¿Voucher o gestión?
María Isabel León
“La propuesta podría desfinanciar la educación pública y perjudicar al erario nacional”.
En el país existen más de 65 mil colegios (53 mil públicos y 12 mil privados) que albergan a casi 8,5 millones de niños. La educación estatal atiende al 80% de ellos. Al 2022, la brecha en infraestructura educativa bordeaba los S/100 mil millones. El rendimiento de estudiantes del sector estatal, de acuerdo con la Evaluación Muestral Anual 2022, se ubica por debajo incluso de los colegios privados “de bajo costo”. Un panorama desolador para la formación del futuro capital humano y en que el Estado invierte más del 19% del presupuesto público anual. Ello ha generado el proyecto de ley del congresista Alejandro Cavero que propone otorgar a los padres de familia la decisión directa de recibir y utilizar el dinero asignado por el Estado para la educación de sus hijos a través de un “voucher educativo” con el que puedan pagar mensualmente el colegio privado de su elección, bajo ciertas condiciones y reglas.
Suena muy auspicioso imaginar esta posibilidad de libre elección, pero lo cierto es que la propuesta puede traer bajo el brazo el “riesgo oculto” de desfinanciar peligrosamente la educación pública y terminar perjudicando el erario nacional, subvencionando a personas que no son pobres y que no necesitan esta ayuda. Pretender que estudiantes del sector público migren al sector privado a través de la asignación de vouchers significaría un mayor egreso de recursos públicos, pues desinflar, por ejemplo, un aula estatal de 50 alumnos y dejarla con 20, después de la migración de la diferencia de alumnos a colegios privados bajo la utilización del voucher, generaría el mismo gasto estatal para sostener el aula despoblada que si estuviera llena. Se requeriría el mismo número de docentes para atender a 50 o 20 estudiantes dentro del mismo salón. ¿Cómo haríamos para “embutir” a 6,5 millones de niños provenientes de 53 mil locales estatales en 12 mil privados y poblados ya por casi dos millones de estudiantes? La norma propuesta señala que los colegios privados “elegibles” para el uso de este voucher deberán tener cinco años de experiencia previa, por lo que ni la construcción de establecimientos nuevos solucionaría la atención oportuna de los miles de migrantes con voucher en mano.
Más bien, la propuesta del artículo 7 del mismo texto legal resultaría más razonable, al facilitar convenios entre el sector público y el privado (como el caso de los colegios Fe y Alegría). Con esta medida se podrían ir dejando fuera a miles de establecimientos públicos que se caen a pedazos y permitir que sean agentes del sector privado los que brinden el servicio gratuito, financiando infraestructura y gestión pedagógica con el dinero de nuestros impuestos. Sería similar al caso de los hospitales Barton y Kaelin de Essalud; establecimientos públicos en los que se proveen servicios médicos gratuitos a los afiliados bajo la administración de una organización privada más eficiente, productiva y que garantiza médicos directamente contratados y mantenimiento de infraestructura hospitalaria oportuna. Esto no significa “privatizar” los servicios públicos, por cierto, sino garantizar una atención de calidad.
Esta prioridad de atender el servicio estatal gratuito a través de un agente privado, bajo reglas claras y supervisión, podría librar al Estado del peso enorme de mantener sobre sus hombros el clientelismo de los abultados sindicatos magisteriales y recuperar el interés supremo del alumno como eje central de la atención nacional.
No hay evidencia de que los vouchers funcionen
Carla Gamberini Coz
“El sistema de vouchers ha aumentado la segregación escolar en otros países”.
La idea de los vouchers educativos no es nueva. Desde los 80 se ha implementado en varios países y no existe evidencia que pruebe que logran acceso a educación de calidad.
El sistema de vouchers consiste en entregar a las familias dinero del Estado para inscribir a sus hijas e hijos en escuelas de administración privada y/o entregar subsidios del Estado a estas escuelas de acuerdo con la demanda de estudiantes. Chile y EE.UU. han sido los casos más estudiados para evaluar la eficacia del sistema y se han encontrado tres problemas.
Primero, los vouchers no impactan en mejoras significativas de aprendizaje de estudiantes. Canroy (Stanford) investigó 25 años de implementación de vouchers en EE.UU. y encontró que los estudiantes que los reciben no alcanzaron mejores resultados en las pruebas nacionales. Al contrario, en Milwaukee (una de las ciudades con mayor presencia de vouchers), los estudiantes afroamericanos de 13 distritos (que representan el 70% de receptores de vouchers) calificaron últimos en comprensión lectora y penúltimos en matemáticas a nivel nacional. En el caso de Chile, Bos y Vegas (BID) estudiaron los resultados de las pruebas durante cinco años y demostraron que el incremento de aprendizajes no se debió al cambio de estudiantes de escuelas públicas a escuelas subvencionadas, sino al incremento en el soporte a las escuelas y en las exigencias de rendición de cuentas.
Segundo, el sistema de vouchers ha aumentado la segregación escolar. Estudios en varios países (Ballarin, Grade) demuestran que la competencia entre las escuelas de administración privada por ganar mayores subsidios del Estado las lleva a “filtrar” a estudiantes de menor rendimiento. Es decir, buscan quedarse solo con estudiantes con mayores “aptitudes para aprender” para recibir mayor financiamiento. En contraste, los estudiantes de menor rendimiento (los más vulnerables) se quedan concentrados en escuelas de baja calidad que son las que reciben menos subsidios porque tienen resultados más bajos y menor demanda. Así, los vouchers se convierten en incentivos perversos que perjudican a los más vulnerables y aumentan la segregación escolar. En nuestro país, donde esta última ya es alta, un sistema así solo incrementará el problema.
Tercero, la falta de rendición de cuentas ha posibilitado la malversación de los subsidios. Cuando el dinero de los contribuyentes va a las escuelas públicas, existen mecanismos de control sobre su uso. Pero esos mecanismos no se aplican en las escuelas privadas; por lo tanto, estas no rinden cuentas sobre cómo gastan el dinero. Por ejemplo, en EE.UU. se han reportado directores que hacen fraude al Estado con vouchers cobrados por estudiantes que no asisten a sus escuelas o usando el dinero para compras personales.
Ahora bien, si los vouchers no funcionan, ¿qué hacemos? Es urgente salir de la crisis educativa que vivimos. La respuesta es invertir en soluciones como el fortalecimiento y la evaluación docente; la remediación de aprendizajes mediante tutorías y tecnología adaptativa; más acceso a educación inicial; programas que atiendan la salud de estudiantes, entre otros. Estas soluciones, que fortalecen a la escuela pública, sí cuentan con evidencia de impactar positivamente en el acceso a educación de calidad para todas y todos.