Buenos Aires. El juicio por la llamada “ruta del dinero K (Kirchner)” comenzó hoy en Buenos Aires con el empresario Lázaro Báez, sus cuatro hijos, y otra veintena de imputados en el banquillo de los acusados, por presunto lavado de dinero proveniente de la obra pública durante los Gobiernos kirchneristas (2003-2015).
En la causa se investigan delitos de lavado de activos y encubrimiento por haber montado supuestamente entre el 2010 y el 2013 una estructura de sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permitieron el blanqueo de al menos 60 millones de dólares.
La audiencia comenzó en el Tribunal Oral Federal 4 de Buenos Aires, en los juzgados federales de Retiro, y hasta allí fue trasladado Báez desde la cárcel de la localidad bonaerense de Ezeiza, en la que está en prisión preventiva desde abril del 2016.
El constructor escuchó a las autoridades judiciales junto a Martín, uno de sus cuatro hijos, todos imputados en el caso. El resto, Luciana, Leandro y Melina, aguardaban en filas posteriores.
Entre los procesados están también los financieros Leonardo Fariña -declarado imputado colaborador- y Federico Elaskar, el excontable de los Báez Daniel Perez Gadin y su hijo Sebastián, y el abogado Jorge Chueco.
Se trata de uno de más relevantes expedientes en los que se investigan los negocios que Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) hicieron con empresarios de la obra pública, entre los que se encontraba Báez, colaborador del ex mandatario desde que este era gobernador de la provincia de Santa Cruz (1991-2003).
No obstante, el punto de mira está puesto en el dinero obtenido por los contratos de obras en Santa Cruz adjudicados a las empresas de construcción del Grupo Austral, propiedad de Báez.
La “ruta del dinero K” comenzó a investigarse en el 2013, todavía con Fernández en el poder, aunque el puntapié definitivo llegó en marzo del 2016, ya con Mauricio Macri en la Presidencia y después de que un canal de televisión difundiera imágenes que mostraban a Martín Báez, hijo del contratista, contando grandes sumas de dinero en las oficinas de una financiera en Buenos Aires.
Esta situación derivó en el arresto de Lázaro en abril del 2016, cuando aterrizó en un aeropuerto bonaerense en su avión privado, y en su procesamiento poco después junto a los otros presuntos implicados en la trama.
Según la justicia, el empresario -que de empleado bancario a inicios de la década de 1990 pasó a ser uno de los empresarios más poderosos del país de mano del kirchnerismo- fue el encargado de “brindar el entramado societario” para captar fondos públicos y “vehiculizarlos” parcialmente a las manos “de quienes entonces eran funcionarios públicos”, en referencia a la ex mandataria y otros altos funcionarios.
Y también sacar fondos del país para posteriormente reintroducirlos de manera de ocultar su origen.
Por esta causa, el pasado septiembre la ex presidenta argentina y actual senadora Cristina Fernández debió acudir a declarar, cuando presentó un escrito en el que negó haber recibido dinero ilícito.
Si bien el juez de instrucción del caso, Sebastián Casanello, siempre rechazó citarla como imputada, finalmente debió hacerlo para acatar la orden de una Cámara superior.
“Podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la Patagonia argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme, porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno”, dijo Fernández en un escrito presentado ante Casanello.
La viuda de Kirchner, que está procesada en seis causas, la mayoría por corrupción, y pesa sobre ella dos órdenes de detención, reitera que su situación judicial está impulsada por el Ejecutivo de Mauricio Macri.
Por el momento, la ex mandataria no está procesada en la “ruta del dinero K”, por lo que no formará parte del juicio oral que comenzó hoy.
En la audiencia de hoy se dio lectura del requerimiento de elevación a juicio y de la acusación vertida por el fiscal que investigó el caso, Guillermo Marijuán.
Se prevé que el juicio oral se alargue, como mínimo, seis meses.
Fuente: EFE
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