Desde un inicio, el nuevo gobierno boliviano presidido por Jeanine Áñez mantuvo una tensa relación con México. La otrora oposición boliviana (sobre todo los sectores más radicales que hoy tienen el poder en el país altiplánico) ha sido muy crítica respecto al asilo otorgado a Evo Morales y las facilidades que ha tenido el expresidente boliviano para referirse desde tierras aztecas a la crisis en su país y cuestionar al régimen de turno.
Ciertamente, el artículo VII de la Convención sobre Asilo Territorial de 1954 admite que Morales, en su calidad de asilado, se exprese con libertad. No deben confundirse las reglas del asilo territorial con las reglas de asilo diplomático (estas últimas impiden al asilado “intervenir en la política interna del Estado territorial”). Sin embargo, más allá del aspecto jurídico, no resulta “políticamente correcto” que un expresidente asilado utilice al Estado asilante como plataforma política. En el poco tiempo que estuvo Morales en México, esto se dio de forma permanente.
Además, los cuestionamientos bolivianos también afirman la existencia de una grabación de Morales pidiéndole a un dirigente cocalero el bloqueo de las ciudades: la Convención sobre Asilo Territorial permite la libertad de expresión del asilado, pero no que “se incite al empleo de la fuerza o de la violencia”. Si bien esto deberá esclarecerse en la vía judicial –es más, Morales ya cuenta con una orden de detención por supuestos delitos de sedición y terrorismo (algo exagerados, por cierto)–, por tratarse de una conversación privada no corroborada, al Gobierno Mexicano no le corresponde tomar una posición pública al respecto.
La salida de Morales de México y su llegada a Argentina debería haber calmado las aguas en la relación entre ambos países, pero esto no ha sucedido así. México le ha brindado asilo en su sede diplomática a exfuncionarios del gobierno de Morales que son perseguidos por la justicia. A todas luces, más allá de la responsabilidad que puedan tener, existe un componente político que México no puede desconocer. Por ello, aunque para Bolivia se trate de la protección de presuntos criminales –razón por la cual no ha entregado los salvoconductos solicitados para que puedan salir del país–, México está en todo el derecho de brindarles asilo a estas personas, sin ningún cuestionamiento de las nuevas autoridades bolivianas.
Asimismo, el aumento repentino de las fuerzas del orden bolivianas en las sedes diplomáticas de México –además de la revisión de autos oficiales, toma de fotos, uso de drones, entre otros– ha llevado a que el Gobierno Mexicano señale que va a denunciar a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por violar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Con justa razón, el gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador considera lo que viene sucediendo como actos de hostigamiento contra una legación diplomática extranjera. La respuesta del Gobierno Boliviano se centra en un pedido expreso mexicano en noviembre pasado de mayor protección frente a la crisis existente y la posibilidad que se dé, según el propio ministro de Gobierno Boliviano, algún tipo de movilización social que busque tomar la embajada. Probablemente hace un mes esto sería creíble, no en los últimos días.
Finalmente, el recientemente nombrado delegado internacional para explicar la crisis de Bolivia (¿?), el expresidente Jorge Quiroga, se ha referido al mandatario mexicano como “cobarde” y “sinvergüenza”. Resulta difícil de creer que el objetivo de su nombramiento sea el de servir de “fuerza de choque” contra los opositores al gobierno de Áñez en el ámbito externo; en todo caso, es más creíble interpretar estos comentarios como parte de lo que podría ser el inicio de la campaña de Quiroga como el candidato de la derecha boliviana para las próximas elecciones de marzo.
A todas luces, el cuestionado Gobierno Boliviano está enfrentándose con pocas armas jurídicas y mucha carga política a México, uno de los países más importantes de la región. Peor aún, también ha involucrado con poco sustento a España en el problema. Un incidente confuso ha sido interpretado por el gobierno de La Paz como un intento de liberar a los exfuncionarios del gobierno de Morales asilados en la embajada con la ayuda de la diplomacia española. El resultado ha sido la expulsión de diplomáticos de ambos países.
El gobierno de Áñez comete un error. Enfrentarse a países como México y España no es el camino. Se trata de una transición a la cual le queda poco tiempo en el poder; no obstante, parece que no se diera cuenta de ello.