La Asamblea Nacional Constituyente instaurada por el oficialismo en Venezuela aprobó este martes la apertura de un “juicio histórico” contra los dirigentes de la oposición por supuestamente pedir y respaldar las sanciones económicas dictadas por Estados Unidos contra el país.
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Por unanimidad, los 545 chavistas que forman la Constituyente aprobaron un decreto para “iniciar conjuntamente con los órganos del Estado competentes un juicio histórico por traición a la patria contra los que estén incursos en la promoción de estas inmorales acciones contra los intereses del pueblo venezolano”.Además, el decreto declara “como traidores a la patria a los actores políticos nacionales de marcado carácter antivenezolano que han promovido la agresión económica y la intervención contra la República Bolivariana de Venezuela”.Aunque el documento no menciona a nadie en particular, los asambleístas que intervinieron en la sesión acusaron a la dirigencia opositora, principalmente al presidente del Parlamento, Julio Borges, y a su vicepresidente, Freddy Guevara. “Sabemos que Freddy Guevara es un delincuente y tiene que pagar, que Julio Borges es otro delincuente que tiene pagar, ellos no tienen patria”, dijo la asambleísta Iris Varela.
La Constituyente decidió además solicitar a los órganos del Estado “el inicio inmediato de las investigaciones y procesos respectivos para determinar la responsabilidad y las acciones correspondientes” contra los acusados.
Según el decreto, el juicio se iniciará ante un llamado del presidente Nicolás Maduro, quien señala a Borges como principal responsable de impulsar las sanciones que prohíben “transar nueva deuda emitida por el gobierno de Venezuela y la petrolera estatal” PDVSA.Borges dijo en conferencia de prensa tras el anuncio de este martes que no cederá ante las amenazas y exigió al mandatario Nicolás Maduro que asuma su responsabilidad por llevar a Venezuela a la “peor crisis de la historia”.Las nuevas sanciones acordadas por Estados Unidos prohíben transacciones en bonos emitidos por el gobierno venezolano y la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). También impiden operaciones con ciertos bonos en poder del sector público y el pago de dividendos al gobierno por parte de Citgo, la filial estadounidense de PDVSA.
Desde marzo, el presidente del Congreso y otros dirigentes opositores impulsaron una serie de protestas antigubernamentales que se extendieron por cuatro meses y que dejaron al menos 123 muertos, casi 2.000 heridos y unos 1.000 detenidos.Fuente: Agencias
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