

En febrero, un delegado de la Policía Federal a cargo de la investigación indicó a la Corte Suprema que Bolsonaro cometió un delito de violación del secreto funcional.

Amparado por el fuero privilegiado, Bolsonaro no ha sido denunciado por este caso, ya que la Procuraduría General solicitó el archivo.

Sin embargo, si el Supremo decidiera que no corresponde mantener el proceso allí por la pérdida del fuero, Bolsonaro podría ser acusado por la Policía Federal y denunciado por el Ministerio Público ante la justicia ordinaria.

Bolsonaro fue incluido en agosto de 2021 en la llamada “investigación de las fake news”, sobre falsedades y amenazas contra ministros del Supremo.

El caso está ligado a otra indagatoria sobre acciones de milicias digitales para atentar contra la democracia brasileña.

La inclusión de Bolsonaro en la causa se produjo a pedido del Tribunal Superior Electoral después de que Bolsonaro cuestionara públicamente la fiabilidad del proceso electoral.

Alexandre de Moraes, ministro de ese tribunal, atribuyó al entonces presidente “un discurso de odio y contrario a las Instituciones, al Estado de Derecho y a la Democracia”.

El caso debe seguir su curso reservado en el Supremo.

Sin embargo, si Bolsonaro fuera acusado a partir de ahora tampoco habría necesidad de la participación de la Procuraduría General.

El expresidente ha criticado la investigación sobre noticias falsas diciendo que es ilegal, porque funciona sin participación del Ministerio Público.

“Alexandre de Moraes abrió una investigación de mentira, acusándome de mentiroso. Es una acusación muy grave. Más aún en una investigación sin base jurídica. No puede comenzar por él. ¿El abre, investiga y castiga? Sin comentarios”, dijo Bolsonaro en la radio Jovem Pan.

Esta investigación se abrió tras las denuncias del exministro de Justicia de Bolsonaro (y ahora senador electo) Sergio Moro, quien al dejar el cargo en 2020 afirmó que el entonces presidente intentó interferir indebidamente en el accionar de la Policía Federal.

Bolsonaro negó la presunta injerencia y dijo a la TV Globo que entregó un cinta sobre la reunión del gobierno donde habrían ocurrido los hechos.

“No encontraron nada”, afirmó.

La Procuraduría General descartó que haya pruebas suficientes contra Bolsonaro para imputarle un delito y pidió el archivo.

Pero el Supremo aún no ha decidido si archivará el caso, que de mantenerse abierto puede pasar a la justicia ordinaria.

Además de las investigaciones en el Supremo, Bolsonaro tiene acusaciones en su contra debido al informe final de la comisión investigadora del Senado sobre la crisis del covid.

Esas acusaciones estaban siendo investigados por la Procuraduría General y su jefe Augusto Aras, visto como un aliado de Bolsonaro, nunca llegó a transformarlas en una denuncia.

De hecho, la Procuraduría General pidió al Supremo el archivo de ocho de las 10 indagatorias preliminares por posibles delitos.

Entre ellas está la acusación de haber provocado una epidemia con resultado de muerte (por sospecha de propagar el virus); de charlatanería (por incentivar el uso de fármacos ineficaces); de infringir medidas sanitarias preventivas (por celebrar aglomeraciones y no llevar mascarilla); de uso irregular de fondos públicos (por la compra de fármacos ineficaces) y de prevaricación (por supuestamente no ordenar la investigación de denuncias de corrupción en la compra de vacunas).

Bolsonaro dijo en su momento que la comisión parlamentaria no hizo nada “productivo” y solo generó “odio y rencor”. Negó tener culpa alguna y sostuvo que el gobierno hizo “lo correcto desde el primer momento”.

Con la pérdida del fuero de Bolsonaro, el Supremo decidirá si envía las investigaciones relacionadas a la justicia común, aunque podrían seguir en el máximo tribunal si implican a otros investigados que mantienen fueros especiales.

En el caso de que el expediente pase a la justicia ordinaria, un fiscal decidirá si presenta denuncia y un juez de primer grado definirá si abre un proceso penal contra Bolsonaro.

Bolsonaro también responde a 12 acciones en el Tribunal Superior Electoral (TSE) por presuntos delitos contra el sistema electoral brasileño.

Con la pérdida del fuero, es posible que estas acciones se envíen a las cortes electorales de las regiones donde se habrían cometido los delitos.

Sin embargo, también es posible que la justicia entienda que la jurisdicción para juzgar algunas de esas acciones sigue siendo el TSE.

Una acusación señala que el entonces presidente y el general Braga Netto cometieron abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación al celebrar en junio de 2022 un evento para embajadores extranjeros, transmitido por TV Brasil, donde Bolsonaro atacó al sistema electoral y a autoridades del Poder Judicial.

En ese momento, la Presidencia indicó en un comunicado que Bolsonaro sostuvo una reunión con jefes de misiones diplomáticas para intercambiar ideas sobre el proceso electoral.

Si fuera condenado por la justicia electoral en cualquiera de las 12 acciones, Bolsonaro quedaría inelegible para cargos públicos.

Antes de ser presidente, Bolsonaro ya estaba imputado en dos procesos penales por incitación al delito de violación y por injuria a la diputada federal Maria do Rosário, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).

En diciembre de 2014, Bolsonaro agredió verbalmente a la diputada diciéndole: “No te violaría porque no lo mereces.”

En el proceso por injuria, Bolsonaro fue condenado a pagar una indemnización y a disculparse.

Pero la acción penal por presunta incitación a violación se paralizó en 2019 porque, al ser presidente, Bolsonaro no podía ser responsabilizado durante su mandato por actos cometidos anteriormente.

Ahora que dejó el cargo, la acción vuelve a activarse en la justicia y el expresidente podría ser condenado a detención de tres a seis meses, una pena que normalmente se convierte en multa.

Durante el proceso, Bolsonaro y sus abogados alegaron que estaba en el ejercicio de su mandato parlamentario cuando dijo esas palabras grabadas, y por lo tanto la Constitución le garantiza inmunidad parlamentaria.