El presidente de Chile, Sebastián Piñera, quedó este martes inhabilitado para salir del país hasta que el Senado resuelva sobre el juicio político que la Cámara de Diputados inició en su contra por supuestas irregularidades en la venta de un polémico proyecto minero.
A diferencia de lo que sucede cuando se abre un juicio político a otras autoridades, en el caso del presidente, este no queda suspendido de sus funciones mientras se lleva a cabo el proceso, pero no podrá ausentarse del país sin acuerdo del Parlamento.
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Tras una maratoniana sesión parlamentaria de casi 24 horas, la Cámara de Diputados de Chile aprobó este martes por 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones realizar un juicio político para destituir a Piñera por las supuestas irregularidades reveladas en la investigación de los Pandora Papers.
El proceso, denominado en Chile acusación constitucional, fue presentado el pasado 13 de octubre por la oposición acusando al gobernante de haber faltado al principio de “probidad” y “comprometer gravemente el honor de la Nación”.
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Tras la aprobación del juicio político por los diputados, el procedimiento se trasladó ahora al Senado, que en los próximos días resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable de aquello de lo que se le acusa.
Para declarar si procede la acusación en contra del presidente, en el Senado se necesitará la aprobación por los dos tercios de la Cámara, esto es al menos 29 votos favorables de los 43 escaños que hay y de los que la oposición controla 24.
En caso de ser declarado culpable, Piñera quedará destituido de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, en los próximos cinco años.
Los Pandora Papers revelaron presuntas irregularidades en la venta de la Minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera en Islas Vírgenes Británicas a un íntimo amigo de la familia presidencial, apenas nueve meses después de que este asumiera el cargo para su primer mandato no consecutivo (2010-2014).
El presidente defiende que se desvinculó de sus negocios a través de fideicomisos ciegos en 2009 y que de lo revelado ya fue juzgado y sobreseído en 2017.
El juicio político corre a la par de una investigación en el Ministerio Público por posibles delitos tributarios y de cohecho en la misma operación.
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