La policía de Brasil dijo que detuvo a cuatro personas y realizó varias redadas el jueves, como parte de las investigaciones sobre un presunto intento de golpe de Estado durante los disturbios de los partidarios del derrotado presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro.
Las autoridades han estado tomando medidas enérgicas contra una pequeña pero comprometida minoría de partidarios de Bolsonaro que se niegan a reconocer la victoria electoral del presidente electo de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.
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Bolsonaro, que aún no ha reconocido su derrota, ha insistido en afirmaciones infundadas de que el sistema electoral de Brasil carece de credibilidad, algo que creen algunas de sus bases más acérrimas.
La operación del jueves se realiza pocos días antes de la investidura de Lula, el domingo, y menos de una semana después de que la policía de Brasilia dijo que había frustrado un plan de atentado ideado por supuestos partidarios de Bolsonaro.
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Las redadas se relacionan con los disturbios del 12 de diciembre, el día en que se certificó la victoria de Lula, cuando algunos partidarios del campamento atacaron la sede de la policía federal e incendiaron coches y autobuses en Brasilia tras la detención de un líder indígena partidario de Bolsonaro.
La policía federal dijo que estaba cumpliendo 32 órdenes de registro e incautación en ocho estados bajo órdenes del Supremo Tribunal Federal.
“Los delitos investigados son los de daños calificados, incendio, asociación criminal, abolición violenta del Estado de Derecho y golpe de Estado, cuyas penas máximas combinadas ascienden a 34 años de prisión”, dijo la policía federal en un comunicado.
Según Cleo Mazzotti, que dirige la división de delincuencia organizada de la Policía Federal, a media mañana se había detenido a cuatro personas, y se esperaban más detenciones mientras la policía sigue buscando a otros 21 sospechosos.
Se cumplieron dos órdenes de detención en el estado noroccidental de Rondonia, una en Río de Janeiro y otra en Brasilia, dijo Mazzotti en rueda de prensa.
El Ministro de Justicia entrante, Flavio Dino, aplaudió la operación, afirmando que su objetivo es defender el Estado de derecho “protegiendo la vida y la propiedad” en Brasil.
“Razones políticas no legitiman incendios provocados, ataques a la sede de la policía federal, saqueos y bombas. La libertad de expresión no se aplica al terrorismo”, tuiteó Dino.
La tensión sigue alta en Brasil tras las elecciones más reñidas en años reciente.
El 24 de diciembre, la policía de Brasilia dijo que había frustrado un atentado con bomba. Un partidario de Bolsonaro, vinculado a un grupo de opositores acampado frente al cuartel general del Ejército, confesó haber fabricado el artefacto para provocar una intervención militar.
Debido al creciente temor antes de la toma de posesión de Lula el 1 de enero en la capital, el Tribunal Supremo de Brasil decidió el miércoles prohibir a los propietarios de armas registrados portar armas de fuego en el distrito federal hasta después de la asunción del político izquierdista.
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