La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el miércoles una nueva resolución pidiendo elecciones libres en Nicaragua, en la que volvió a exigir la “liberación inmediata” de los opositores detenidos, incluidos siete aspirantes presidenciales, y alertó sobre el “deterioro” de la situación de los derechos políticos.
El texto fue apoyado por 26 de los 34 miembros activos del bloque regional (entre ellos el Perú). Argentina, Barbados, Bolivia, Guatemala, Honduras, México y San Vicente y las Granadinas se abstuvieron. No hubo votos en contra.
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Nicaragua, que rechazó enérgicamente la iniciativa, fue el único país que no votó.
La resolución, muy similar a la aprobada el 15 de junio con igual número de votos a favor, destaca “con alarma” el “empeño” del gobierno de Daniel Ortega de “minar” el proceso electoral.
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Y expresa su “grave preocupación” de que los intentos del Consejo Permanente de la OEA de “comprometer” a las autoridades nicaragüenses a celebrar elecciones libres y justas hayan sido “ignorados”.
Por eso, reitera “su llamado para la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de los presos políticos” y urge nuevamente “con vehemencia” al gobierno de Ortega a realizar reformas electorales.
Según la resolución, Nicaragua no cumple con los criterios mínimos para realizar elecciones de conformidad con la Carta Democrática Interamericana, el instrumento regional de defensa de la institucionalidad, lo cual “debilita la credibilidad” de la votación prevista para el 7 de noviembre.
En los últimos meses, 37 opositores han sido detenidos en Nicaragua, incluidos siete aspirantes a la presidencia para los próximos comicios, donde Ortega, en el poder desde 2007, aspira a un cuarto mandato consecutivo.
Managua denostó la “grosera” interferencia de la OEA en los asuntos internos de un país.
“Nadie debe intervenir por el derrotero de nuestra vida institucional”, dijo el embajador Michael Campbell al inicio de la sesión del Consejo Permanente, al fundamentar su no participación.
El funcionario nicaragüense aseguró que el proceso electoral “avanza” con una docena de partidos políticos y que “los que se autoexcluyeron, lo hicieron a voluntad propia”.
“En nuestro país no hay un solo candidato detenido, ni uno. No hay un solo inocente procesado. Ni uno”, afirmó.
“Los que están siendo objeto de procesos legales son agentes extranjeros” que “internaron millones de dólares para destruir, matar, quebrar la economía y subvertir el orden constitucional”, sostuvo el delegado de Ortega.
¿Invocar la Carta Interamericana?
La resolución, patrocinada por Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay, Uruguay y Venezuela (representada por un delegado del líder opositor Juan Guaidó), fue celebrada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
“Esto demuestra el compromiso de los Estados miembros con la democracia”, dijo, subrayando que lo que ocurre en Nicaragua “no es un problema sólo de los nicaragüenses” sino de toda la región.
El texto advierte que la OEA puede tomar “otras acciones” con relación a Nicaragua durante la próxima asamblea anual del organismo, que tendrá lugar en formato virtual del 10 al 13 de noviembre organizada por Guatemala.
Estados Unidos fue el más enfático al respecto.
Bradley Freden, representante interino de Washington ante la OEA, instó a los países a tomar nuevas medidas en el marco de la Carta Democrática Interamericana si “el régimen nicaragüense cumple con su plan de reafirmar el gobierno de un partido”.
“No hacerlo frente a un desprecio tan descarado de sus disposiciones solo puede alentar a otros gobiernos autoritarios a seguir su ejemplo”, advirtió.
Almagro ya pidió en junio activar los mecanismos para aplicar a Nicaragua el Artículo 21 de la Carta Interamericana.
Esta disposición establece que un país puede ser suspendido de la OEA si dos tercios de los estados miembros deciden que se ha producido una “ruptura del orden democrático” y “las gestiones diplomáticas han sido infructuosas” para revertir la situación.
La suspensión debe ser votada en la Asamblea General, el órgano máximo de la OEA, y entraría en vigor de inmediato.
Tras la votación del miércoles, la embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Baños, señaló su “preocupación” por lo que consideró una agudización del aislamiento internacional de un Estado miembro.
“Es claro que aislar a naciones dentro de los foros multilaterales es síntoma del fracaso de las organizaciones”, dijo, cuestionado a Almagro sin nombrarlo y llamando a un “diálogo constructivo” hacia “soluciones sostenibles”.
El embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, consideró “improcedente y extemporánea” la nueva resolución.
Los gobiernos izquierdistas en Argentina y México han tomado sin embergo distancia de Managua. Ambos llamaron a consultas en junio a sus embajadores en Nicaragua debido a las “preocupantes acciones políticas-legales realizadas” contra los opositores.
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