El caso de la matanza de Curuguaty, en la que murieron 17 personas y causó la destitución del entonces presidente de Paraguay Fernando Lugo en el 2012, tuvo este jueves un nuevo desenlace con la anulación por parte de la Corte Suprema de las condenas a los once campesinos acusados.
Las primeras reacciones vinieron del propio Lugo, actual senador por la coalición de izquierda Frente Guasu, quien celebró en sus redes sociales la anulación de la sentencia, que calificó de “injusta y aberrante”.
“La anulación de la condena a los 11 campesinos de Curuguaty, presos de manera injusta y aberrante pone fin hoy a 6 años de un proceso judicial que no fue más que un circo montado para ocultar los intereses de oscuros grupos de poder. Justicia para ellos. Justicia para Curuguaty”, escribió Lugo en su cuenta social.
La reacción de Lugo se produjo poco después de que la sala penal de la Corte Suprema resolviera por unanimidad y a favor de los campesinos y diera lugar el recurso de casación que presentó su defensa para la anulación de la sentencia.
Los magistrados alegaron en su escrito que existieron deficiencias en el proceso y que por ello no es posible determinar la responsabilidad personal de los acusados en el hecho juzgado.
Uno de los abogados de la defensa, Ricardo Paredes, celebró la anulación de las condenas y explicó a Efe que “era inadmisible que una sentencia tan maliciosa y disparatada pueda tener validez para matar en vida condenando a altas penas a personas inocentes”.
Hace dos años, un tribunal impuso penas de entre 4 y 30 años de cárcel a los once acusados por los delitos de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno.
De ellos, solo cuatro permanecen actualmente en prisión, para los que la Corte Suprema ordenó su “inmediata libertad” tras anular las condenas.
Así, los acusados Rubén Villalba, Luis Olmedo, Arnaldo Quintana y Néstor Castro, encarcelados en el penal de Tacumbú de Asunción podrán salir en libertad.
El resto, entre ellos varias mujeres, habían sido liberados de forma espaciada.
Las últimas a finales de junio, cuando la Corte Suprema dispuso la libertad de María Fani Olmedo y Dolores López, tras cumplir seis años de privación de libertad, buena parte bajo arresto domiciliario y prisión preventiva.
Durante el juicio, la defensa de los campesinos acusados denunció que no existía ninguna prueba que les incriminara y pidieron su absolución.
Se cuestionó además que la Fiscalía no investigara la muerte de los labriegos, y que durante el juicio no se realizó la exhumación de los policías muertos para extraer las balas y determinar su procedencia.
Por otro lado, la investigación de la Fiscalía también fue cuestionada por organismos internacionales como las Naciones Unidas.
La masacre de Curuguaty se produjo el 15 de junio del 2012 durante el desalojo policial de una finca que los campesinos habían ocupado para reclamar que se integrara a la reforma agraria estatal.
En ese desalojo se produjo un tiroteo en el que murieron once campesinos y seis policías, por cuyas muertes fueron procesados los once labriegos.
La matanza sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado, en alianza con el Partido Liberal (actual líder de la oposición) para impulsar la destitución de Lugo mediante un juicio político.
Lugo fue juzgado en el Parlamento por mal desempeño de sus funciones.
A Lugo le sustituyó el que era entonces su vicepresidente, el liberal Federico Franco, que gobernó hasta agosto del 2013, cuando entregó el poder al actual presidente, Horacio Cartes.
El juicio político que acabó con la presidencia de Lugo fue tildado de irregular por instituciones como Mercosur y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), cuyos países miembros aislaron diplomáticamente a Paraguay hasta la llegada al poder de Cartes.
La causa por la libertad de los condenados por el caso Curuguaty ha sido también enarbolada para la exigencia de una reforma agraria en el país suramericano, donde se da una de las mayores concentraciones de tierra del mundo.
De hecho, las tierras de Marina Kue, donde se dio la ocupación y luego la matanza, se encuentra en litigio entre una empresa y el Estado, al que fueron donadas en 1967.
Fuente: EFE
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