Los militares comenzaron el sábado a reforzar la seguridad en Cali, la tercera ciudad de Colombia, ante la violencia que cobró la vida de 13 personas en el marco de las protestas que estallaron hace un mes contra el gobierno de Iván Duque.
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Apenas unos pocos vehículos y personas se veían en las calles donde el viernes se enfrentaron manifestantes, policías y civiles armados hasta con fusiles.
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Restos de barricadas y grandes cantidades de escombros reflejan el caos que envolvió a esta ciudad de 2,2 millones de habitantes, bajo toque de queda nocturno.
Trece personas murieron en diferentes episodios, entre ellas un funcionario de la fiscalía que mató con su arma a dos manifestantes que bloqueaban una vía. La turba se abalanzó sobre el hombre -que estaba fuera de servicio- y lo linchó, según el ente investigador.
“En el sur de la ciudad tuvimos (...) casi una guerra urbana donde muchas personas no solamente perdieron la vida, sino que también tuvimos una importante cantidad de lesionados”, dijo el secretario de Seguridad, Carlos Rojas, a Caracol Radio.
Al menos ocho de las muertes fueron por arma de fuego, según la policía.
En un mes de protestas masivas murieron por lo menos 59 personas, incluidos los 13 muertos de la víspera, pues la Defensoría del Pueblo había informado sobre 46 fallecidos hasta el viernes. En tanto, los heridos superan los 2.300 entre manifestantes y uniformados, de acuerdo con el Ministerio de Defensa.
La ONG Human Rights Watch asegura haber recibido “denuncias creíbles” de 63 muertes, 28 de ellas relacionadas directamente con las manifestaciones.
Duque, quien desde el viernes está en Cali, ordenó el despliegue de tropas bajo la figura de la asistencia militar que faculta al ejército a apoyar a la policía en las tareas de control.
“Me siento más seguro con el ejército que con la policía (...) porque aquí siempre ha sido más respetado”, señaló Modesto Tenorio, un comerciante de 64 años.
- Civiles “masacrando” -
Son en total 7.000 militares que asumirán la vigilancia de Cali y el resto de municipios del departamento azucarero e industrial de Valle del Cauca. En un decreto firmado la noche del viernes, el mandatario activó el mismo dispositivo de apoyo militar para otros nueve departamentos afectados por los bloqueos viales.
Desde el 28 de abril a diario se movilizan multitudes para protestar contra el gobierno por los abusos policiales y el manejo de la crisis económica que trajo la pandemia.
El viernes la jornada fue particularmente violenta en Cali. “Nosotros estábamos en una actividad cultural con la gente porque ya estábamos celebrando un mes de paro” en el barrio de Meléndez (sur), “cuando se escucharon unos tiros”, relató a la AFP un testigo que pidió la reserva de su nombre por temor.
“Empezaron a masacrar la gente”. Eran “unos cinco personajes de civil, escondiéndose detrás de los árboles”, aseguró el bachiller de 22 años. Videos que se viralizaron en las redes respaldan su versión.
La policía aseguró en un comunicado que investigará a los uniformados que fueron “permisivos con la actuación de civiles armados”.
- Militarización bajo críticas -
Colombia pasa por un inédito levantamiento popular que detonó una propuesta de Duque para aumentar los impuestos a la empobrecida clase media, con el fin de tapar el hueco fiscal dejado por la pandemia. El mandatario cedió a la presión de las manifestaciones y archivó la iniciativa, pero la violencia policial agravó el malestar social.
Los excesos de la policía, que en Colombia depende del ministerio de Defensa, han sido condenados por la comunidad internacional. Según la ONG Indepaz, 43 de las muertes serían de “presunta autoría de la fuerza pública”.
En los barrios deprimidos de Cali, donde se ensaña la violencia policial, la llegada de los militares sucita cierto temor.
“No nos sentimos a gusto, nos sentimos amenazados, nos sentimos más en peligro. De hecho nuestros niños tienen miedo”, lamentó Lina Gallegas, líder social de 31 años en la comuna de Siloé. “Si pasa algo no podemos llamar a la policía porque ellos son los que (...) están matando”, agregó.
El gobierno evita condenar abiertamente la represión policial y asegura estar enfrentando vandalismo y “terrorismo urbano de baja intensidad”. También denunció que grupos guerrilleros financiados por el narcotráfico infiltraron el movimiento de protesta.
Luis Felipe Vega, profesor de ciencias políticas en la Universidad Javeriana, cuestionó la medida. Es como “apagar un incendio con gasolina”, ya que un soldado está formado para “neutralizar una amenaza”, no para controlar protestas, dijo a la AFP.
Rechazado por 76% de la población, Duque intenta desde hace dos semanas intenta negociar una salida a la crisis con el frente más visible de las protestas. Pero se encuentra bajo presión de su partido, el Centro Democrático (derecha), que reclama mano dura a un año de elecciones.
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