La niña estaba acurrucada en el techo de una escuela, en la localidad de Tocumén, a las afueras de Ciudad de Panamá, cuando fue encontrada en la noche del 12 de febrero pasado.
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Las autoridades se limitaron a informar que la menor fue rescatada de inmediato y que se encuentra bien de salud en un centro de protección con asistencia profesional.
Sin embargo, el Ministerio Público (Fiscalía) decidió abrir de oficio una investigación del caso por la presunta comisión del delito de maltrato infantil.
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Y diferentes organizaciones sostienen que lo que hacía la menor era intentar escapar del albergue donde residía por el maltrato del que era objeto.
Este episodio, junto a un reporte del Congreso panameño de hace dos semanas que da cuenta de abusos sexuales, físicos y psicológicos contra menores en casas de protección financiadas por el Estado, provocó indignación y protestas.
El malestar fue creciendo a medida que aumentan las denuncias sobre las condiciones en las que viven niños y adolescentes en esos centros.
El terremoto político por este caso ya generó la primera dimisión de una alta autoridad. El fiscal general, Eduardo Ulloa, anunció su renuncia irrevocable este miércoles “por los últimos hechos que han conmocionado a la nación panameña”.
Mientras, las protestas callejeras no cesan y los manifestantes culpabilizan al gobierno por los abusos cometidos en los albergues que, según la agencia EFE, son 50 en todo el país, con una población de unas 1.200 personas.
La indignación
El caso de la niña escondida en el techo de una escuela fue el detonante que hizo que la gente saliera a protestar, explica a BBC Mundo Samirah Armengol, presidenta de la Coalición Internacional de Mujeres y Familias (CIMUF) de Panamá.
“Ella trató de escapar y pidió ayuda, pero la devolvieron al albergue. Y dijeron que ahí no pasaba nada, como llevan diciendo desde hace 15 años”, señala Armengol.
Y añade que el de esta niña no es el primer caso de un menor que intenta escapar de una de las casas de acogida para evitar los maltratos.
Según le dijo a BBC Mundo la diputada Walkiria Chandler D’Orcy, existe abundante documentación que prueba que en ciertos albergues de Panamá se producen abusos contra menores.
La congresista fue parte de la comisión que elaboró un reporte de “más de 700 páginas” sobre la situación en los centros de protección para niños y adolescentes que ya se encuentra en poder del Ministerio Público.
Chandler D’Orcy explica que el problema se da en albergues de todo el país.
El informe, que desató la indignación de los panameños, da cuenta de decenas de casos de abusos sexuales, físicos y psicológicos ocurridos al menos desde 2015 y describe las condiciones de vida “infrahumanas” en algunos albergues supervisados por el Estado.
“Los abusos los cometían los mismos internos. Niñas denuncian que religiosos les dejaban embarazadas y se cometían abortos”, señaló a EFE la congresista Zulay Rodríguez, también parte de la comisión que elaboró el reporte sobre los albergues.
Estas vejaciones no son las únicas, según apunta Samirah Armengol.
Añade que se conoce de castigos físicos contra los menores como obligarlos a arrodillarse sobre granos de maíz.
Y medios locales también dieron cuenta de la precariedad existente en la alimentación que reciben los internos.
La reacción del gobierno
Varios albergues y casas de protección de menores en Panamá son administrados por ONGs, fundaciones y entidades religiosas, pero se encuentran bajo supervisión estatal y tienen financiación pública.
Después de que estallara el escándalo de los abusos, la entidad gubernamental Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) se convirtió en el blanco de la mayoría de las críticas.
El 16 de febrero, la junta directiva de esta institución solicitó el cierre de los albergues que no cumplan con el proceso de supervisión a nivel nacional que se planea llevar adelante “de manera urgente”.
Se dispuso que en aquellos centros donde se lleguen a verificar “faltas muy graves”, se realice el traslado de todos los niños y adolescentes que se encuentren en sus instalaciones.
Por su parte, el presidente panameño, Laurentino Cortizo, pidió “drásticas sanciones”.
“Los autores responsables de los delitos cometidos contra los derechos de las niñas, niños y adolescentes deben ser castigados con el máximo rigor de la ley y sin contemplaciones”, afirmó el mandatario la semana pasada.
Ante las denuncias, BBC Mundo solicitó a Senniaf una entrevista, aunque no se obtuvo respuesta antes de la publicación de este artículo.
Los menores
Para la diputada Chandler D’Orcy, lo que se va conociendo sobre los abusos y la forma en la que las autoridades y la justicia panameñas han reaccionado, es vergonzoso.
La congresista prefirió no brindar detalles de los casos detectados para no interferir con las investigaciones en marcha.
Mientras tanto, en las protestas callejeras se leen mensajes que apuntan al gobierno y a diferentes entidades religiosas.
“Estado cómplice y encubridor, ya basta”, rezaba uno de los muchos carteles vistos en Ciudad de Panamá frente a la sede de Senniaf.
Incluso algunos piden la renuncia del presidente Cortizo en los “pailazos”, como se conocen en el país a las protestas con cacerolas.
Sin embargo, tanto activistas como congresistas coinciden en que los abusos a menores vienen de mucho más atrás.
Pero insisten en que el escándalo desatado por las denuncias de abusos debe servir para mejorar las condiciones de vida de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
“Lo que ahora tienen no es vida. Nuestros niños y niñas vulnerables pasaron de tener una vida en riesgo a que les robaran la vida y la inocencia. Si algo quedaba de ellos fue asesinado y mutilado dentro de esos espacios que deberían haber garantizado su seguridad y no lo hicieron. Ahí no puede haber vida”, concluye Amengol.
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