Es uno de los líderes más poderosos del Gobierno Venezolano, un hombre de mano dura que ha reprimido protestas, ha enfrentado a rebeldes y ha sido una presencia constante al lado de Nicolás Maduro, el presidente autoritario del país.
Pero durante años, Tareck El Aissami, uno de los confidentes más cercanos de Maduro, también ha sido objeto de amplias investigaciones por parte del servicio venezolano de inteligencia sobre sus vínculos con el submundo criminal.
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Según un archivo secreto recopilado por agentes venezolanos, El Aissami y sus familiares han ayudado a colar a militantes de Hezbolá en el país, han hecho negocios con un narcotraficante y han resguardado 140 toneladas de químicos que se cree fueron usados para la producción de cocaína, lo que ha contribuido a convertirlo en un hombre rico mientras el país se ha sumido en el caos.
Venezuela, cuya economía está destrozada y su población pasa hambre, se encuentra en medio de una lucha desesperada por el control del país. Los líderes opositores están llamando a un levantamiento mientras que las autoridades civiles y militares del chavismo se aferran al poder, y se han presentado unidos en lo que se considera como una demostración de fuerza contra las recientes protestas callejeras.
Pero los documentos ofrecen una rara oportunidad para ver cuán fragmentados y nerviosos se han vuelto los servicios de seguridad de la nación, particularmente sobre la corrupción en los niveles más altos del gobierno.
El Aissami, ex vicepresidente que ahora es ministro de Industrias y Producción Nacional del gobierno de Maduro, ha estado durante mucho tiempo en la mira de las autoridades estadounidenses. Fue imputado en marzo en una corte federal en Manhattan y hace dos años el Departamento del Tesoro lo sancionó después de investigar las acusaciones en su contra por trabajar con narcotraficantes.
Él y Maduro han desestimado las acusaciones, que atribuyen a una guerra propagandística establecida por el gobierno de Donald Trump para tumbar al Gobierno Venezolano.
Sin embargo, la propia agencia de inteligencia venezolana —que El Aissami alguna vez dirigió— ha alertado incluso en más casos sobre El Aissami y su familia desde hace más de una década y recopiló esas alertas en un archivo de documentos, hallazgos de investigaciones y transcripciones de entrevistas con narcotraficantes.
El archivo, entregado a The New York Times por un ex oficial venezolano de inteligencia de alto rango y cuyos contenidos fueron confirmados de manera independiente por otro ex oficial, narra testimonios de informantes que acusan a El Aissami y a su padre de reclutar a miembros de Hezbolá para expandir el espionaje y las redes de narcotráfico en la región.
Hezbolá es considerada una organización terrorista por Estados Unidos y funcionarios estadounidenses dijeron que desde hace tiempo tiene presencia en América del Sur, donde ha ayudado a lavar dinero del narcotráfico. En el 2008, el Departamento del Tesoro sancionó a otro diplomático venezolano tras acusarlo de recaudar fondos para Hezbolá y de ayudar a sus integrantes a viajar hacia Venezuela.
De acuerdo con el expediente, El Aissami y su padre, Carlos Zaidan El Aissami —un migrante sirio que alguna vez trabajó con Hezbolá durante sus visitas a su país natal—, buscaron cómo introducir a Hezbolá en Venezuela.
Los informantes les dijeron a agentes de inteligencia que el padre de El Aissami estaba involucrado en un plan para capacitar a miembros de Hezbolá en Venezuela “con miras a expandir las redes de inteligencia en toda América Latina y al mismo tiempo trabajar en narcotráfico”, según los documentos.
Esa información indica que El Aissami ayudó a impulsar ese plan al utilizar su autoridad sobre los permisos de residencia para emitir documentos oficiales a militantes de Hezbolá, permitiéndoles quedarse en el país.
El archivo no especifica si Hezbolá logró establecer su red de inteligencia o rutas de drogas en Venezuela. Pero sí menciona que miembros de esa organización se establecieron en Venezuela con la ayuda de El Aissami.
El ex vicepresidente y ministro también colaboró con el mundo criminal de otras maneras: los documentos afirman que su hermano, Feraz, hizo negocios con el narcotraficante más célebre de Venezuela, Walid “el Turco” Makled, y que tenía casi 45 millones de dólares guardados en cuentas bancarias suizas.
Los documentos también muestran que El Aissami tenía vínculos con el narcotraficante, al señalar que emitió grandes contratos públicos a una empresa vinculada a Makled.
Según el archivo, mientras el país se dirigía a un colapso económico que forzó a millones de personas a huir de Venezuela y que ha causado una grave escasez de alimentos y medicinas, El Aissami se volvió un hombre rico.
Los documentos muestran que El Aissami —con ayuda de un testaferro que es blanco de sanciones económicas estadounidenses— compró un banco en Estados Unidos, parte de una constructora, una participación accionaria en un centro comercial panameño, tierras pensadas para un complejo turístico de lujo y varios proyectos inmobiliarios en Venezuela, incluyendo una “mansión millonaria” para sus padres.
El Aissami no respondió a nuestras solicitudes por escrito para una entrevista y en Venezuela no ha sido acusado formalmente por cargos de narcotráfico ni corrupción.
Pero el 8 de marzo, Estados Unidos anunció su imputación contra El Aissami, lo que lo convierte en el segundo miembro del gabinete de Maduro acusado por narcotráfico.
Néstor Reverol, actual ministro del Interior, también está imputado. Y dos sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, fueron condenados en el 2017 a penas de dieciocho años en una prisión estadounidense por intentar traficar 800 kilogramos de cocaína.
El gobierno estadounidense dijo que El Aissami estaba muy involucrado con narcóticos cuando fue sancionado en el 2017, por lo que congelaron sus bienes junto con los de su presunto testaferro, Samark López. Se dijo que el funcionario supervisaba o en parte era dueño de envíos de drogas de más de una tonelada, que administraba una red internacional de negocios para lavar el dinero obtenido de la venta de narcóticos y que se alió con Makled, el narcotraficante.
Sin embargo, los fiscales estadounidenses nunca revelaron las pruebas para su imputación.
Los memorandos del servicio de inteligencia venezolano que fueron revisados por The New York Times ofrecen los detalles más precisos, hasta ahora, sobre cómo una de las familias más poderosas de ese país construyó un imperio, al reconstruir una saga familiar que se extiende de Siria a Venezuela y del submundo de las drogas al círculo presidencial.
Una de las pistas condujo a un camino solitario cerca de la frontera de Venezuela con Brasil.
Un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana que fue entrevistado sobre una redada del 2004 les dijo a los procuradores que había una serie de “almacenes en estado de decadencia, que lucían abandonados”. Pero los sitios no estaban vacíos.
Estaban siendo usados para almacenar químicos, incluyendo 140 toneladas métricas de urea, un precursor que se utiliza para hacer cocaína, según los documentos.
La urea es una sustancia de venta controlada en Venezuela y los documentos indican que los dueños de los almacenes no tenían cómo presentar las licencias para la compra. Un investigador policial les dijo a los procuradores que la urea supuestamente fue vendida para ser usada como fertilizante, pero esa explicación era sospechosa porque no hay actividades agrícolas en la región.
Y luego apareció el dueño de los químicos: Makled.
La redada fue el principio del fin para el narcotraficante venezolano, que Estados Unidos quiere extraditar. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) empezó a consolidar los casos en contra de Makled por traficar drogas con ayuda de funcionarios de alto nivel. Makled fue capturado seis años después y en 2015 lo sentenciaron a catorce años de prisión en Venezuela por tráfico de drogas y lavado de dinero.
Pero aparentemente pasaron por alto a otro hombre clave en el caso: Haisam Alaisami, otro familiar de El Aissami y quien les dijo a los procuradores que era el representante legal de Makled Investments, la compañía del Turco. Dos personas que conocen a la familia identificaron a Alaisami como primo directo de Tareck El Aissami.
Alaisami no pudo dar más información sobre los posibles compradores de la urea y los investigadores derivaron el caso a la división de narcóticos de la agencia de criminalística y forense por “sospecha de contrabando”, según los documentos policiales que son parte del archivo.
Ni Makled ni Alaisami respondieron a solicitudes escritas para que hicieran declaraciones.
Alaisami tenía un familiar poderoso con El Aissami, quien se crió con él en Venezuela y con otros integrantes del clan que habían llegado desde Siria.
A medida que la investigación se fue moviendo por agencias estatales, El Aissami empezó a ascender en los círculos políticos de la izquierda de su país. Pasó de ser cercano al hermano del fallecido Hugo Chávez a ser legislador del Partido Socialista Unido de Venezuela y, en 2008, fue el ministro del Interior.
Ese año, una empresa subsidiaria de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) intervino en el caso: escribió una carta que decía que podía justificar los químicos encontrados en los almacenes.
En ese entonces no se presentaron cargos contra Makled ni Alaisami. Los documentos de los procuradores parecen mostrar que la urea incluso fue devuelta a Makled, quien aceleró su negocio de tráfico de drogas en Venezuela y en Colombia.
Otras ramas de la familia de El Aissami también buscaban hacer negocios con Makled.
En algún momento antes de 2010, Makled fue buscado por el hermano de El Aissami, Feraz, para que diera una suma considerable de dinero a una compañía de importaciones basada en Panamá, según el informe de inteligencia. El dinero sería usado para adquirir un tanque petrolero para usarlo como parte de un contrato con PDVSA.
Los hermanos El Aissami parecen haber estado muy involucrados en ese emprendimiento, según el informe. Feraz y un socio de negocios eran la imagen pública de la empresa mientras que Tareck, quien era ministro del Interior en ese entonces, firmó contratos públicos lucrativos con la empresa; entre ellos, uno que fue otorgado sin licitación para dar suministros al sistema carcelario de Venezuela, según el informe de inteligencia.
Hubo otro hombre que generó sospechas respecto a la empresa de importaciones: López, el hombre que según los funcionarios estadounidenses actuó como testaferro de El Aissami en la red de tráfico de drogas.
El informe también incluye recibos bancarios de HSBC para cuentas vinculadas a Feraz, el hermano de El Aissami, por casi 45 millones de dólares; un dinero que el informe vincula a Makled, el narcotraficante.
HSBC cerró las cuentas de Feraz después de que Makled fuera arrestado por cargos de tráfico de drogas, de acuerdo con los documentos de inteligencia.
El archivo concluye con testimonios de informantes sobre los vínculos de la familia con Hezbolá, al detallar esfuerzos para reclutar a militantes que iban a establecer una red de tráfico de información y de drogas por América Latina.
Una de las fuentes para esa información fue el mismo Makled, quien describió cómo El Aissami estaba involucrado en el plan, según un memorando de inteligencia.
Esa no es la única vez que El Aissami fue acusado de ayudar a Hezbolá o a Makled. Funcionarios estadounidenses, y algunos venezolanos, han hecho afirmaciones similares, aunque El Aissami ha negado tener vínculos con grupos militantes en el pasado, a pesar de los reportes periodísticos.
Pero los oficiales de inteligencia venezolanos sentían que tenían evidencia de lo contrario. El archivo termina con referencias a fotografías de personas que “pertenecen al grupo terrorista mencionado”.
© “The New York Times”
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