El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, afín al gobierno, destituyó y condenó a un alcalde opositor mientras la ONU dijo que detectó un “uso generalizado y sistemático” de la fuerza, detenciones arbitrarias y otras violaciones de los derechos de los manifestantes en las protestas de los últimos meses que han dejado al menos 126 muertos.
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Tras una audiencia de varias horas, el Tribunal Supremo acordó en la madrugada remover y condenar a 15 meses de cárcel al alcalde opositor del municipio capitalino de Chacao, Ramón Muchacho, por desacatar una sentencia que lo obligaba a desbloquear las vías que mantenían cerradas los manifestantes. El máximo tribunal también ordenó la detención de Muchacho, cuyo paradero se desconoce, y tramitar una orden de arresto internacional. Chacao es un bastión de la oposición y fue epicentro de las protestas antigubernamentales de los últimos cuatro meses.
Con Muchacho son cuatro los alcaldes opositores que han sido destituidos y condenados a prisión en menos de un mes por la Corte Suprema de Venezuela. “Se nos condena por hacer nuestro trabajo, por garantizar el legítimo derecho a la protesta pacífica”, dijo Muchacho, dirigente del partido opositor Primero Justicia en su cuenta de Twitter y agregó que las próximas horas “serán difíciles para mí y mis comunicaciones estarán limitadas”. “No nos van a doblegar”, agregó el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges, al condenar la sentencia contra Muchacho. En tanto, la Asamblea Constituyente -controlada por el oficialismo- inició su tercera sesión desde el hemiciclo protocolar del Palacio Legislativo que había sido tomado la víspera por la presidenta de ese cuerpo, Delcy Rodríguez, acompañada de oficialistas y guardias nacionales, acción que fue condenada por el Congreso que la consideró un “asalto”. Entre retratos del Libertador Simón Bolívar y del fallecido presidente Hugo Chávez y acompañados del ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, y otros miembros del alto mando militar, los constituyentes condenaron el asalto que se registró el domingo en un fuerte militar del centro del país donde fue hurtado un lote de armas. Mientras la Constituyente sesionaba los ministros de Relaciones Exteriores de 15 países de América debatían en el Perú una respuesta regional a la crisis de Venezuela. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó el encuentro y dijo que era una “conjura” de grupos de países, a los que identificó como “mini OEA's”, para darle el “piso político al imperialismo norteamericano para seguir agrediendo” a su país. A pesar de las crecientes críticas internacionales Maduro se ha mantenido firme en su presión para que la Constituyente siga adelante y convocó para el martes en Caracas una reunión especial de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, una coalición de izquierda integrada por 11 naciones latinoamericanas. La nueva Asamblea Constituyente ha dejado claro que actuará con rapidez siguiendo las órdenes de Maduro tras sustituir el sábado a la fiscal general Luisa Ortega Díaz por Tarek William Saab, una figura leal al gobierno, y crear una Comisión de la Verdad que tendrá un poder inusual para procesar casos e imponer sentencias. Ortega Díaz condenó el martes el deceso de un joven que habría sido asesinado la víspera por supuestos miembros de la Guardia Nacional en el estado central de Lara. La fiscal removida cuestionó en su cuenta de Twitter el silencio del Ministerio Público sobre la muerte del manifestante y dijo que esa es la “nueva línea de los que asaltaron la institución, silenciar y ocultar” la violación de los derechos humanos. Fuente: APMÁS NOTICIAS DEL MUNDO EN...
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