Caracas [DPA]
La esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, denunció hoy que el líder opositor venezolano fue puesto en aislamiento en la prisión militar en la que está recluido desde febrero y que las autoridades planean trasladarlo a una cárcel con presos comunes.
Tintori dijo que no se le permitió ver a López en la cárcel militar de Ramo Verde, en la ciudad de Los Teques, a donde acudió a visitarlo junto a sus dos pequeños hijos, y que le informaron que sería enviado a otra prisión.
Señaló que el traslado debe ser autorizado por el tribunal a cargo y que este sábado no hubo actividad en el juzgado, por lo que sostuvo que el cambio sería ilegal. Agregó que los mandos de la prisión dijeron que sancionarían a López por unas fotografías en las que mostraba un cartel en el que recuerda que la ONU pidió su liberación.
“La jueza tampoco se ha pronunciado por la liberación inmediata que pidió el alto comisionado de los derecho humanos de la ONU. Nos informaron que van a trasladar a Leopoldo y no hay traslado sin orden judicial”, dijo en una rueda de prensa.
Agregó que López y el alcalde destituido de la ciudad de San Cristóbal, Daniel Ceballos, llamaron a otros presos a realizar una protesta interna golpeando los barrotes de sus celdas, lo que provocó la reacción de las autoridades.
“La jueza Susana Barreiro debe responder la decisión de la ONU”, dijo Tintori, quien fue recibida esta semana por el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, y esa reunión causó la molestia del gobierno de Caracas.
“Rajoy está alarmado por la situación de Venezuela, sé que muchos gobiernos tienen la lupa sobre Venezuela. No nos sorprendió la respuesta del presidente Nicolas Maduro, nosotros no estamos viviendo en democracia. Cualquier líder que se pronuncie fuera de Venezuela será atacado por Maduro”, señaló.
Maduro ordenó revisar las relaciones con España después de la reunión de Tintori y Rajoy, quien expresó su preocupación por la detención de López, encausado por instigación a la violencia en las protestas que estallaron en febrero contra el gobierno.
El grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU sugirió la liberación de López, después de una investigación sobre su detención, a lo que el gobierno respondió que esa exhortación no es vinculante y que irrespeta las decisiones soberanas de los órganos de justicia venezolanos.
López está sometido a juicio por varios cargos, incluyendo instigación a la violencia en las protestas contra el gobierno, que prevén una pena de hasta 10 años de cárcel.