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México DF, Reuters
Un juzgado civil de México inició un proceso contra siete soldados que permanecen detenidos en una prisión militar, en medio de una investigación por la presunta ejecución extrajudicial de un grupo de 22 supuestos delincuentes.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), anunció el domingo que el juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales inculpó a tres de los militares por homicidio y abuso de autoridad.
Al resto de los soldados les imputó delitos como encubrimiento y ejercicio indebido del servicio público, dijo la CJF.
Los siete soldados y un militar más fueron detenidos en setiembre por orden de un juez militar que indaga su participación en un tiroteo en junio en Tlatlaya -un municipio ubicado a unos 250 kilómetros al sureste de la capital- en el que murieron 22 supuestos delincuentes.
Según investigaciones, varios de ellos habrían sido asesinados de forma artera por los efectivos del Ejército. No estaba claro de inmediato por qué el otro uniformado no fue acusado por el juez de Distrito.
Los soldados, que desde entonces permanecen recluidos dentro de un campo militar, siguen un proceso por desacato a las leyes marciales, desobediencia y fallas de disciplina. Según activistas, los castigos militares a los elementos que cometen alguna infracción suelen ser laxos.
En el 2012, la Suprema Corte dictaminó que los militares que cometan delitos contra civiles deben ser juzgados en tribunales civiles.
El incidente, junto con la reciente desaparición de 43 estudiantes a manos de policías muy cerca de Tlatlaya, se han convertido en un dolor de cabeza para el presidente Enrique Peña Nieto que este año logró sacar adelante un paquete de históricas reformas orientadas a impulsar el crecimiento económico.
El banco central dijo el viernes que la actividad económica podría verse afectada por los recientes acontecimientos sociales.
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