El candidato a alcalde en Ecuador que ganó las elecciones después de haber sido asesinado

Omar Menéndez, de 41 años, ganó el domingo las elecciones a la alcaldía de la ciudad costera de Puerto López, a unos 150 km al noroeste de Guayaquil.

El candidato de Revolución Ciudadana (el partido izquierdista del expresidente Rafael Correa) recibió el 46,22% de los votos frente al 21,41% de su mayor rival, el actual alcalde Javier Pincay, en esta localidad de unos 20.000 habitantes.

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Menéndez no pudo celebrar la victoria porque lo mataron horas antes de que abrieran las urnas en las elecciones seccionales del 5 de febrero.

Hombres armados irrumpieron en la tarde del sábado en la sala donde el candidato ultimaba los preparativos de la jornada y abrieron fuego.

En el ataque también murió un adolescente de 16 años y otras dos personas resultaron heridas.

Padre de dos hijos, Menéndez era administrador de empresas y operaba negocios en el sector de las telecomunicaciones e informática.

Tras su victoria póstuma en las elecciones se otorgará la alcaldía a otro representante de Revolución Ciudadana en Puerto López.

La policía investiga el posible motivo del crimen, uno más en la cada vez más grave ola de delincuencia asociada al crimen organizado que sufre Ecuador.

Luis Córdova-Alarcón, coordinador del programa Investigación, Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador (UCE), advierte de que se ha generalizado el uso de sicarios como arma política y económica.

“Se han multiplicado las pandillas callejeras que venden sus servicios de sicariato al mejor postor, y ese mejor postor puede ser desde un oponente político que quiere quitarse de en medio a un opositor hasta organizaciones criminales que apuntan al control de ciertos espacios locales”, afirma.

Y es que Menéndez no fue el único político asesinado antes de las elecciones.

Dos semanas atrás también mataron a tiros al aspirante a alcalde de la localidad costera de Salinas, Julio César Farachio.

La policía arrestó a un sospechoso del asesinato, que había amenazado previamente al candidato de 45 años.

El sospechoso había sido liberado recientemente de prisión tras cumplir una condena por narcotráfico, según medios locales.

A estos casos se suman las amenazas durante la campaña a numerosos candidatos, que en muchos casos tuvieron que usar escolta policial para salir a la calle.

“A medida que crece la violencia criminal y su impunidad ante un Estado incapaz de resolver los homicidios, se abre una brecha para que el sicariato se convierta en una herramienta política de control social contra opositores, oponentes, líderes sociales y activistas”, analiza Córdova-Alarcón.

La violencia del crimen organizado se ha arraigado más en las localidades costeras, desde Guayaquil hasta Esmeraldas, pasando por las dos ciudades donde se produjeron los asesinatos de los candidatos antes mencionados.

El profesor de la UCE destaca el importante rol de las organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico que se disputan el control de puertos y rutas para el tráfico de drogas, principalmente cocaína.

“Puede que ocurra una disputa entre dos organizaciones por viabilizar un puerto como vía de acceso a una ruta del narcotráfico y que cada uno de los candidatos a la alcaldía de un cantón estén inmiscuidos con una de las organizaciones rivales”, afirma, a modo de hipótesis que explicaría algunos de los casos de violencia política en la región.

El académico asegura que hay unos 120 puertos informales en toda la costa oeste de Ecuador que escapan al control del gobierno.

Desde estos puntos los narcos sacan la mercancía -sobre todo droga, aunque también especies nativas, personas traficadas o armas- en lanchas para cargarla en embarcaciones más grandes en alta mar.

Y ahí es donde las organizaciones criminales, explica, tejen sus redes con las administraciones locales.

Esto les permite, por ejemplo, “acceder al lavado de dinero a través de la contratación pública que realizan los alcaldes de los cantones pequeños, o manejar la logística en esos cantones para transportar mercancías y personal”.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, condenó los crímenes.

La administración de Lasso, que se encuentra en su momento más bajo de popularidad (entre el 12 y el 30% de apoyo según encuestas) y sufrió una contundente derrota en las elecciones seccionales, se está mostrando incapaz de contener la escalada criminal que asola al país.

El gobierno propuso una serie de enmiendas a la Constitución que se sometieron el domingo a referendo, entre ellas dar luz verde a la extradición de ecuatorianos vinculados al crimen organizado transnacional.

Con las prisiones del país atestadas por la ola de delincuencia, las autoridades creen que extraditar a Estados Unidos delincuentes condenados en cárceles de máxima seguridad sería la opción más segura y económica para el sistema de justicia ecuatoriano.

La vecina Colombia enmendó su constitución en 1997 a tal efecto y desde entonces ha enviado a muchos narcotraficantes de alto nivel a Estados Unidos.

En el caso colombiano, las autoridades alegan que los capos de la droga temen ser extraditados a cárceles estadounidenses, donde carecen de vínculos o influencia sobre los guardias y directores.

Y Ecuador consideraba que, además de la función disuasiva, la extradición ayudaría “a desmantelar las bandas del crimen organizado” para que el país “deje de ser un paraíso del narco”, declaró a BBC Mundo la subsecretaria de Asuntos Regulatorios del gobierno, Karen Sichel.

Sin embargo, la propuesta de enmendar la constitución de Ecuador para permitir la extradición fracasó por un estrecho margen, con el rechazo del 51% de los votantes.

El presidente Lasso aceptó el resultado y afirmó que “cuando el pueblo habla, es nuestro deber analizarlo, entenderlo y aceptarlo”.

Algunos expertos, sin embargo, ponen en duda que la extradición hubiera servido para solucionar el problema de delincuencia que sufre el país.

“No se ataca el corazón del problema, que tiene que ver con soluciones de medio plazo como generar empleo o inyectar recursos a la economía, algo que el gobierno no está haciendo, así como decisiones de corto plazo, como destinar recursos a atacar el problema de la crisis carcelaria”, declaró a BBC Mundo el analista político ecuatoriano Andrés Chiriboga.

Córdova-Alarcón cree, además, que “al gobierno se le ha ido el problema de control porque no está apuntando a las vulnerabilidades a las que debe apuntar”.

“Multiplica el número de policías y militares en las calles pero se niega a comprender que el crimen organizado tiene muchísimo que ver con el desarrollo de capacidades de control económico y financiero, que es donde se lava el dinero que alimenta a estas estructuras. La unidad de análisis financiero y económico tiene un presupuesto anual de menos de US$50.000″, sentencia.