La periodista mexicana Anabel Hernández publicó este sábado en internet de manera íntegra un informe interno de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) al que tuvo acceso y en el que se reconocen irregularidades en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.Seguir a @Mundo_ECpe !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');
“La autora ha decidido someter al escrutinio público el contenido total de las 177 hojas del documento para alentar la rendición de cuentas”, informó Penguin Random House, editorial del libro “La verdadera noche de Iguala”, en el que Hernández expone los resultados de su investigación periodística.
El documento, elaborado por el entonces visitador general de la fiscalía, César Alejandro Chávez Flores -quien renunció a su cargo el pasado setiembre-, fue subido a la web oficial del libro dividido en dos archivos.
El informe, terminado desde agosto, es una auditoría interna a las pesquisas que hizo la PGR sobre la desaparición de los jóvenes, y en él se concluye que la conducta de los investigadores violó “el derecho a la verdad” de las víctimas y dañó su derecho a la justicia.
En un principio, tenía que entregarse a los padres de los 43 estudiantes en agosto, pero esto no ocurrió porque el Gobierno impidió que saliera a la luz, según coinciden las investigaciones de Hernández y la publicada este jueves por el diario The New York Times.
La fiscalía respondió diciendo que el documento no tiene validez legal y que “se trata de un simple proyecto con el carácter de consideraciones en estudio, que carecen del rango de resolución formal” y por tanto está sujeto “a cualquier clase de modificación”.
Entre las irregularidades enumeradas, el documento asegura que hubo retenciones de siete personas realizadas “de manera ilegal y arbitraria”.
También acredita que hay “datos de prueba aptos y suficientes” para señalar que el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, cometió “conductas irregulares” en una diligencia que realizó en compañía de uno de los detenidos, Agustín García Reyes, en el río San Juan el 28 de octubre de 2014.
En ese escenario fue donde se halló una bolsa con restos de Alexander Mora, uno de los jóvenes que, de acuerdo con la versión oficial, fueron detenidos por policías corruptos la noche del 26 de septiembre de 2014 y entregados a un grupo criminal que los mató, incineró y tiró sus cenizas al río.
La diligencia, que no fue registrada en el expediente y salió a la luz por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigó el caso, despertó suspicacias entre los familiares de los estudiantes sobre si los restos habían sido sembrados por las autoridades.
Asimismo, el informe señala que Zerón vulneró el derecho a la defensa de García Reyes, por haberlo trasladado al río sin contar con la presencia de su defensor.
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Fuente: EFE
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