Piden ampliar investigación de ataque con “burro bomba” de FARC en Colombia

La Procuraduría colombiana pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ampliar el enfoque de la investigación del ataque con “burro bomba” del 12 de marzo de 1996 perpetrado por las FARC en el departamento de Sucre (norte) con el objetivo de que se expida un concepto “más garantista para los derechos de las víctimas”.

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El ataque tuvo lugar en el corregimiento de Chalán, perteneciente al municipio de Ovejas, cuando en una acción militar la ahora disuelta guerrilla de las FARC tomó la estación de Policía, frente a la cual detonaron con control remoto un explosivo oculto bajo racimos de plátano que cargaba un burro. El ataque dejó 11 policías muertos.

Para el procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta Aristizabal, la jurisdicción especial no estudió todas las afectaciones que evidenciarían “la infracción del principio de humanidad” y denotarían que “se trató de una conducta con efectos y daños colectivos al municipio de Chalán y a la población civil”.

En este sentido, insistió, a través de un comunicado, que el ataque no solo afectó y dañó a la estación de Policía y a los agentes fallecidos: “Entender que solo los policías fueron objeto de ataque limita la posibilidad de comprender que la población civil en su conjunto también fue víctima, de ahí que el homicidio ordinario fue agravado por sus fines terroristas”.

Por eso, la Procuraduría defendió que un análisis más amplio de los hechos “permitirá que el concepto de víctima sea lo más amplio y garantista”, especialmente porque “no se hizo un estudio integral del caso y se dejaron de lado los demás hechos cometidos durante el ataque”.

Entre ellos el cierre de vías de acceso al municipio y la retención a sus pobladores, además de los daños ocasionados a las estructuras de la alcaldía municipal, el colegio, el centro de salud y las casas aledañas.

La acción fue realizada por más de medio centenar de guerrilleros de las FARC, que pusieron 60 kilos de dinamita con control remoto, a lo que sucedió un ataque con granadas y artefactos explosivos en el municipio.

La JEP, creada con el acuerdo de paz de 2016 para juzgar delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto colombiano, investiga los crímenes cometidos por las FARC en el Caso 10 de forma general, donde hay un universo de casi 170.000 víctimas, entre las que hay 5.720 víctimas de ataques de la guerrilla, 29.700 víctimas de terrorismo y 54.000 desplazados.