El 2020 fue otro año de avance para el cambio climático. Cada día esta emergencia se acelera, amenazando con ser más devastadora que la pandemia, en particular para Perú, uno de los diez países más susceptibles al impacto climático. Dada esa alta vulnerabilidad y el golpe del COVID-19 para el país, no hay tiempo que perder. El próximo gobierno deberá dar un paso decisivo hacia la recuperación verde, corrigiendo esa trayectoria del desarrollo a expensas de la naturaleza y la vida de millones de personas.
A pesar de las cuarentenas y la paralización de las economías que provocó la pandemia, el 2020 fue uno de los tres años más cálidos de los que hay registro, según el Informe sobre el Estado del Clima Mundial. La deforestación no cesó, provocando que la Amazonía perdiera 2,3 millones de hectáreas –con Brasil, Bolivia y Perú a la cabeza–, de acuerdo a datos del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina.
Ante estas señales de alerta, en el último Informe Global de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advertimos que el progreso de toda la humanidad se detendrá si seguimos presionando a nuestro planeta.
En los próximos cinco años, Perú deberá avanzar en la dirección correcta: la recuperación verde. El costo de no hacerlo e, incluso, flexibilizar las regulaciones ambientales, supondrá un daño irreparable que pondrá en peligro a millones de personas en el país, porque lo que está en juego no solo es el ambiente, sino nuestra propia sobrevivencia.
Las proyecciones nos aproximan a lo que esto significará. Por ejemplo, en los próximos 10 a 15 años es probable que Lima sufra una crisis hídrica que dejaría a la población con 30% menos de agua potable, que en términos económicos implica alrededor 35.000 empleos menos, según un estudio de Aquafondo. En términos sociales, basta recordar que hoy 700.000 personas de los distritos más pobres de la ciudad no cuentan con agua potable, según Sunass.
Perú es uno de los países comprometidos con el Acuerdo de París a reducir sus emisiones de GEI, de tal forma que se eviten los peores impactos del cambio climático. Si el país opta por una recuperación verde, podríamos acercarnos a esa meta con beneficios desde una perspectiva social. Por una parte, habrá menos vidas perdidas debido a eventos climáticos extremos, como el Niño Costero. Por otra, podremos aprovechar mejor los recursos naturales, dando más oportunidades y cerrando desigualdades.
Que Perú elija una recuperación verde es viable y ya se está haciendo. Desde nuestra Promesa Climática, en PNUD apoyamos al Gobierno Peruano a aumentar el nivel de ambición de su compromiso en el Acuerdo de París. Así, en el 2020, anunció que reducirá el 40% de sus emisiones.
Para hacer tangible este ambicioso objetivo, aportamos con soluciones basadas en la naturaleza, adaptadas específicamente a cada territorio. Transformar la neblina de Lima en agua o usar la energía solar de los Andes para regar pastos que alimentan camélidos en la temporada seca son ejemplos de cómo trabajamos con las comunidades para encontrar en la naturaleza esas respuestas. Además, elegimos a Perú como uno los cinco países para mapear las Áreas Esenciales de Soporte a la Vida, que albergan biodiversidad clave para el bienestar humano y serán indispensables para recuperarse.
Todos estos esfuerzos deben guiar la ruta de la recuperación de Perú que liderará el nuevo gobierno, poniendo a la emergencia climática como prioridad. El alto y doloroso costo que dejaría el no hacerlo, o no hacer lo suficiente, es algo que no puede permitirse el país. Hoy el COVID-19 nos está dando la posibilidad y la responsabilidad de recuperarnos con, y no contra, la naturaleza. Un equilibrio donde los territorios sean gestionados de manera sostenible en beneficio de todas y todos.