En marzo, Sudán del Sur recibió su primer lote de vacunas contra el COVID-19. Si bien esa es una buena noticia, llegó casi cuatro meses después de que se administraron las primeras dosis en el Reino Unido, lo que destaca las grandes disparidades en la distribución mundial de vacunas. Si estas brechas no se reducen pronto, con organismos internacionales que lideran un lanzamiento global de vacunas transparente y equitativo, toda la respuesta a la pandemia se verá comprometida.
Sudán del Sur recibió sus dosis gracias a la instalación COVAX. Instituciones como la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y Unicef han apoyado estos esfuerzos.
Pero los países ricos están obstaculizando el progreso al seguir acumulando suministros. En los Estados Unidos se administran más de 2,1 millones de dosis por día; Sudán del Sur ha administrado alrededor de 1.000 vacunas en total. En general, los residentes de países de ingresos altos y medianos han recibido el 83% de las 1.200 millones de dosis de vacunas administradas hasta ahora.
De hecho, la combinación de prohibiciones de exportación, acaparamiento y escasez de suministro ha significado que COVAX hasta ahora haya logrado entregar solo una de cada cinco de las dosis de Oxford-AstraZeneca que se suponía que llegarían a los países a fines de este mes. A este ritmo, las economías avanzadas podrán vacunar a toda su población incluso antes de que muchos países de bajos ingresos comiencen a lanzar la vacuna.
Para acelerar el progreso, los bancos internacionales de desarrollo han comprometido fondos considerables para ayudar a los países pobres a comprar y distribuir vacunas, pruebas y tratamientos. Solo el Banco Mundial se ha comprometido a contribuir con US$12.000 millones. Pero los detalles de su compromiso se están perdiendo, lo que aumenta el riesgo de que este dinero tan necesario se desperdicie por falta de escrutinio.
Para empezar, el Banco Mundial aún tiene que aclarar cómo utilizará su poder de mercado para garantizar que las dosis sigan siendo asequibles. Pero a medida que los productores de vacunas como Johnson & Johnson se alejan de sus promesas de hacer que las vacunas estén disponibles sin fines de lucro, dicha intervención se está volviendo urgente. Las tres empresas farmacéuticas estadounidenses con vacunas aprobadas, Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, ya han compartido con los inversores los planes para aumentar los precios de las vacunas en un futuro próximo. Al poner a disposición US$ 12.000 millones para la adquisición y el despliegue de vacunas, no está claro qué pasos está tomando el Banco Mundial para hacer que los fabricantes de vacunas compartan la tecnología y los conocimientos para aumentar la producción mundial.
Además, el Banco Mundial todavía está luchando por explicar cómo planea garantizar que sus gastos sean transparentes o asegurarse de que los países cumplan con los planes para llevar las vacunas a las poblaciones prioritarias. Como bien sabe el Banco Mundial, el diseño deficiente del programa y la implementación de vacunas defectuosa pueden generar costos exorbitantes y resultados injustos.
La transparencia es vital para limitar tales comportamientos, pero el Banco Mundial puede estar preparándose para más de lo mismo: recientemente aprobó un proyecto en Etiopía, donde saltarse la cola es un riesgo conocido. También ha aprobado un proyecto en Túnez, donde el escepticismo sobre las vacunas y los esfuerzos de desinformación son importantes.
Estos proyectos se están diseñando a gran velocidad. Sin embargo, con demasiada frecuencia, los equipos del Banco Mundial están desarrollando estos programas de vacunas sin la participación de todas las partes interesadas esenciales. Si los grupos en riesgo de ser excluidos de los lanzamientos de vacunas no participan en el diseño y el seguimiento del proyecto, será mucho más probable que se queden atrás.
Dichos grupos incluyen refugiados, prisioneros y personas que viven en barrios marginales y otras condiciones de hacinamiento. Las minorías perseguidas también corren un alto riesgo de ser ignorados. Y la coordinación en zonas de conflicto, como en Siria, puede representar un desafío, ya que los gobiernos podrían incluso ignorar a las personas en estos territorios.
Los programas de vacunación en los países deben incluir protecciones claras para los grupos más vulnerables, y el Banco Mundial debe utilizar su influencia para prevenir la discriminación en la implementación de sus proyectos. Cualquier financiamiento para vacunas debe depender de su distribución justa y segura. Además, debe haber supervisión y seguimiento de estos proyectos, como lo instó recientemente el propio directorio del Banco.
Para que esto funcione, el Banco Mundial debe comprometerse directamente con los grupos marginados. Sus perspectivas son esenciales para determinar la mejor manera de gastar los fondos prometidos y garantizar la rendición de cuentas.
El lanzamiento mundial de la vacuna es una prueba crítica para una institución cuya misión declarada es “poner fin a la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida”. Afortunadamente, hay motivos para esperar que el Banco Mundial apruebe. Su presidente, David Malpass, ha calificado la crisis del COVID-19 como una “pandemia de desigualdad”, y una de sus señas de identidad es el acceso desigual a las vacunas.
Pero simplemente arrojar dinero al problema no será suficiente para resolverlo. Solo una estrategia transparente, inclusiva y bien diseñada, que proteja explícitamente los intereses de los más vulnerables, y les brinde una forma de hacer sonar la alarma cuando las cosas van mal, puede hacer eso. Eso sería dinero bien gastado.
–Glosado y editado–